La verdad debe estar al alcance de todos

Por Valeria Barbuto, directora de Memoria Abierta
26 de Octubre de 2016

En abril de 2015, Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, pidió en Roma la apertura total de los archivos vaticanos y una autocrítica de la jerarquía de la Iglesia por su complicidad con los genocidas. Un año y seis meses después, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciaron que finalizaron las tareas de catalogación y digitalización de la documentación sobre el terrorismo de Estado y que pondrán en marcha un protocolo para que accedan “las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus Superiores mayores”.

Este año ha sido positivo en cuanto a la voluntad de terceros países de colaborar con las causas judiciales, la verdad histórica y la reparación. Esta decisión conjunta del Vaticano y de la CEA es la tercera junto con los anuncios de los gobiernos de Francia y de los Estados Unidos. Se trata de la respuesta a la demanda histórica de los familiares y de los organismos de derechos humanos que debe ser entendida como la afirmación de la vigencia que tiene para la comunidad internacional el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y la causa de la verdad histórica.

El acceso a nueva documentación oficial siempre abre la expectativa de encontrar un dato sobre el destino de los desaparecidos o una pista para reemprender la búsqueda. También se han recuperado cartas, solicitudes o documentos presentados por los familiares y las organizaciones durante la dictadura, con el agregado de poder conocer las opiniones oficiales ante estos planteos.

Es de esperar que en el caso de la Iglesia la información sea abundante. En primer lugar, porque las iglesias fueron uno de los primeros lugares a los que acudir pidiendo ayuda desde el mismo momento de los secuestros. Aunque las misivas estandarizadas de los obispos incluyeron la negativa de contar con información y la promesa de orar por las víctimas, muchos familiares testimonian haber obtenido respuestas de los prelados luego de que hicieran averiguaciones e incluso haber visto archivados en “fichas” los nombres de sus seres queridos. Aunque raramente encontraron datos positivos sabemos que se realizaron investigaciones y consultas.

En segundo lugar, están las víctimas del clero que fueron asesinadas o desaparecidas porque denunciaban lo que sucedía, o que estaban siendo observadas por su compromiso con las causas sociales. Esta cuestión fue controlada de cerca por las autoridades militares y eclesiásticas. De los registros que testimonian sobre este aspecto se cuentan los documentos aportados por el Vaticano al juicio por el asesinato del Obispo Enrique Angelelli.

La información que podemos encontrar es mucho mayor. Hubo un reclamo diplomático constante por parte de Roma hacia las autoridades nacionales por los crímenes de los padres Palotinos, el Obispo Angelelli y los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, entre otros. El entramado burocrático de quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado dejó huellas imborrables en los documentos, relatos de reuniones, datos confirmados o negados, estrategias de comunicación de las autoridades argentinas y vaticanas, etc

Por caso, en los archivos desclasificados por la Cancillería argentina se encontró un dato que pocos conocían sobre el asesinato en 1980 del Arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero. El embajador argentino en ese país informó que una comisión enviada por el Vaticano, al mando del Monseñor argentino Quarracino, siguió a Romero durante unos meses para establecer la veracidad de su “apoyo a izquierda subversiva”. (http://desclasificacion.cancilleria.gob.ar/userfiles/documentos//OEA-ONU/80AH002102_521.pdf). En opinión de nuestro diplomático, lo habrían confirmado. Si el hecho salió a la luz a través de un documento argentino, la confirmación llegará cuando el Vaticano otorgue acceso a esos informes que están en la Santa Sede cercanos a cumplir 40 años. Seguramente existan informes del mismo tenor sobre la situación argentina.

Para saber qué buscar es imperativo que el Estado argentino ponga a disposición los archivos de la Secretaría de Culto argentina, donde existe documentación valiosa que espera ser de acceso público desde hace tres años. Esta documentación podría tener un valor histórico incalculable para la investigación sobre una institución tan compleja como la Iglesia argentina y su relación directa con la burocracia estatal. El acceso sin restricciones nos dará la posibilidad como sociedad de reconstruir nuestra propia historia y memoria y garantizar un verdadero Nunca Más.

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