La verdadera agenda

(Foto: Telam)
Opinión
Por Carlos Heller - Diputado Nacional Frente de Todos -- Presidente Partido Solidario
17 de mayo de 2020

Hablar de lo que pasa con el dólar no es sólo pensar en los valores que alcanza la brecha entre el dólar oficial y el especulativo. Una brecha que está vinculada a los comportamientos de quienes buscan influir en la negociación de la deuda y especular con la coyuntura. Pensar en la temática del dólar es pensar también en los grandes desequilibrios por los que pasó la economía argentina en el período macrista.

Un informe reciente del BCRA aporta datos más que importantes para visualizar comportamientos y dinámicas, que en última instancia hacen a la escasez de dólares y también a los problemas fiscales del país. En “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, el Banco Central comienza señalando: “a finales de 2015 se puso en marcha un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados. Al igual que en anteriores experiencias de extrema liberalización, las medidas resultaron el punto de partida de una grave crisis que afectó a la economía argentina”. La sigue afectando también ahora. Por la vía de la deuda, o también por las consecuencias de tener una economía virtualmente bi-monetaria, algo que es preciso ir revirtiendo.

Uno de los aspectos que queda claro en el informe es que no hubo lluvia de inversiones sino lluvia de especulación, y que en este proceso hubo un reducido número de beneficiarios. Los números son contundentes: hasta el desembarco del FMI, la formación de activos externos de los residentes (fuga de capitales) alcanzó los U$S 41.100 millones y en la etapa de aceleración de la crisis, a partir de mayo de 2018, fue de otros U$S 45.100 millones. Esto último es similar al préstamo que desembolsó el FMI.

Más allá del número global, otra cuestión que sobresale es la notable concentración en unos pocos actores económicos. Según el BCRA, “al diferenciar entre personas humanas y personas jurídicas, se observa que apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas, accedió a U$S 41.124 millones en concepto de formación de activos externos. En el caso de personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló U$S 16.200 millones en compras netas durante el período”. En total, el 1% de las empresas y las personas se llevó más de U$S 57.000 millones en el periodo que va desde fines de 2015 hasta 2019.

Para evitar maniobras de evasión fiscal y fuga con empresas vinculadas y transacciones con sujetos de países “no cooperantes” o de “baja o nula tributación”, en estos días la AFIP reforzó los controles informativos sobre ciertas operaciones.

En el plano financiero, anteriormente ya se habían establecido mayores requerimientos para tratar de evitar que no siga subiendo el dólar contado con liquidación y el MEP (operado en el mercado de valores). Y el jueves el BCRA dispuso una suba de rendimientos a través de tasas mínimas para los depósitos de mayores volúmenes que alcanza también a personas jurídicas, entre otras medidas.

El informe del BCRA culmina con una sentencia que no hay que pasar por alto de cara al futuro: “El dramático proceso de ajuste desencadenado en el contexto de desregulación, permite observar que los niveles de tipo de cambio requeridos para equilibrar la demanda para atesoramiento en un entorno de liberalización extrema son a todas luces insostenibles política y socialmente. Los controles sobre la cuenta capital y financiera del balance de pagos son por lo tanto una condición necesaria no sólo para la recuperación económica del país, sino también en el marco de una estrategia integral de desarrollo”. Ni más ni menos, lo contrario al Estado canchero.

Actividad en la pandemia.

El pasado miércoles se llevó a cabo una histórica sesión telemática en la Cámara de Diputados, con una amplia asistencia, entre la presencial y la virtual. Luego de un importante trabajo de consenso, 252 diputados y diputadas dimos media sanción al proyecto de ley para eximir del pago del impuesto a las ganancias, por las remuneraciones recibidas principalmente en concepto de guardias obligatorias y horas extra, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos; recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria. Se aprobó asimismo el otorgamiento de una pensión graciable de carácter vitalicio a los familiares de esos mismos trabajadores que hayan fallecido como consecuencia del Covid-19. Constituyen el mínimo aporte que podemos efectuar como sociedad a estas personas que arriesgan sus vidas para salvar las de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Argentina en esta difícil coyuntura sanitaria.

Este debate en el Parlamento se da en el marco de toda una serie de decisiones focalizadas y estratégicas que han sido tomadas por el Gobierno Nacional, para proteger a los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia.

Desde el comienzo de la cuarentena, el Gobierno lleva invertidos a través de la ANSES cerca de $ 178.000 millones. Una erogación que además implica un doble esfuerzo, ya que producto de la mayor recesión, la recaudación fiscal se está viendo fuertemente impactada. En el mes de abril, los ingresos fiscales registraron una variación negativa del 23% en términos reales respecto de abril 2019.

Otro dato que se publicó fue el de utilización de la capacidad instalada industrial (UCII) del mes de marzo, que indica que casi la mitad de la capacidad disponible en nuestro país se encuentra ociosa (51,6%), número que refleja tanto la pandemia como el bajo nivel que dejó el anterior gobierno. El dato es coincidente con un índice de producción industrial que cayó casi un 17% en el mismo período.

Los niveles de inflación mostraron en abril una desaceleración al registrar un 1,5% de variación mensual (marzo había sido del 3,3%) según el nivel general del IPC Nacional. No obstante, se observa una importante dispersión entre sectores. El mayor incremento mensual se registró en el rubro de Alimentos y Bebidas: 3,2% (más del doble del nivel general), en un momento que, por el aislamiento y cierre de comercios, resulta difícil calcular estos datos.

Siguiendo con los distintos programas impulsados a través de la ANSES, se destaca el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Una transferencia de $ 10.000 que llegó a 8,3 millones de hogares cuyos miembros son trabajadores y trabajadoras informales, perceptores de planes sociales, monotributistas de las categorías más bajas y personal de casas particulares. Se pagó por abril y ya se informó que se volverá a otorgar por mayo. Según un análisis efectuado por la Universidad de Avellaneda, el IFE resulta ser el beneficio de mayor cobertura y poder de compra al compararlo con iniciativas similares en la región latinoamericana.

En el ámbito productivo, se aplicó el programa denominado ATP en el que la ANSES paga hasta el 50% del salario a los empleados de empresas en difícil situación por la parálisis de la actividad. Este beneficio alcanzó a 1,3 millones de trabajadores en los sueldos devengados en abril y se extendió también para los del mes de mayo, agregando además nuevos sectores. Se sumó también la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales de las empresas más afectadas.

Toda esta mención es muy necesaria, porque da idea del esfuerzo que se está llevando a cabo, más aun considerando la difícil situación que dejó el anterior gobierno y los desafíos que está imponiendo la renegociación de la deuda pública, todo en el marco de la pandemia sanitaria.

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