La Justicia británica decidirá recién en febrero de 2020 si habilita la extradición a EE UU del creador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange. Esta cuestión meramente burocrática deja en suspenso el futuro del hombre que fue sacado a empellones de la embajada ecuatoriana en Londres luego de que el gobierno de Lenín Moreno le quitara la protección, en abril pasado. Y mantiene el debate sobre el ataque a la libertad de prensa que implica todo el proceso contra Assange, quien enfrenta 18 cargos por un total de 175 años de prisión por haber filtrado cientos de miles de documentos que prueban las atrocidades cometidas por tropas de EE UU en Irak y Afganistán a los diarios más importantes de Occidente. Entre ellos están el The New York Times, el frnacés Le Monde, el español El País, el británico The Guardian y el alemán Bild, poco inclinados a la defensa de su fuente de información en 2010, según se ve.

Assange, detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en las afueras de Londres, padece un régimen de aislamiento total que ya está afectando a su salud, según reveló su abogada, Jennifer Robinson. «Lo visité en prisión, ha perdido mucho peso y vomitaba», dijo a la agencia AFP el cineasta John Pilger.

El tramiterío necesario para cumplir con la decisión del gobierno británico puede implicar que los jueces quieren tomarse su tiempo para enfriar el caso, habida cuenta de las críticas que despierta el proceso contra Assange. El pedido de extradición y el avance de las causas en EE UU, 17 de ellas en el marco de la Ley de Espionaje y una por piratería informática, demuestran que un proceso por violación en Suecia había sido una maniobra para sacarlo del medio mientras se preparaba la artillería contra él por las filtraciones. Hay que recordar que este caso se produjo en 2010, cuando hacía poco que había asumido Barack Obama y con su promesa de sacar a las tropas de las guerras que había desatado George W. Bush alentó a la entonces soldado Chelsea Manning a enviar información encriptada a WikiLeaks, esperando que sirviera para justificar una retirada. La realidad le demostró a todos el error. Manning fue condenada a 35 años de prisión, indultada por Obama días antes de dejar el cargo, vuelta a prisión en febrero pasado y liberada tras la detención de Assange. La habían presionado para que declarara en su contra.

Todo lo que huela a Assange es mala palabra. Lo supo en Quito el ciudadano sueco Ola Bini cuando fue detenido por orden de Moreno, devenido en fiel obediente a los dictados de la Casa Blanca. Bini es un programador y ciberactivista de 36 años que alguna vez había colaborado con Assange. La policía ecuatoriana lo detuvo cuando se preparaba para viajar a Japón. Moreno enfrentaba entonces las críticas por sus presuntas maniobras con empresas offshore y acusó de la difusión de ese escándalo a hackers, entre los que anotó en primer lugar al sueco. «.