Los organismos de derechos humanos anunciaron que recurrirán a “organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos” para advertir que el país está “sometido a un estado de excepción”. A su vez, adelantaron que ya pidieron reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y que este jueves serán recibidos por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea.

Abuelas, Madres Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de detenidos desaparecidos, entre otros organismos, realizaron una conferencia de prensa para denunciar que “a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que está en peligro: inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia”.

Charly Pissoni, de HIJOS, sostuvo que “la situación de  nuestra democracia es alarmante, no se respetan derechos de nuestra constitución, hay violaciones en derechos humanos es constante, la represión cada vez es mayor” y aseguró que a nivel nacional van a solicitar reuniones “con distintos integrantes de la vida política y social argentina” entre los que enumeró a las centrales sindicales, los parlamentarios de distintos partidos políticos de la oposición y del oficialismo, los movimientos sociales y representantes de embajadas. A nivel internacional, recurrián a l ONU, a Amnesty y a miembros del parlamento europeo.

“Vamos a denunciar los casos de gatillo fácil, la represión seguido de muerte de Santiago Maldonado y la represión seguida de asesinato de Rafael Nahuel, la persecución a opositores políticos como Cristina Fernández y militantes de la Tupac Amaur en Jujuy.

En tanto, Lita Boitano, de Familiares, llamó a “poner el cuerpo” y adelantó que nadie se “cansará de luchar”.

En conferencia de prensa, de la que participó Estela de Carlotto de Abuelas y Tati Almeida de Madres, los organismos denunciaron “es innegable que desde hace poco más de dos años estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno. Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial”.

“Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional, incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior. Seguiremos denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera, y territorios habitados por las comunidades originarias. En este sentido seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino”, señalaron.