Nuevas protestas y enfrentamientos se producían este fin de semana en Nicaragua al cumplirse un mes de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que computan hasta ahora más de 60 muertos, según organismos, y cerca de 20 según el gobierno. A su vez se iniciaba la sesión del diálogo nacional con la presencia de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con mediación de la iglesia católica.
La primera reunión se realizó el viernes sin el presidente Ortega. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, anunció que la delegación oficial la encabeza el canciller Denis Moncada y la integran funcionarios del gabinete económico, sindicalistas y autoridades universitarias.
«Tenemos un equipo de lujo, de mucha ponderación y mucha sensatez», dijo Murillo e instó a «dialogar con respeto (para) encontrar todos juntos» la salida a la crisis, porque «el ruido no nos hace fuertes».
«Queremos la paz, basta de odio», exclamó tras reseñar «los grandes logros» de Ortega desde su llegada al poder en 2007, entre los que citó proyectos de salud, de créditos y carreteras, y que «ha sido ejemplo de vida y entrega al bienestar de ese pueblo», saliendo al cruce al reclamo de varios sectores que durante la instalación del diálogo exigieron la dimisión inmediata del presidente.
La reunión se realizó a puertas cerradas y sin acceso de la prensa, a diferencia del pasado miércoles, cuando se instaló la mesa.
Frente al Seminario Nuestra Señora de Fátima donde se realizan las reuniones se congregaron también decenas de personas con retratos de jóvenes fallecidos durante las protestas, sofocadas con violencia por la Policía y paramilitares. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, demandaron «justicia» y «alto a la represión».
En esta primera sesión de trabajo, deberán consensuar una agenda, en la que los sectores de oposición incluyen «justicia», «seguridad» y «democratización.
El diálogo, con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), entre el gobierno, empresarios, estudiantes y representantes de la sociedad civil, tendrá un mes de plazo, según lo establecieron los prelados antes de iniciarse este proceso.
La crisis inició el 17 de abril pasado con una protesta de sectores empresarios contra una reforma al Seguro Social, que aumentaba las cuotas de empresas y trabajadores, a la que se sumó la comunidad estudiantil. Pese a que la medida fue anulada, se profundizó la crisis tras la represión de policías y acción de supuestos paramilitares contra los civiles. «
