Las empresas de medicina privada avanzan en negociaciones con el gobierno nacional para ampliar los copagos, una vieja ambición de las prepagas. En 2014, luego de una dura batalla, tuvieron que dar marcha atrás. Ahora, volvieron a la carga. 

En lo que va del año, las prepagas consiguieron la venia de las autoridades para aumentar los aranceles en un 23,9%, contra una inflación acumulada del 15,4%. El año pasado, las subas alcanzaron el 43,5%, contra una inflación del 40%. En la era Macri, las prepagas lograron aumentos de las cuotas del 69% versus un 61,5% de inflación. Sin embargo, cada vez que pueden se quejan de sus problemas de financiación. 

Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (Cimara), que cuenta entre sus socios a Swiss Medical, Galeno, Omint, Medicus y Medife, entre otras de las más grandes, resumió a Tiempo la postura de las empresas: «La medicina prepaga está muy preocupada porque los progresivos aumentos de costos médicos, producto de las nuevas tecnologías, y la ampliación del Programa Médico Obligatorio (PMO) hacen que la cuota en el futuro sea difícilmente afrontable por los asociados». 

Díaz Mathé detalló que «las empresas están abocadas a buscar algún tipo de mecanismo por el cual se pueda controlar esa situación. Ese mayor costo médico se puede controlar a través de copagos o de una agencia de tecnología sanitaria que determine qué procedimientos corresponden o no». Es decir, desalentar el uso de las prestaciones al arancelarlas. 

El titular de Cimara informó que de las reuniones entre funcionarios del gobierno y ejecutivos de las prepagas ha surgido «un documento en el cual hablan de estructura de planes, de modificaciones en la ley de medicina prepaga, de modificaciones tributarias, etc. Es un combo bastante importante». 

Tiempo intentó corroborar estas afirmaciones con la Superintendencia de Salud, pero allí respondieron no tener opinión sobre el tema. 

Con respecto a las posibles modificaciones en el sistema de salud con la implementación del CUS (ver nota principal), Díaz Mathé expresó: «Entiendo que las empresas prepagas no deberían tener ningún rechazo. No hemos conversado ese tema en reuniones. Pero no habría dificultad con que haya una base de datos unificada de salud». 

Uno de los aspectos del CUS es la reducción del PMO. Díaz Mathé aseguró que «para nada (se discute esa reducción). Sí es cierto que cuando alguien diga ‘hay que cubrir tal enfermedad’, primero se debe certificar por una autoridad competente que determine si corresponde la cobertura o no. No lo pueden decidir los legisladores por sí mismos. Además, eso debe venir acompañado con un plan de financiamiento». 

Desde los organismos de defensa al consumidor, expresaron preocupación al respecto. Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), apuntó: «Las prepagas querían aumentar, antes de fin de año, un 5% más o extender los copagos; es decir, tener más beneficios, en contra del consumidor». Y agregó: «No puedo confirmarlo, pero los rumores son fuertes. Entiendo que las prepagas están negociando esto con la Superintendencia de Salud». Para Bassano, «el problema es también que no citan a las organizaciones de defensa al consumidor ni a los usuarios. Deciden estas cosas entre ellos». 

Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor (CEC), apuntó contra las quejas constantes de las prepagas: «Cuesta creer que tengan problemas financieros. De hecho, algunas tienen la posibilidad de expandirse a otros rubros como la televisión. Si Belocopitt (Claudio, dueño de Swiss Medical y del 40% de América TV, entre otras empresas de diversos rubros) puede comprar un canal de televisión, no creo que esté al borde de la quiebra», subrayó. «Existe mucha preocupación por parte de los consumidores. Los aumentos que les están autorizando son mucho más altos que la inflación», dijo y señaló que ello sucede mientras «se produce un montón de incumplimientos por parte de las empresas, sobre los cuales el gobierno hace caso omiso. No aplican sanciones ni multas o si las aplican son muy leves». «