Hace poco más de un año, la Unión Europea publicó lo que se conoció como “El Libro Blanco sobre el Futuro de Europa”, consistente en un pequeño volumen que plantea diversas reflexiones y escenarios para el continente hasta 2025.
Pasados algo más de 12 meses de su edición, vale la pena recorrer el camino que tomaron algunos países y qué enfoques prevalecieron en cuestiones sensibles como la inmigración y el ámbito laboral.
Como punto de partida, vale tener en cuenta que el informe contempla como principal problema del continente, a corto, medio y largo plazo, que pierde población continuamente: desde 1900 –cuando representaba el 25% de la población mundial— hasta 2017, en que sólo equivalía al 4% del total, seis veces menos.
Según Rand Europe, la edad media mundial es de 33 años. La de Europa es 45 años. En 2030, los europeos estarán entre los más longevos del mundo; aunque por el momento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son las mujeres japonesas las que tienen la mayor esperanza media de vida con 87 años, seguidas de España (y Andorra) con 86. En 2015, el Foro Económico Mundial situó a Hong Kong en primer lugar, con 83,5 años, seguido de Japón. Enseguida aparecen Italia, Islandia, Suiza, Francia y España.
Las proyecciones de población mundial de la ONU hasta 2100 muestran que el conjunto de los 51 países de Europa pasará de tener 738 millones de habitantes en 2015, a 707 millones en 2050 y a 646 millones en 2100; es decir, perderá 88 millones en las próximas ocho décadas. Por el contrario, África, que es el continente más cercano a Europa, aumentará su población, de los 1186 millones de habitantes que tenía en 2015 hasta 2478 millones en 2050, y 4889 millones en 2100. Es decir, África tendrá 7,56 veces más población que Europa y sólo Nigeria, con 752 millones, tendrá más población en poco menos de un siglo que toda Europa (incluida Rusia). En igual periodo Asia sumará 500 millones de personas más. Y América pasará de 992 millones en 2015 a 1221 millones en 2100.
Es decir, mantener el peso relativo de la población de Europa en el mundo terminará dependiendo de la inmigración que reciba de África, pero también de Oriente Medio, de Asia e Iberoamérica. Y sin embargo, las políticas de inmigración son cada vez más restrictivas y crecen los partidos de extrema derecha, que no sólo impiden el ingreso de migrantes sino que llevan a cabo políticas de expulsión de quienes ya viven en esos países hace años. En Austria y Hungría gobierna la extrema derecha y en Francia y Holanda pelearon las elecciones, obligando a los candidatos ganadores de centro o de derecha a extremar sus discursos para lograr votos.
La última elección del continente fue la de Italia, donde tras meses de incertidumbre, ya que ningún partido podía formar gobierno por sí solo, se estableció una alianza entre los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la xenófoba Liga Norte, ambos euroescépticos. Dos semanas más tarde, el pasado 12 de junio, Italia desató un incidente continental al negarse a brindar ayuda a un buque varado en el Mediterráneo con 629 migrantes, tras ser rechazado por las autoridades de ese país. Francia, ningún dechado de tolerancia, denunció el “cinismo” y la “irresponsabilidad” de Roma en la gestión de la crisis. Pero cuando se le preguntó a un vocero del gobierno francés por qué Francia no se había propuesto para acoger el navío, el portavoz dijo que “está descartado crear un antecedente” y señaló que se debería haber aplicado el derecho internacional, que estipula que el puerto de recepción debe ser el más cercano al lugar del rescate.
Desde hace una década y cumbre tras cumbre, la cuestión migratoria atraviesa Europa, con los gobiernos echándose la culpa unos a otros y peleando para ver qué nación pone más cupos y más campos de refugiados. La política migratoria de la UE comprende los siguientes aspectos: colaborar con los países de origen y de tránsito, reforzar las fronteras exteriores de la UE, gestionar los flujos migratorios y poner freno a la actividad de los traficantes de migrantes, reformar el Sistema Europeo Común de Asilo, ofrecer vías legales de migración y fomentar la integración de los nacionales de terceros países. En suma, propuestas que buscan cómo evitar que lleguen migrantes a sus costas, cuando ya son decenas de miles los que se hacinan en condiciones infrahumanas en territorio europeo, sin contar los que yacen en el fondo del Mar Mediterráneo.
En otra parte del “Libro Blanco” se habla de cumplir la promesa de no dejar atrás a ninguna persona, de garantizar que cada generación disfrute de mejores condiciones de vida que la anterior, de reforzar la convergencia y de completar el proceso de integración monetaria. Estos conceptos despertaron la ira de los críticos, que los calificaron como “el colmo de la hipocresía, cuando la Comisión Europea y las políticas comunitarias forman parte del problema, habiendo contribuido de manera decisiva a la profundización de las divergencias productivas, sociales y territoriales en el conjunto de la Unión”.
Resulta igualmente inquietante leer en el documento que los sistemas de protección social deben modernizarse, no porque deban permanecer estáticos, sino porque generalmente eso significa recortes, desmantelamiento y mercantilización. Del mismo modo que cuando se habla de flexibilidad de las relaciones laborales, en realidad se refiere a la desregulación de las mismas; o cuando se dice “devaluación” en realidad se trata de “depresión salarial”; o cuando se dice “austeridad”, se aplican recortes sobre el gasto social y productivo. Francia es el mejor ejemplo de lo que verdaderamente postula el documento. Este año, Emmanuel Macron flexibilizó el mercado de trabajo con la supuesta intención de crear empleo y atraer inversiones. Hubo fijación de topes en las indemnizaciones por despido improcedente, primacía de los acuerdos dentro de la empresa sobre el convenio colectivo, simplificación de los despidos por motivos económicos de la empresa y legalización de los retiros voluntarios, entre otras reformas que despertaron violentas protestas.
El mismo “Libro Blanco” proyecta sin ambages uno de los posibles escenarios del futuro de la movilidad laboral: “Ya no existirían normas mínimas de la UE en cuanto a la salud y seguridad de los trabajadores, los tiempos de trabajo y de descanso o los permisos de maternidad y paternidad, por ejemplo. Europa ya no impulsaría las oportunidades para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembro en los ámbitos de la educación, la sanidad, la cultura y el deporte. Los programas de reconversión social y regional, cofinanciados con dinero de la UE, quedarían suspendidos o se deberían financiar a escala nacional.
A la vez, el texto llama la atención sobre los peligros que para Europa supone ser un “poder blando” en un contexto donde “la fuerza puede prevalecer sobre la ley”. ¿Qué quiere decir exactamente poder blando y cómo se lo podría fortalecer? Se trata de una apelación, apenas disimulada, a reforzar el gasto militar, algo que ya se había propuesto en una cumbre para crear un fondo común que diera nuevo impulso a la industria europea de la defensa, como un primer paso para la integración de la UE desde esa óptica tan sensible como inquietante.
Brexit: una salida complicada hasta último momento
La primera ministra británica Theresa May evitó el pasado 12 de junio que el Parlamento tuviera la última palabra sobre el Brexit, tras hacer concesiones a los diputados conservadores proeuropeos. Una movida cuyo alcance podría haber evitado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Cámara de los Comunes rechazó por 324 a 298 votos una enmienda a la ley del Brexit que otorgaba al Parlamento la capacidad de vetar el desenlace de las negociaciones con Bruselas, y que estaba motivada por el temor a que el país saliera de la Unión Europea sin un acuerdo. Para ello, todos los diputados conservadores potencialmente rebeldes recibieron garantías que aseguraron su voto a favor del gobierno. May y los euroescépticos temían que un Parlamento con el poder de decir no al acuerdo final podría frenar de hecho la salida de la UE.
Esta enmienda era una de las 15 introducidas en la ley del Brexit por la Cámara de los Lores, que generalmente se limita a estampar sin más su aprobación a los textos que vienen de la de los Comunes, pero que esta vez había ido “demasiado lejos”, en palabras de May, quien denunció un intento de “atar las manos del gobierno en las negociaciones”.
El debate y la votación estuvieron precedidos por la dimisión del secretario de Estado de Justicia británico, Phillip Lee, que tildó de “irresponsable” la estrategia de su gobierno en la encrucijada del Brexit y denunció asimismo su manifiesta voluntad de “querer limitar el papel del Parlamento” en el proceso de salida.
El texto irá de nuevo a la Cámara de Lores y de vuelta a la de los Comunes para su aprobación definitiva.
