Las pensiones por discapacidad que nunca se restituyeron

A dos meses del escándalo, siguen los obstáculos para recuperar el beneficio, sobre todo para las 90 mil personas que en 2016 dejaron de percibirlo. En Desarrollo Social dicen que las evalúan "una por una".
12 de Agosto de 2017

Para David Jara, el invierno es un padecimiento extra. "Vivimos en una casilla –cuenta– a la que le entran el agua y el frío. La madera está llena de humedad, que le hace mal a mi mujer porque es asmática. No puedo hacer ningún arreglo. Si ni siquiera llegamos a fin de mes".

David tiene 26 años y una discapacidad del 76% a raíz de un retraso madurativo. Hace seis meses dejó de cobrar los 4400 pesos de una pensión no contributiva que le permitía, entre otros alivios, comprar remedios, comida y pagar la cada vez más abultada tarifa de luz. A David nadie le explicó por qué el Estado dejó de depositar dinero en su cuenta. Supo hace dos meses, cuando estalló el escándalo de la quita de unas 70 mil pensiones por discapacidad bajo el argumento de un supuesto cruce de datos elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social –que se sumaban a la baja de otras 11 mil destinadas a madres con más de siete hijos–, que él no era el único perjudicado. También se enteró, días después, de que el gobierno había dado marcha atrás con la medida al escuchar de boca de la propia ministra Carolina Stanley la promesa de restablecer –de manera urgente– las pensiones suspendidas.

Pero David sigue esperando. Desde su casilla en Villa Amelia, Merlo, dice que si no fuera por la ayuda de la madre, las cosas irían peor. "Mi mamá es jubilada, así que me ayuda con lo que puede, me compra un poco de comida, o me carga la SUBE para que me pueda mover, pero la verdad es que vivimos ajustadísimos. A veces tengo que pedir fiado en el almacén para poder seguir comiendo", explica.

En el último año y medio, la cartera que conduce Stanley suspendió y eliminó unas 173 mil pensiones por invalidez –en 2016 ya se habían dado de baja alrededor de 90 mil– mediante el uso de un decreto de la época menemista que implica un endurecimiento en las condiciones de acceso a ese derecho. Las pensiones dejaron de pagarse a estos beneficiarios de un día para el otro, alegando como argumentos que tenían un porcentaje de invalidez inferior al 76%, que habían conseguido algún empleo –aunque fuese temporal– o contaban con un mínimo ingreso o capital en el hogar, como podría ser un auto usado. En ningún caso hubo un aviso previo o la posibilidad de demostrar lo contrario.

De acuerdo con las fuentes consultadas, de las 83 mil pensiones dadas de baja en 2017, buena parte ya fueron restablecidas. Sin embargo, las que se quitaron a lo largo de 2016 (otras 70 mil) aún no se restituyeron. Desde el Ministerio de Desarrollo Social justifican que "las están evaluando una por una".

A pesar de la promesa de dar marcha atrás con la cuestionada quita de pensiones por discapacidad, el gobierno apeló una medida cautelar que ordenaba restablecer los derechos suprimidos. De esta manera, se negó a cumplir con una resolución judicial.

La eliminación de la asignación no solo implica dejar de cobrar, en promedio, poco más de 4000 pesos para quienes tienen problemáticas graves que les impiden mantenerse económicamente, sino también la suspensión de otros beneficios asociados, como la devolución del IVA para consumo familiar y medicamentos gratis (para quienes lo necesiten), entre otros derechos adquiridos.

A pesar de su situación apremiante, David agradece a Dios que no le hayan sacado la pensión a su esposa hipoacúsica. "Es la única entrada que tenemos –dice–, pero no alcanza. Espero que el gobierno me pueda devolver la pensión porque ya no puedo pagar los impuestos. Quiero creer que lo va a hacer, porque nunca hay que perder la fe".

En desventaja

El decreto de 1997 que desempolvó el gobierno, y que durante el kirchnerismo se "acomodó" para reparar la situación de 1,6 millones de personas, reclama un porcentaje de invalidez superior al 76% acreditada por la ANSES. Pero más allá del purismo del porcentaje, de lo que se trata (por lo menos en una concepción inclusiva) es de beneficiar a personas que se encuentran en desventaja en el mercado laboral y en la vida cotidiana, por padecer enfermedades como HIV, cáncer, esclerosis múltiple, problemas visuales o auditivos severos, retrasos madurativos, autismo o trastornos de desarrollo, entre otras. 

Pablo Coronel tiene 26 años y su diagnóstico detalla que sufre de hipoacusia mixta y neurosensorial bilateral. Desde los 15 años cobraba una pensión por discapacidad, pero en junio de 2016 consiguió emplearse en la Municipalidad de Quilmes y el beneficio le fue retirado. Sin embargo, en diciembre del mismo año, una "reestructuración" lo dejó en la calle junto con otros compañeros. Desde entonces tramita la restitución de la pensión, sin suerte.

Con señas, y gracias a la intervención de una intérprete, Pablo comparte con Tiempo su dura cotidianeidad. "Había empezado a construir arriba de la casa de mis padres para mudarme con mi mujer –Pablo se casó con una mexicana que también es hipoacúsica–, pero sin la pensión no pude continuar con la obra. Toda la familia vive con lo que gana mi papá manejando un taxi, que no es mucho. Para mí es muy triste lo que está pasando, porque me quitó el sueño de independizarme. No me gusta sentirme un mantenido".

A diferencia de Pablo, Rosa Monje tiene dificultades para oír, pero coinciden en algo: ella también perdió su pensión por invalidez. Rosa dice que por necesidad debió salir a vender estampitas en la línea C del subte porteño. No cuenta nada más porque empieza a llorar. Con señas, le dice a Pablo que le da vergüenza contar lo que está sufriendo. «

"Se están quedando con las manos vacías"

"Mucha gente del interior del país sigue sufriendo la pérdida de los beneficios que le quitaron el año pasado. A esa gente se le suspendió la pensión sin notificación alguna. Los casos más graves se dan en las provincias linderas con países limítrofes, donde el Estado no cumple con la ley que establece el pago de subsidios porque consideran que no son argentinos. Con esa excusa, hay mucha gente que sigue sin cobrar", explica Christian D'Alessandro, abogado previsional y director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón.

Para el especialista en derecho previsional, en provincias como Misiones, Formosa o Entre Ríos, "la gente se está quedando sin nada, con las manos vacías", porque "no son visibilizados".

"Con la excusa de la otorgación de pensiones truchas, están pagando justos por pecadores. La gente en las provincias se quejan de que tienen que hacer distancias grandes para llegar a una oficina de Acción Social o llaman a las líneas gratuitas y después de pasearlos por todas las opciones, les terminan cortando."

D'Alessandro calcula que todavía existe un rezago de unas 70 mil personas a las que no se les restituyó la pensión quitada durante 2016. "Toda esa gente hoy está viviendo sumergida en la miseria, con una inflación altísima y los beneficios suspendidos. Esa es la consecuencia de la política de ajuste de este gobierno, aplicada contra los sectores más vulnerables, convirtiéndolos en ciudadanos de cuarta", concluye el especialista.

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