Las claves para una renegociación de la deuda que ya parece inevitable

Ante la concentración de vencimientos en el corto plazo, los candidatos opositores oscilan entre pedir una quita de capital o sólo la postergación de los pagos. El rol del FMI.
(Foto: AFP)
Por Marcelo Colombres - @econocolombres
27 de Octubre de 2019

Podrán llamarlo de muchos modos. Reperfilamiento, reestructuración, renegociación. Salida a la ucraniana, a la uruguaya. Conversación amistosa o dura negociación con los acreedores. Lo seguro es que pasada la efervescencia electoral, quien gane los comicios tendrá la dura misión de reordenar la caja del Estado y el cronograma de vencimientos de la deuda pública.

Se trata de una tarea ciclópea. La Secretaría de Finanzas estimó que al 30 de junio el total de deuda era de poco más de U$S 337 mil millones, de los cuales en el período 2020-2023 habrá que cancelar o refinanciar U$S 155 mil millones, además de abonar otros U$S 47 mil millones en concepto de intereses.

Fuentes oficiales relativizan esos números porque un 37% de ese total fue tomado de organismos del sector público nacional, a tiro de resolución ministerial de una renovación. Además, otro 20% corresponde a préstamos de entidades oficiales multilaterales, que en teoría podrían ser más permeables a un pedido de renegociación.

Así y todo, el gobierno reconoce compromisos a cumplir con el sector privado por más de U$S 23 mil millones durante el año que viene. En esa cuenta no se incluyen las letras de corto plazo que vencieron a partir del 29 de agosto y cuyos pagos fueron reprogramados unilateralmente por el Ministerio de Hacienda: según un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, unos U$S 9300 millones quedarán pendientes y se sumarán a las obligaciones para el año que viene. Para el trienio 2021-2023, las deudas con privados comprenden otros U$S 28 mil millones. De esa manera, aun convalidando el polémico punto de vista oficial de que sólo cuenta la deuda con el sector privado, la factura que deberá levantar el próximo presidente será, en números redondos, de U$S 60 mil millones.

Semejante hipoteca se vio agudizada por la concentración de los vencimientos en el corto plazo (los títulos tienen una vida promedio de 7,1 años), la caída en la recaudación fiscal y la escasez de divisas luego de que el Banco Central viera caer sus reservas en más de U$S 22 mil millones desde las PASO.

La decisión que se tome condicionará cualquier salida de la crisis actual. Será distinto el escenario si Argentina apuesta al superávit fiscal, a una negociación con consenso entre los acreedores o si toma una decisión unilateral. La primera vía sería milagrosa en términos económicos: para pagar tal como está estipulado, el Estado debería tener un saldo primario favorable del 3% del PBI, convencer a los exportadores de que liquiden cerca de U$S 20 mil millones de una hipotética balanza comercial récord y evitar cualquier fuga de divisas del sistema.

Mientras Juntos por el Cambio omitió el tema en su campaña, el Frente de Todos reflotó la receta de Uruguay, que en 2003 logró que los acreedores aceptaran postergar sus cobros, recibiendo sólo los intereses, hasta que el país recompuso su capacidad de pagar. "Ojo, ninguna solución se puede traspolar a otro país", aclaró Alberto Fernández. En su entorno admiten que Argentina necesitará más financiamiento de los mercados por un tiempo (admisión de que no esperan un gran superávit de inmediato) y por eso no propician una renegociación más agresiva, que incluya quitas de capital.

"Si la economía arranca rápido, puede ser. Si no, habrá quita. Es lo más probable", dijo durante su campaña Roberto Lavagna, candidato por Consenso Federal. Y puso el acento en la necesidad de recuperar el aparato productivo: "Uno debe buscar la negociación más amigable posible pero tiene que estar dispuesto a decir hasta 'aquí llegamos' si lo que está en juego es el corazón del programa de recuperación económica", señaló.

De la discusión no está ausente el Fondo Monetario Internacional, que sostuvo al gobierno de Mauricio Macri hasta que en septiembre dejó pendiente un giro de U$S 5400 millones y aceleró el derrumbe del gobierno. Fernández consideró que la entidad es "corresponsable de la crisis" y espera que sus dirigentes también se sienten a renegociar. Sin quita de capital, con quita o con nuevos plazos, todo indica que se viene otra compleja rediscusión de la deuda argentina.  «

Nervios en la City y temor por el día después

El nerviosismo de los mercados durante los últimos días se tradujo en cotizaciones récord para el dólar y una sangría de reservas del Banco Central.

La divisa extranjera terminó en niveles muy altos y bien redondos: cerró a $ 60 exactos en el mercado mayorista y a $ 65 en el promedio de bancos y entidades financieras. El Central intentó calmar la cotización volviendo al viejo esquema de subastas que había pactado con el FMI y que dejó de aplicar en los convulsionados días post PASO. Por esa vía entregó U$S 570 millones entre jueves y viernes, pero tuvo tan poco éxito como con las ventas de contado que había realizado en los días previos. Desde el 10 de agosto, la entidad perdió reservas por U$S 22.800 millones.

La última jornada de negocios previa a las elecciones estuvo signada por versiones de todo tipo. La mayoría daba por sentada una profundización del cepo a partir del lunes, bajando el tope de compra autorizado de los actuales 10 mil dólares por mes a la mitad o aun menos. Otras consignaban el posible desdoblamiento del mercado, con un dólar para comercio exterior cercano al valor oficial actual y otro financiero, para viajes y atesoramiento, más cercano al precio blue y al contado con liquidación, que el viernes se operaron en $ 76 y $ 81, respectivamente. Además, no se descartaba un posible feriado cambiario para ordenar esos temas. En el Central no comentaron estos rumores y sólo informaron que la entidad reforzó la entrega de billetes a los bancos para atender una eventual demanda de dólares por parte del público minorista.

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