A la par de la creciente xenofobia en países del Viejo Continente, alimentada por los recientes ataques terroristas y el auge de expresiones de extrema derecha, como la que acaba de ingresar al Parlamento alemán tras las últimas elecciones, las políticas dirigidas a resolver la crisis de los refugiados se consideran un total fracaso. El pasado martes se cumplió el plazo asumido y el saldo es que de los 160 mil refugiados con solicitud de asilo que se contemplaban en el plan decidido y adoptado en 2015, sólo 29 mil fueron reubicados. Los países pueden ser multados por cada refugiado que no aceptan de su cuota correspondiente, según el acuerdo.

De la lista de países comprometidos, Malta y Finlandia han sido los de mayor cumplimiento de la cuota, superando el 90%, aunque el primero sólo había asumido asilar a 137 personas. Polonia está en la base de la lista sin ningún asilo registrado y pocos casilleros por encima está España, con apenas el 14% del cumplimiento. Alemania está por debajo del promedio, con el 28% de asilos otorgados, según los datos de la Comisión Europea (CE).

El escaso cumplimiento motivó el llamado de atención de varios organismos comprometidos con esta crisis y promotores de la solidaridad internacional para resolverla. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) insistió en «su llamamiento para el establecimiento de un sistema de asilo sólido que garantice el acceso al territorio, la eficiencia de los procedimientos de asilo y la capacidad de distribuir apropiadamente la responsabilidad sobre los solicitantes de asilo entre los Estados miembros de la UE, incluso en circunstancias excepcionales».

En septiembre de 2015, poco después de la difusión de la trágica imagen del niño refugiado Aylan Kurdi ahogado en una playa de Turquía tras un naufragio, los miembros de la UE acordaron un plan de dos años para reubicar a un total de 160 mil personas, incluyendo a 106 mil desde Grecia e Italia, hacia otros países europeos, con el fin de aliviar la presión sobre los países de la primera línea. «Hasta el 22 de septiembre de 2017, los países habían ofrecido formalmente 47.905 plazas, habiéndose reubicado a 20.066 solicitantes de asilo desde Grecia y a 9078 desde Italia», puntualizó esta semana la agencia que estimó el número total de refugiados mundiales en 22,5 millones y desplazados internos en 40,3 millones en 2016.

«La situación se ha deteriorado por las restricciones y el cierre de las fronteras europeas, provocando una crisis humanitaria. La aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía alcanzado en marzo de 2016 y el cierre de la ruta de los Balcanes occidentales hacia Europa han dejado a 63 mil personas atrapadas en Grecia y más de 8000 en Macedonia y Serbia», agregó Oxfam Internacional.

Tras conocerse los magros resultados, la CE propuso un nuevo programa que facilitará en los próximos dos años la llegada a la UE de al menos 50 mil refugiados e incluye una recompensa a cada país de 10 mil euros por persona acogida, que pretende cortar el flujo ilegal de migrantes.

La iniciativa fue acompañada por una modificación del Código de Fronteras, que extendería hasta un máximo de tres años los controles temporales internos. El nuevo plan, anunciado por el comisario europeo de Migración e Interior, Dimitris Avramopoulos, tiene dos diferencias básicas con el implementado en 2015: los países que acepten recibir refugiados lo harán de manera voluntaria y quienes hayan puesto un pie en Europa de manera irregular no serán admitidos.

Con este plan, para el cual la CE dice que empleará 500 millones de euros, Bruselas planea acoger a unos 50 mil refugiados provenientes de Libia, Egipto, Níger, Sudán, Chad, Etiopía y los que ya hayan llegado a Turquía.

Su cumplimiento dependerá de la voluntad y el ánimo social y político de los países. En el caso de las naciones balcánicas hubo un fuerte rechazo al ingreso de refugiados, incluso con cierre de fronteras con muros y alambradas. Países del Este como Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Hungría y Polonia están entre el 0 y el 8% de cumplimiento. En el caso del último, su gobierno ya había declarado que no iba a plegarse al acuerdo, lo que motivó la amenaza de sanciones. Dentro de ese grupo minoritario se encuentra también Austria. Pero además, los recientes ataques terroristas sirvieron a varios gobiernos para ajustar sus controles fronterizos, algo que había sido suprimido tras el Acuerdo de Schengen, de 1985. Es el caso de la misma Austria, junto con Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega. La idea de la CE es que ese plazo excepcional pase a ser de hasta tres años en caso de «amenaza persistente», señaló Avramopoulos. 

Con el nuevo escenario político (ver aparte), la situación en Alemania también tuvo un giro rotundo. El gobierno de Angela Merkel abrió todas las puertas a los refugiados en verano de 2015, lo cual fue muy bien visto por muchos alemanes y la oposición de izquierda. Pero cuando la bienvenida tuvo un viso de desborde, el gobierno comenzó a deportar y repatriar extranjeros, la mayoría hacia Afganistán. El tema fue uno de los ejes de campaña de la reciente elección en la que volvió a ganar su partido, la CDU, y Merkel fue confirmada en el cargo. La neonazi AfD obtuvo el 12,6% de los votos, lo que le valió el ingreso de 94 diputados al Bundestag en un total de 709 escaños. La AfD no sólo rechaza los asilos, sino que pretende establecer un mínimo de deportaciones anuales por ley. «