Las claves del plan judicial para mantener presa a Milagro Sala

En la semana previa al Año Nuevo, la dirigente de la Tupac Amaru recibió dos condenas que apuntan a criminalizar la protesta social.

Milagro Sala comenzará el 2017 detenida en el Penal de Mujeres N°3 de Alto Comedero de Jujuy, como ya pasó la Navidad, pero con el peso añadido de haber recibido dos condenas. Una fue penal, con una pobreza de pruebas abrumadora, por instigar a una protesta de la que no participó ni ella ni la Tupac Amaru. La persecución llegó el jueves al bochorno. La Justicia contravencional definió su proscripción, impuso un castigo económico y clausuró la sede de la organización barrial por el acampe realizado entre el 14 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2016, frente a la Casa de Gobierno provincial.

El nuevo año, el segundo de la presidencia de Mauricio Macri, comienza con Sala como presa política. Por su libertad reclaman –sin ser escuchados– el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, la CIDH, el titular de la OEA y otros organismos internacionales.

Este sábado, el último día de 2016, la diputada del Parlasur recibirá el respaldo del exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, referente del Frente Renovador, espacio que comparte con el vicegobernador jujeño, el massista Carlos Haquim. "Es una decisión personal en condición de ciudadano preocupado porque este tipo de cosas pasen en la argentina", argumentó Fernández.

El 2016 termina para la líder de la Tupac con la condena del Tribunal Oral Federal jujeño, que fue también la condena a la protesta social y un paso más de la persecución que el gobernador Gerardo Morales comenzó en 2009 contra Sala. Se sumó luego el juez contravencional N°1, Matías Ustarez Carrillo, designado por el gobernador en enero, quien la condenó por el acampe en Plaza Belgrano. La pena fue la máxima prevista: $ 3780 e "inhabilitación especial para formar parte de personas jurídicas y asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas por tres años y tres meses". También ordenó clausurar la sede de la organización.

"No estoy de acuerdo con esta pena. Están criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada porque a los negros les devolví la dignidad y la autoestima", dijo Milagro al escuchar el fallo.

La condena por el escrache El jueves, la Justicia Federal le regaló a Morales la primera condena a Milagro Sala. Lo sabido: el miércoles condenaron a tres años de prisión en suspenso a Milagro como instigadora de daño agravado, a Graciela López a la misma pena y a Ramón Salvatierra a dos años en suspenso, ambos como coautores. Pero, ¿qué tuvieron en cuenta los jueces para condenarla por un escrache donde arrojaron huevos y se rompieron siete vidrios de una puerta? Hasta el 3 de febrero, cuando se lean los fundamentos, no habrá hipótesis para explicar la decisión unánime de los jueces Mario Juárez Almaraz, María Cataldi y Santiago Díaz. La defensa apelará, pero la pregunta que queda es por qué la condenaron por instigación si los instigados, es decir los testigos a los que supuestamente mandó bajo amenaza, no fueron al escrache.

Lo que queda son indicios. Y todos apuntan a la criminalización de la protesta. La causa comenzó por una denuncia del entonces senador Morales, que al año siguiente presentó dos testigos: Orlando René Arellano, alias Cochinillo, y su mujer, Cristina Chauque. Ellos dijeron que hubo una reunión preparatoria del escrache en la casa de Milagro. Fueron la única prueba y su credibilidad fue demolida en el alegato de Gómez Alcorta: listó las mentiras y contradicciones y reveló que Cochinillo es empleado de Morales, pese a que lo negó –mintió– en su declaración. Además de haber dicho que Milagro los había amenazado para que fueran, dijeron que en esa reunión estaba Graciela López. Pero ella aclaró que nadie le ordenó ir a la conferencia y no denunció ni acusó a la líder de la Tupac de haberla amenazado, obligado, forzado, es decir, de haber sido instigada a escrachar a Morales.

Lo que queda más allá de esos testimonios –que no prueban la acusación– son videos de una protesta encabezada por Sala en la que se quemaron cubiertas en la puerta de la gobernación, fotos de escraches, y un relato demonizante construido alrededor de la figura de la Tupac Amaru y su referente máximo. Todo provisto por los fiscales Fernando Zurueta y Domingo Batule. «

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