Los fenómenos climáticos extremos sorprenden cada vez menos y generan peores consecuencias. Sin embargo, el Estado sigue sin tomar medidas preventivas que podrían evitar estos desastres. 

«Por cada peso destinado a cuidar el ambiente, 16 se destinan a cuestiones que podrían dañarlo», asegura el informe «Presupuesto climático rumbo al 2017» de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Allí también se explica que mientras se desfinancia el presupuesto para evitar el desmonte, se subsidia a los productores sojeros que reemplazan bosques nativos por este monocultivo que afecta la capacidad de absorción del suelo. 

«Hay un 0,66% del PBI que Argentina pone en ambiente. Este porcentaje está en el promedio de la Unión Europea, pero el punto es cuánto destinamos a destruir el ambiente. Si no se muestra solamente una cara de la moneda. El 11% del PBI impacta negativamente», explica María Marta Di Paola, coordinadora en Economía y Política Ambiental de FARN.

El artículo 71º de la Ley 27.341 de presupuesto 2017 incluye mil millones de pesos como «Estímulo Agrícola del Plan Belgrano». Se trata de subsidios para productores de soja en Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja y Chaco. Casi todas estas provincias afectadas hoy por las inundaciones. La relación no es casual.

Según un documento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de 2008, «el cultivo de la soja avanzó sobre montes nativos, como el Bosque Chaqueño que se despliega en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe y noreste de Salta arriesgando la estabilidad de los ecosistemas».

Un estudio reciente presentado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) aporta mayores precisiones. «Las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE)», explica José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA. Los SE no solo pueden prevenir las inundaciones, sino que también permiten regular el clima, evitar la pérdida de suelo o hasta proveer alimentos y mantener la diversidad biológica. 

La ley de presupuesto destina más del triple de los fondos a la producción de soja en las zonas de mayor riesgo de deforestación que para la preservación de los bosques (297 millones de pesos). Luego del comienzo de las inundaciones, sin embargo, la Jefatura de Gabinete de Ministros corrigió esta asignación (que era la más baja desde la sanción de la Ley de Bosques) y aumentó en 300 millones los fondos. De todas formas, el presupuesto general lo deja apenas en un 8% de lo que corresponde por ley.

Como en toda acción del gobierno, además, siempre aparece un sospechoso negocio económico vinculado. Según denuncia Pedro Peretti, chacarero y exdirector de Federación Agraria, «el 80% de la soja que se produce en el Plan Belgrano lo explican no más de 50 empresas». Entre ellas menciona al productor individual que más soja siembra en la Argentina, el diputado nacional alineado con el PRO Alfredo Olmedo (115 mil hectáreas); a la familia Brito (más de 70 mil hectáreas); el grupo Soros (260 mil hectáreas) o Eduardo Elzstain (400 mil hectáreas), entre otros.

La falta de cuidados sobre las áreas protegidas también quedó expuesta recientemente en un artículo publicado por otro investigador de la FAUBA, Germán Baldi, en la revista científica estadounidense PeerJ. Allí señala que, con menos del 6% del territorio protegido, la Argentina está en el puesto 20º entre los 25 países de América del Sur y el Caribe en protección de recursos naturales. También comparado con los países del G20 estamos en el lugar 15 y en el 36 dentro de las 50 economías más desarrolladas del mundo. «