Las organizaciones sociales denuncian una represalia encubierta

Es por el intento de transformar los programas Argentina Trabaja en proyectos de capacitación y disolver las unidades ejecutoras.
27 de Febrero de 2018

La ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley dio a conocer sus intenciones de modificar radicalmente la estructura, modalidad y carácter de los programas sociales vigentes que actualmente dependen de su cartera. 

Los alrededor de 400 mil beneficiarios de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen serán sometidos a una auditoría para evaluar su nivel educativo con el propósito de transformar esos programas en nuevos proyectos, ahora, de capacitación. Los mismos pasarían a denominarse “Hacemos Futuro” y buscarán cubrir la educación formal obligatoria y la “formación integral”, presumiblemente asociada a capacitaciones en oficios y técnicas. 

En los hechos esa transformación implicaría la disolución de las unidades ejecutoras vinculadas a los programas vigentes que están bajo el control de las organizaciones sociales. Las mismas cumplen el papel de administrar las cooperativas de trabajo que integran los beneficiarios de los planes y que realizan diferentes tareas, muchas de ellas a través de cuadrillas que  reemplazan al personal municipal bajo convenio. Las unidades ejecutoras administran presupuestos para comprar insumos y herramientas de trabajo y destinan parte de esos fondos para su propio funcionamiento.

Si bien la propia Stanley en declaraciones radiales lo desmintió, para las organizaciones se trata de “una respuesta por la participación masiva en la movilización del 21 de febrero” tal como señaló a este diario Daniel Menéndez Coordinador Nacional de Barrios de Pie una de las organizaciones del denominado “tridente de San Cayetano”.

El dirigente, además, opinó que “esencialmente es una política de ajuste del presupuesto que se destina para las políticas sociales. Lo enmascaran con una contradicción con la supuesta capacitación que no es tal.”. 

La realidad, según Menéndez, es que “las políticas que generan empleo y financian emprendimientos productivos son más costosas mientras que hacer que los beneficiarios terminen sus estudios es más barato”. 

Para Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, otra de las organizaciones sociales con gran capacidad de movilización, “se trata de una crisis enorme. Con la modificación del régimen de los Argentina Trabaja sacan una inmensa caja que son las unidades ejecutoras que existen desde la época del kirchnerismo. Es un cambio que no deja cooperativa en pie. Le quieren meter la mano a las organizaciones como si fueran las obras sociales para los sindicatos”, graficó.

Pero además, según Belliboni, este cambio de política “pone de relieve el fracaso del Plan Empalme”, en referencia al programa que el gobierno resolvió mediante un decreto en mayo de 2017 y mediante el cual los beneficiarios de distintos programas sociales podían ser incorporados a la planta de empresas privadas manteniendo ese subsidio por un período de hasta 2 años que sería contabilizado como parte del salario de convenio.  Es que, continuó, “la capacidad ociosa de las empresas en la Argentina llega a un 50 o 60%. Por eso no se crean fuentes de trabajo, hay un problema más de fondo.”.

Para Menéndez, el gobierno “además de generar un ahorro y golpear a los movimientos sociales” busca “fortalecer una salida a los problemas sociales de tipo individual en detrimento de una organizada comunitariamente”. 

Belliboni reclamó que “ante la miseria social que existe exigimos la apertura irrestricta de los planes. Por supuesto que privilegiamos los puestos de trabajo pero mientras tanto tiene que regir una apertura irrestricta y un aumento de los montos para equiparar la pérdida por la inflación”. 

Menéndez adelantó que mañana definirán, junto con las organizaciones que componen el tridente, la respuesta que darán ante esta decisión. Belliboni por su parte aprovechó para realizar un llamado “a todas las organizaciones sociales a un plan de lucha en conjunto por las bajas que se están produciendo de a decenas de miles en todo el país. Contra el ajuste brutal por el lado de los programas sociales y contra el ataque a las organizaciones que tienen cooperativas, por el aumento de los montos, por los puestos de trabajo y la apertura irrestricta de todos los programas”.

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