Las low cost podrían quedarse sin pista en la Base Militar de El Palomar

La jueza que lleva la causa realizará una Inspección Ocular el 8 de enero y se espera que resuelva la suspensión de las obras ya que no hubo estudio de impacto ambiental y porque el aeródromo está protegido como Sitio de Memoria.
5 de Enero de 2018

La jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, ordenó una Inspección Ocular en la Base Militar de El Palomar, donde desde octubre de 2017 se realizan obras para que comiencen a operar dos compañías low cost. La decisión de la magistrada se da antes de que se resuelva una medida cautelar –presentada en noviembre pasado por el abogado Lucas Marisi, que representa a los vecinos de la zona– contra la resolución 408/17 del ministro de Transporte Guillermo Dietrich que autorizó a FlyBondi (vinculada al vicejefe de gabinete, Mario Quintana) a operar vuelos comerciales con aviones Boeing 737 en 56 rutas aéreas desde el aeródromo El Palomar sin Evaluación Previa de Impacto Ambiental.

“Esto significa que la jueza va a ir a la Base para tomar contacto directo con las obras que se están realizando y así podrá corroborar lo que ya hemos probado con fotos: que no hay cartel de obra, que este es un Sitio de Memoria y que no hay un estudio previo de impacto ambiental”, dijo Marisi a Tiempo. Con estos elementos, “que constituyen una medida probatoria para que la jueza termine de corroborar lo que estamos denunciando”, Marisi espera que se pueda resolver la cautelar: “Esperamos que dé lugar, cancele las obras e impida el inicio de los vuelos”.

Vale destacar que el 26 de diciembre de 2017 la Base Militar de El Palomar fue incorporada al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) mediante el decreto 1092/2017 firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Dietrich, y publicado en el Boletín Oficial. Con esto, el gobierno nacional habilitó la utilización de la base para que las low cost, Fly Bondi y Norwegian Air, comiencen a operar este mes como estaba previsto.

Lo curioso es que el día anterior a la firma de este decreto, la Dirección Nacional de Sitios de Memoria que integra la estructura del Archivo Nacional de la Memoria que depende del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, informó al juzgado de Forns que la Base de El Palomar es un Sitio Protegido por la Ley 26.691 (Ley de la Memoria), tal como se había denunciado en el amparo.

La Inspección Ocular de Forns será el lunes 8 de enero a las 11 de la mañana y desde el colectivo de vecinos de Hurlingham, Tres de Febrero y Morón que presentaron el amparo invitan a una concentración en el lugar “para que la jueza también escuche nuestro reclamo”, enfatizó Marisi.

Además, otro de los motivos por los que se pretenden detener las obras es que se podrían estar destruyendo prueba de causas de lesa humanidad que se encuentran actualmente en trámite, lo que podría incluso derivar en la apertura de nuevas causas penales. Es que en la Base Aérea de El Palomar operó la Fuerza de Tareas 100 que operó en el circuito represivo clandestino conformado por una decena de centros de detención clandestina, entre ellos la “Mansión Seré”, las brigadas aéreas de Palomar, Morón y Moreno, y El Chalet del Hospital Posadas. Ante esto, la Dirección de Sitios de Memoria libró un oficio al Juzgado Federal N°3 del juez Daniel Rafecas para que tome conocimiento.

“No hay alternativa más que parar todas las obras. El propio Poder Ejecutivo mandó un oficio en el que dice que no se pueden hacer porque se podrían destruir esas pruebas”, subrayó Marisi, aunque denunció: “Las obras siguen porque hay una decisión del gobierno de concretar el hecho consumado y hacer irreversible la cuestión. Pero además porque hay un negociado: las obras las realiza desde octubre Aeropuertos Argentina 2000 –sin cartel de obra, sin licitación, papeles ni contrato– que recibió la concesión de este aeropuerto trucho. Porque las llaman low cost pero en realidad es un aeropuerto trucho porque no cumple con las medidas de seguridad requeridas para operar y que va a ser un 70% más barato que en Aeroparque o Ezeiza”.

Finalmente, Marisi pidió por la celeridad de la jueza: “Queremos que actúe rápido porque estamos ante un acto ilegal e ilícito con el que están poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Es una aberración ambiental, urbanística y sanitaria”. Y cerró: “Nos jugamos la salud y la vida en esto”.

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