La violencia de género es uno de los principales asuntos que debe resolver el gobierno tucumano

La pandemia cobró otra relevancia con el aumento de casos de feminicidios en Tucumán. Un estado que tiene un poder político que se niega a recibir capacitaciones y atenta permanentemente contra los derechos de las mujeres. El rol de la justicia y la lucha contra los femicidios. 

25 de noviembre de 2020

La violencia de género extrema se contó, también en Tucumán, como una de las dolorosas cifras de muertes sucedidas este año. No ya por un virus desconocido que se expande, si no por esa otra enfermedad llamada patriarcado y que provocó un crecimiento en el indicador de femicidios en particular en este año.

Al 15 de noviembre de 2020, según el informe del Observatorio Adriana Zambrano, de la Casa del Encuentro, se asesinaron en Tucumán a 14 mujeres, y según el Observatorio Ahora que sí nos ven, un cada 32 horas una mujer es asesinada por su conducción de género.

Así como Jujuy lamentó en el mes de septiembre cinco víctimas, Tucumán durante octubre vivió semanas de angustia con el asesinato de dos nenas en el mismo día. Una de 9 años abusada y asesinada por su abusador, otra de 2 que fue brutalmente golpeada por su padrastro quien también ejercía violencia contra la mamá de la nena.

Diez después otro femicidio sacó de foco la pandemia: el de Paola Tacacho, una joven que había denunciado trece veces a su acosador quien la perseguía desde hacía cinco años. La primera denuncia es de 2015 y la última de mayo de este año. La justicia nunca la protegió. El viernes 30 de octubre, su acosador, un exalumno de un terciario, la esperó a la salida del gimnasio, la persiguió y cuando la alcanzó la asesinó a cuchillazos. Luego se suicidó.

“Antes que nada en estos últimos casos, en particular en el del Paola Tacacho, queremos destacar la responsabilidad del Estado, que está presente pero se niega a abordar la temática de violencia contra las mujeres, y se niega a hacer algo por esas víctimas que se acercan a pedir ayuda”, dice a Tiempo Argentino, la abogada feminista e integrante de Cladem. “Sucede que, además, la justicia penal es la última en llegar y en ese caso de Paola se podría haber actuado. Ella pidió ayuda como lo hacen otras víctimas de femicidio al Poder Judicial. Hay una clara responsabilidad de un Estado que le da vuelta la cara a estas situaciones de violencia contra las mujeres”.

Para denunciar, las mujeres tienen un recorrido largo que en muchos casos, lejos de protegerlas terminan exponiendo aún más a las víctimas. “Cada vez que no nos quieren tomar una denuncia, cada vez que no dictan una perimetral, o cuando las víctimas denuncian el incumplimiento y no la escuchan, cuando no legisla sobre nuestros derechos, cuando que tenemos una enorme falta de decisión, hay un Estado presente pero que se niega a abortar esta temática. Entonces, es un Estado que permite que pasen estos femicidios”, dice la abogada.

El poder político de Tucumán desde hace muchos años se caracteriza por negar los derechos de las mujeres. En 2018, mientras en todo el país se debatía política, filosófica y científicamente la interrupción voluntaria del embarazo, un grupo de legisladores la declararon “provincia pro vida”. Tampoco han implementado hasta ahora una herramienta fundamental como la educación sexual integral. El momento paradójico fue este año cuando legisladores de la UCR y Fuerza Republicana se negaban a recibir la capacitación obligatoria de la Ley Micaela. Esos mismos legisladores, que se burlaron de capacitación en las redes sociales, cuando se conoció el asesinato de Tacacho fueron los primeros en pedir “seguridad”.

“Esos discursos en contra de la ley Micaela o la declaración Pro Vida (que no tiene un peso legal pero sí un gran peso simbólico), en los diferentes órganos violentando a las mujeres tienen en sí mismo un disciplinador. De ese mismo modo, tenemos legisladores que dicen que a las mujeres no las matan por el hecho de ser mujer, que eso no existe”, manifiesta Gramaglio.

“A la justicia tucumana le falta un montón perspectiva de género y de aprender en materia de violencia contra las mujeres. No basta con una sola medida de prohibición de acercamiento si no hay un seguimiento contra aquellas personas que son denunciadas constantemente, además no hay un entrecruzamiento de datos, no puede ser que, en cada turno judicial, una mujer denuncie y caiga en diferentes fiscalías”, describe Luciana Gramaglio. “Además de los problemas de la falta de capacitación en perspectiva de género y derechos humanos, la justicia tucumana tiene muchas fiscales y muchos fiscales sin perspectiva de género, que se mide en un androcéntrico, dirigido por varones y que incluso lo podés ver en los mismos juzgados”, afirma.

El caso que conmocionó a los tucumanos, no sólo por la brutalidad del hecho sino también por la actuación de la Justicia, puso bajo la lupa a todo el poder judicial pero principalmente al juez Franciso Pisa, quien inexplicablemente no hizo lugar al pedido de la joven. “Paola nos dolió muchísimo, pero no nos sorprendió. Hace unos años, Claudia Lizárraga murió con la denuncia 24 en la cartera, esto por supuesto nos tiene que alertar porque significa que no hay ninguna respuesta juridisccional para esa víctima, que la situación no se la toma con el compromiso que debería, y que la sociedad sí hace un cambio con respecto a entender la violencia contra las mujeres como una problemática y la justicia no”, dice la abogada. “No hay justicia para Paola si no se hace un juicio político a Pisa”.

Según afirman desde Casa de Gobierno de Tucumán, dos semanas antes de este atroz hecho, Pisa presentó ante Manzur la denuncia, por eso, las organizaciones sociales se concentraron con la consigna “Sin juicio político para Francisco Pisa no hay justicia para Paola” y piden al gobierno tucumano que no acepte la denuncia del juez. En las últimas horas, la Mesa de Diálogo encabezada por el arzobispo tucumano realizaron el mismo pedido al gobernador.

Emergencia de género

En 2016, Tucumán sancionó la ley 8.981 de emergencia en violencia de género pero su promulgación llegó en abril de 2020. “Una de las principales problemáticas es que le falta presupuesto, cómo garantizar el funcionamiento si no hay presupuesto, si tampoco está este cupo de casas del Instituto de la Vivienda para las mujeres en situación de violencia y también refugios. No hay implementación real de esa ley, no están las mesas de diálogo con las organizaciones, no hay campañas masivas de prevención de la violencia ni están saliendo las licencias por violencia que planteaba la ley”, dice la abogada.

Y vuelve al caso Tacacho. “No puede ser que alguien tenga cinco medidas de prohibición porque en la primera ya la violó. Se terminó haciendo la crónica de un femicidio anunciado, no hubo respuestas por parte de la Justicia ni políticas públicas integrales ni interdisciplinarias. Tiene que haber coordinación para el seguimiento de estas situaciones y sobre todo que sean políticas publicas integrales, los subsidios para que puedan salir de las casas. Necesitamos medidas que ayuden a fortalecer a la víctima de la violencia y salir adelante sin descuidar.

Si sufrís violencia de género podés llamar a la línea 144 que brinda atención telefónica especializada durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

Esta nota fue posible gracias al apoyo de nuestros lectores.

Su aporte nos permite hacer periodismo sin condicionamientos. El sueño de un medio libre no es solo nuestro.

SEAMOS SOCIOS

Tiempo Audiovisual