«Acá hay una ley y hay que cumplirla –dijo el martes Carlos Castagneto, diputado por el Frente para la Victoria y exarquero profesional–. El actual gobierno de Macri, por decisión política, impuso la Superliga y privatizó el Fútbol para Todos. Mientras estemos nosotros en la Cámara, no la vamos a propiciar». En la reunión de la Comisión de Deportes de Diputados, presidida por Daniel Scioli, se debatía la Ley de Derecho de Formación Deportiva, que estableció en 2015 que cuando un jugador firma su primer contrato profesional, lo renueva o es transferido a otro equipo de la Argentina, el club de origen debe recibir el 0,5% por cada año que lo haya formado entre los 9 y los 18, lo que equivale al 5% si lo formó durante toda esa etapa. Los asesores legales de la Superliga, en defensa de los clubes de Primera, pidieron una reforma. Pero lo que primó entre la mayoría de los legisladores fue defender la integridad de la ley. El debate continuará. La AFA, mientras, hace equilibrio: su base mayoritaria se apoya en los clubes de las ligas regionales, que demandan a los poderosos.

La última acción judicial sucedió la semana pasada, cuando Alumni de Casilda demandó a Rosario Central por los derechos de formación del futbolista Damián Musto, que hoy juega en Huesca de España. Le reclama 35 mil dólares, ya que Musto estuvo en el club casildense de mayo de 1997 a marzo de 2004. La cifra corresponde, en concreto, al 3,5% del millón de dólares que Rosario Central le pagó por Musto a Olimpo en 2014. Alumni se apoyó en dos fallos recientes que condenaron a River y a Estudiantes de La Plata a pagarles por los derechos de formación de Nicolás Domingo y Facundo Sánchez a Unión de Totoras y a Bochófilo Bochazo de San Vicente, ambos de Santa Fe. River y Estudiantes apelaron. Los clubes de Primera temen que las demandas caigan como fichas de dominó. Ya hay al menos 17 en la Justicia. Entre otras, contra River, una del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento de Alejo Ledesma de Córdoba por Luciano Lollo, y otra del Club Fernández Álvarez de Mendoza por Marcelo Larrondo. Y contra Boca, una de Lipton Football Club de Corrientes por Leonardo Jara, y otra del Club Atlético Paz de Santa Fe por Santiago Vergini.

La Superliga pretende que los derechos formativos se consideren desde los 12 años, no desde los 9, acorde a las reglas FIFA, y que en lugar de que un club pague cada vez que renueva un contrato, abone una suma fija por el primer contrato. El 18 de septiembre, la Superliga había acudido a la Comisión de Deportes de Diputados con Mariano Elizondo, su CEO, a la cabeza. «Nos fuimos preocupados. Si cambian la ley, desaparece el derecho. Defendemos el método de formación, no el de cooptación. AFA y Superliga se arrogan una discusión que no es del fútbol sino de todos los deportes. La ley lleva ya más de dos años desde su aprobación. Valoriza el trabajo de los clubes del Interior y los de barrio. Pero primero fue ocultada por los grandes clubes y los medios, y luego, cuando salimos a difundirla, negada en su aplicabilidad, tachándola de inconstitucional», dice la diputada santafesina Claudia Giaccone, quien impulsó la Ley de Derecho de Formación Deportiva, la 27.211, junto a la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte y el Movimiento Social del Deporte.

«Esto no es David contra Goliat, no es clubes chicos y pobres contra clubes grandes y ricos», sostiene Marcelo De Luca, dirigente de Estudiantes y asesor legal de la Superliga, y explica: «Estamos tratando de aggiornar algunos parámetros, por lo menos a los clubes directa e indirectamente afiliados a AFA. Vamos a acercar una propuesta para adaptarla, para crear un anexo para el fútbol en la ley, que se refiere a todos los deportes. Hay que instrumentarla y reglamentarla. La idea de acomodarla va con que el reclamo siempre sea de abajo hacia arriba, no al revés». En esos clubes de abajo, los formadores de futbolistas juveniles están atentos. En las reuniones hubo representantes de Unión de Totoras y de Bochófilo Bochazo, que esperan lo que les corresponde.