Este martes comenzará oficialmente la campaña electoral para la elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela. A la vez ya comenzó la otra campaña, encabezada por los principales actores de la oposición venezolana, para deslegitimar el proceso electoral y de paso al gobierno de Nicolás Maduro, y tratar de resolver el vacío político que puede generar una renovación total del cuerpo, tras la salida de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino y reconocido como tal, al menos de palabra, por distintos sectores del poder internacional, entre ellos el gobierno de EE UU.

Uno de los principales impulsores de esta campaña es el recientemente asilado en España, el titular de Voluntad Popular (partido de Guaidó), Leopoldo López. En una conferencia de prensa brindada esta semana afirmó que su plan es “liberar a Venezuela” de la “dictadura” de Maduro. Curiosamente declaró su intención de regresar al país en inglés: “We will come back”, dijo. Hizo acordar al derrotado candidato de la derecha boliviana, Carlos Mesa, cuando dijo en el cierre de campaña “Morales never in the life”.

López coordina las acciones políticas contra Maduro y el apoyo internacional para promover, una vez más, “que en Venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre, justa y verificable”. También “que los responsables de las torturas y asesinatos puedan ser sometidos a la justicia penal internacional” y “tener todos los mecanismos para para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo y garantizar la ayuda humanitaria”. Su llegada a España, no exenta de un entredicho diplomático entre el gobierno de Maduro y el de Pedro Sánchez, se produjo el domingo, tras permanecer como refugiado en la embajada de ese país en Caracas luego de haber sido “liberado” por un grupo de insurrectos dirigidos por Guaidó durante un intento frustrado de Golpe de Estado del 30 de abril del año pasado. Desde 2014 cumplía una condena por “instigar” revueltas donde murieron 43 personas.

La operación opositora sumará el desarrollo de una «consulta popular» entre el 5 y 12 de diciembre para que los venezolanos decidan si están de acuerdo o no con las parlamentarias. La iniciativa fue aprobada por la mayoría opositora del actual Legislativo, pero no cuenta con la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Y tampoco será vinculante. Contendrá dos preguntas. En la primera, si los ciudadanos apoyan «todos los mecanismos de presión nacional e internacional» para realizar «elecciones presidenciales y parlamentarias libres», y en la segunda si rechazan a las votaciones para renovar el Parlamento. No es la primera vez que la oposición recurre a impugnar los comicios y no participar. La última fue cuando Maduro obtuvo la reelección en 2018. La oposición apostó a vaciar el proceso electoral retirándose de la contienda, lo que resultó en una victoria de Maduro con el 67% frente a un candidato opositor débil y una concurrencia apenas por debajo del 50 por ciento.

Las elecciones parlamentarias se harán el próximo 6 de diciembre, pese al pedido de la Unión Europea (UE) de postergarlas seis meses. Maduro, invitó a la UE y a la ONU a enviar misiones de observación.