En El Espinal, departamento de Tolima, a unos 153 kilómetros de Bogotá, hay una madre que maldice el día en que uno de sus hijos decidió viajar a la Argentina. Cristian Mauricio Moreno Garzón, un médico veterinario de 27 años que había llegado al país para realizar un posgrado, está agonizando en una cama del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, consecuencia de una paliza que recibió en la Unidad Penal Psiquiátrica 34, donde había recaído luego de ser detenido durante un brote psicótico. La familia del joven jura que nunca había tenido antecedentes de ese tipo y ya pidió a las autoridades colombianas recursos para estar cerca de él. En tanto, la Comisión por la Memoria (CPM) denunció que “el caso pone en evidencia las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por la justicia provincial y la policía bonaerense que incumplen la ley nacional de salud mental”.

A mitad del año pasado, Moreno Garzón se instaló en La Plata para realizar una especialización en cirugía equina en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. El 13 de diciembre dejaron de recibir noticias suyas en Colombia. Según la reconstrucción de la CPM, por esos días el joven fue aprehendido por efectivos bonaerenses luego de manifestar un cuadro psicótico. “Pese al evidente estado de descompensación que sufría, los agentes policiales lo trasladaron de inmediato a la comisaría 2º de La Plata, en lugar de requerir la intervención de los dispositivos de emergencia en salud”, detalló el organismo.

Al día siguiente, Moreno Garzón fue llevado ante la fiscal de La Plata María Cecilia Corfield, quien le tomó declaración indagatoria sin la presencia de un abogado defensor y consignando en el acta que el joven se había negado a prestar testimonio. Recién a las 48 horas, el estudiante colombiano fue derivado a la guardia de salud mental del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde lo evaluó un equipo interdisciplinario.

Los profesionales concluyeron que el joven se encontraba cursando un “episodio psicótico” y constataron que presentaba “discurso y conducta desorganizada”. Según la CPM, “se indicó un tratamiento farmacológico, sumado a un control conductual estricto y la permanencia en aislamiento del resto de los detenidos hasta garantizar un adecuado seguimiento del equipo de salud”. Pero las prescripciones médicas no fueron tenidas en cuenta y Moreno Garzón fue alojado nuevamente en la comisaría 2ª hasta el 18 de diciembre, día en que, por un cuadro de descompensación, se lo trasladó a la Unidad Penitenciaria Psiquiátrica 34.

Irreversible

En un escueto parte oficial, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó que Moreno Garzón fue agredido por otro detenido en el Área de Sanidad. El posterior examen del joven constató “un traumatismo encéfalo craneano (TEC), con heridas contuso cortantes en rostro, trastornos del nivel de conciencia y un edema bipalpebral”. Actualmente, se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y su cuadro de salud es irreversible.

«Los doctores me han dicho que el estado de mi hijo es crítico. Fue golpeado desde la cabeza hasta los pies”, se lamentó Luz Mariela Garzón en una entrevista con Noticias Caracol. La mujer ya radicó una queja ante la Procuraduría de Colombia y busca recursos para poder trasladarse a la Argentina.

“El connacional Cristian Mauricio Moreno estaba detenido en la unidad psiquiátrica no. 34 de la ciudad de La Plata. Según información obtenida, fue derivado al hospital público el día 20 de diciembre (…) Actualmente se encuentra detenido y enfrentando un proceso judicial por ‘violación de domicilio y amenazas graves’”, expresó el comunicado emitido por la Cancillería de aquel país.

La CPM, que ya hizo presentaciones ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad de la Corte bonaerense y la Procuración General, concluyó que “se advierte la gravedad en la continuidad de detenciones en comisarías de personas con padecimiento mental y la actuación judicial que no cumple con la Ley Nacional de Salud Mental. Estos casos deben abordarse desde una perspectiva de salud y no de peligrosidad, para proteger y no para vulnerar sus derechos”.