La represión dirigida a los trabajadores: la responsabilidad empresaria en el juicio de los Pozos

En la octava audiencia del juicio por delitos cometidos en los Pozos de Banfield y Quilmes y en El Infierno, declaró la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo sobre el rol de las empresas en el terrorismo de Estado.

(Foto: Telam)
16 de diciembre de 2020

Este martes se realizó la octava jornada del juicio contra 19 represores por los crímenes cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno de Avellaneda con la declaración como testigo de contexto de la historiadora Victoria Basualdo para dar cuenta de la responsabilidad empresarial en el proceso represivo y su incidencia en casos de la causa.

El testimonio de la historiadora e investigadora del Conicet fue propuesto por la querella para explicar la responsabilidad empresarial en el genocidio y, específicamente, lo que sucedió en las compañías Mercedes Benz, en su planta de González Catán; Saiar, en Quilmes; Molinos Río de la Plata, en Avellaneda; Astillero Río Santiago, en Ensenada y Peugeot, en la localidad de Berazategui.

"Hubo articulación militar-empresarial", afirmó Basualdo y destacó que hubo “casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos".

“Distintos sectores empresariales tuvieron conexión con las fuerzas armadas y facilitaron la tarea en el rastreo del proceso de organización sindical”, advirtió.

En ese sentido, se refirió a la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, un trabajo elaborado por el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina).

La investigación repasa el accionar de 25 empresas en las que casi 900 trabajadores fueron víctimas de terrorismo de Estado y que permitió establecer que un 88% de los secuestros de trabajadores se dio en sus lugares de trabajo y que el 76% de las empresas entregó información privada de los trabajadores y listas de delegados a fuerzas represivas.

Además, estableció en un 52% había presencia de cuadros empresariales en detenciones, secuestros y torturas; el 48% hizo aportes económicos a las fuerzas represivas; un 36% realizó pedidos de detención de trabajadores y un 32% de los secuestros de trabajadores se dio cuando se trasladaban de la fábrica a sus casas.

Basualdo se refirió a los secuestros de dos trabajadores en Mercedes Benz que son víctimas en esta causa: esteban Alfredo Reimer y Víctor Hugo Ventura. Ambos tenían militancia gremial dentro de la planta automotriz, fueron secuestrados en enero del 77, llevados a El Infierno y están desaparecidos.

En el marco del juicio por los delitos cometidos en Mercedes Benz, que se inició el 24 de abril de 2019, se investiga el rol de la multinacional en los delitos contra al menos veinte trabajadores, quince  de los cuales continúan desaparecidos.

En el caso de Molinos Rio de La Plata “se vivía un clima represivo agobiante, muchos trabajadores eran secuestrados y eran golpeados y amedrentaros en el interior de la planta y eran cuestionados por su participación sindical en la planta”, contó. En ese contexto, recordó un operativo producido el 7 de julio 1976, en donde varios integrantes de las fuerzas armadas ingresaron a la fábrica secuestrando a un grupo de 27 trabajadores previamente señalados en listas proporcionadas por la empresa. Dentro de ese grupo estaban Alfredo Emilio Patiño y Carlos Guillermo Roble, junto a su esposa María Concepción Espinosa, víctimas de este juicio.

“Es un caso de involucramiento empresarial, en este caso de una empresa estatal controlada por la marina, un caso brutal, extremo", remarcó al referirse al caso del Astillero Rio Santiago, el cual se caracterizó por un movimiento sindical activo donde 70 trabajadores fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Basualdo recordó que Miguel Angel Soria, quien estuvo cautivo en el Centro Clandestino El Infierno, fue secuestrado el 1 de junio del 76 y aún se encuentra desaparecido, y Alberto Derman, secuestrado el 6 de diciembre del 77, estuvo cautivo en el pozo de Quilmes y luego fue liberado.

En este sentido, atribuyó los hechos represivos, en el contexto que demuestra que desde mediados de 1975 la empresa operó como una unidad operativa más de la represión, con una militarización impresionante de la fábrica, con secuestros en la puerta de ingreso y existencia de detenidos en la planta.

En la automotriz Peugeot hubo al menos 9 operarios desaparecidos en esta causa. Basualdo recordó que a partir de 1976 comenzaron protestas por el derrumbe del salario real y la pérdida de derechos laborales. La protesta fue contestada por la patronal con persecución hacia quienes reclamaban por sus derechos laborales, Enzo Vicente Fiore, José Guillermo Suárez y Jorge Guidi, tres trabajadores desaparecidos de la Fábrica Peugeot entre el 23 y 24 de septiembre de 1977.

En el último caso la historiadora se refirió a los hechos sucedidos en la fábrica de calefactores SAIAR donde al menos doce trabajadores fueron detenidos desaparecidos por las fuerzas de seguridad. Dos de ellos, Luis Jaramillo y Héctor Pérez, continúan desaparecidos secuestrados en octubre de 1976, tras un conflicto con la empresa.

Para entender el proceso represivo hacia los trabajadores la investigadora citó la declaración de Francisco “el barba” Gutiérrez en el juicio por la Verdad en La Plata.

Gutiérrez, ex operario de la fábrica Saiar y secretario general de la seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que fue uno de los detenidos-desaparecidos de la fábrica Saiar.

"A partir del golpe, en la fábrica hubo una política de secuestros. Yo responsabilizo a Saiar y a su gerente general, Martínez Riviere, quien comandaba las requisas diarias a los obreros y que decía que había que terminar con las políticas de equidad social", aseguró Gutiérrez en el testimonio y recordó el caso de Luis Jaramillo: "Martínez Riviere lo llamó a un horario, lo hizo firmar la renuncia, le dio el dinero de la indemnización y, cuando salió de la fábrica, lo secuestraron".

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