“Las estrategias se quedan cortas a la hora de mitigar la violencia machista”

Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género (UFEM), afirma que las medidas judiciales “no alcanzan para frenar la intención homicida”.
8 de marzo de 2020

Un día más, una mujer menos. Las estadísticas de femicidios relevadas por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven arrojan que en los dos primeros meses del año, una mujer fue asesinada por la violencia machista cada 23 horas. La cifra que asusta incluso empeoró en marzo. Sólo en los primeros tres días, seis casos más se hicieron visibles a través de los medios. Un femicidio cada 12 horas. A falta de estadísticas oficiales, salen de la prensa los registros con los que el movimiento de mujeres exige medidas para hacer realidad el Ni Una Menos. Allí también se consigna que 18 de las víctimas (el 27%) habían hecho una denuncia judicial que no fue suficiente para evitar sus asesinatos. ¿Y entonces?

“A veces las ordenes de restricción no alcanzan a frenar a alguien que tiene la intención homicida. El botón antipánico tampoco. En una medida extrema se puede ofrecer un refugio o una custodia policial, pero eso sólo dura un tiempo”, explica Mariela Labozzetta, fiscal federal y titular de la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM). “Esos son los recursos disponibles. Pero las estrategias se quedan cortas a la hora de mitigar los hechos de violencia”, reconoce en diálogo con Tiempo. En su oficina, creada en 2015, se trabaja específicamente para desplegar estrategias de investigación sobre los fenómenos criminales atravesados por las diferentes clases de violencia contra las mujeres.

De su experiencia agrega que “en muchos casos las fallas también tienen que ver con la desidia o las malas prácticas en la respuesta. Las unidades especiales están colapsadas y no pueden hacer el seguimiento o no hay patrulleros para hacer el recorrido preventivo. Entonces, hay una combinación entre  la dificultad de desplegar eficazmente los recursos y una situación donde la violencia no se detiene a pesar de todo lo que hacemos”, detalla.

Por eso, reconoce, “no estamos siendo capaces de detener la violencia machista, y la más extrema de esas violencias, que es la del femicida. Por eso hay que ir fortaleciendo todo el resto de las medidas. Revertir el sistema que genera la violencia: el sistema patriarcal y el anclaje cultural”.

Labozzetta explica que las medidas que hoy existen están vinculadas al modelo en que se despliega este tipo de violencias. “En su mayoría sucede en el entorno familiar o cercano, adonde muchas veces hay chicos de por medio, o una vivienda en común. Es una situación compleja que hay que abordarla desde distintas áreas del Estado. No alcanza con la justicia”, plantea.

Radiografía de la justicia

Las falencias en la prevención son las más importantes, ya que sus consecuencias cuestan vidas. Pero en el cambio de esta sociedad patriarcal es fundamental también la administración de justicia. En noviembre de 2012 se sancionó la Ley 26.791, que reformó al Código Penal para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios relacionados con el fenómeno de la violencia de género. Allí se amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo y el catálogo de crímenes de odio, incorporándose las figuras de femicidio y femicidio vinculado. Sin embargo, aunque existan herramientas para juzgar los delitos, eso no sucede.

Seis de cada diez homicidios de mujeres ocurridos en los últimos cuatro años en la Ciudad de Buenos Aires fueron femicidios. Estos asesinatos dieron lugar a 92 causas judiciales, de las cuales casi la mitad (48%) ya tuvieron condena, al menos en primera instancia. Según la UFEM, en 31 de esas sentencias correspondía utilizar la figura de femicidio. Pero sólo apareció en 16 fallos.

El dato forma parte del “Relevamiento del estado de las investigaciones por muertes violentas de mujeres y otras identidades femeninas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (años 2015-2018)”, un material elaborado por la UFEM que mide por primera vez los alcances y, en concreto, las respuestas del sistema de administración de justicia sobre estos casos en los juzgados de la Capital.

Tiempo accedió a este informe, cuyas páginas también detallan que en 15 causas en las que no se usó la figura de femicidio, la sentencia de los jueces utilizó el agravante por el vínculo o sencillamente recurrió a la figura de homicidio simple.

Los números dan cuenta de las dificultades que tiene la justicia para comprender la especificidad de un delito que ha estado tantos años invisibilizado.

Pero el informe también deja en claro algunas características que facilitan su identificación. Por ejemplo, en el 94% de las causas por femicidios, el autor del crimen está identificado, mientras que en el resto de los homicidios el porcentaje es sensiblemente menor: apenas el 62 por ciento. En tres de cada cuatro femicidios, además, el victimario “mantenía vínculos previos de proximidad familiar y afectiva con sus víctimas”. Las fallas son cada vez más visibles, lo que urge es dar respuestas. «

Lucía: un caso testigo de la justicia patriarcal

“La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú”. La frase del colectivo chileno Las Tesis fue pronunciada el jueves pasado dentro del Tribunal de Casación de La Plata. La recitó la abogada Florencia Piermarini en nombre de Lucía Pérez, la joven marplatense de 16 años que fue drogada, violada y asesinada en 2016. Se lo dijo “a los jueces que la condenaron”, en referencia al Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata, que presumió el consentimiento de la víctima, haciéndola responsable de su muerte. Y lo hizo en el marco del pedido de realización de un nuevo juicio por no haberse aplicado correctamente el código procesal penal de la Provincia.

El caso de Lucía sintetiza las múltiples dimensiones del Estado que intervienen en la administración de justicia en los casos de femicidios. Más allá de la sentencia de 2018, la presentación del pasado jueves ante la Cámara de Casación de La Plata expuso la doble vara del Ministerio Público. 


Por un lado, el fiscal Carlos Altuve planteó que el fallo del tribunal marplatense le daba vergüenza y que el propio poder judicial era parte del problema. Por el otro, los defensores oficiales le pidieron a la Cámara que no se dejen influenciar por la perspectiva de género.


“A la defensa pública de los imputados la escuchamos reproducir las palabras humillantes de la sentencia. Algo innecesario, porque se podría haber hecho sin reproducir palabra por palabra”, explicó a Tiempo Verónica Heredia, también abogada de la familia Pérez. Pero “todavía peor fue cuando dijo que tenía miedo de que los jueces fueran imparciales porque todo tenía que ver con la perspectiva de género, como si eso implicara que hay que vulnerar las garantías de los imputados. Eso no es así. Al contrario: estamos pidiendo ampliación de derechos. Nosotros creíamos que por ser mujer la defensora iba a disculparse, y al revés: redobló la apuesta poniendo en duda la imparcialidad de los jueces. Al punto que el presidente del tribunal le preguntó si lo estaba recusando”, detalló. En veinte días, Casación deberá resolver.















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