Las salas argentinas pierden diversidad y producción local

Las distribuidoras majors acaparan casi el 80% de las pantallas y postergan a las películas nacionales. Al mismo tiempo, según una denuncia del Doca, el cambio en las políticas de fomento del Incaa producirá este año una caída de más del 50% en los estrenos propios.
2 de Junio de 2018

Lejos de los tiempos en que las historias locales invadían las carteleras de las salas de cine de todo el país, el aquí y ahora de la industria cinematográfica local se encuentra en una situación crítica. A la hora de ofrecer un análisis de todo lo mucho y malo que le sucede al sector, son varios los factores que inciden para hablar de un presente muy complicado del cine nacional. 

A la siempre presente falta de rigor de las autoridades nacionales para hacer cumplir la Ley de Cine –que impone una cuota en pantalla del 20% de películas nacionales– se suman la concentración de las cinco distribuidoras grandes (conocidas en el ambiente como majors, todas en manos de gigantes comunicacionales como Warner, Disney, UIP, Sony y Fox) que ignoran casi todo tipo de propuestas que no lleguen desde sus casas matrices. Este último dato no es menor ya que son esas mismas distribuidoras las que reparten la gran mayoría de los estrenos semanales disponibles en las salas de todo el país. 

Como último ingrediente poderoso pautado para 2018, la penosa situación actual del Incaa (ver recuadro) llevará a la producción de películas locales de 200 a sólo 80, según reveló el colectivo Documentalistas Argentinos (DOCA) días atrás.

En términos referenciales la actual preocupación encontró su primer pico de tensión en diciembre pasado, cuando las autoridades del instituto  informaron que no disponían de fondos para atender solicitudes de créditos para la realización de películas hasta 2019 y que durante 2018 se implementaría un régimen especial de anticipo de subsidios para evitar la interrupción del acceso al financiamiento para los filmes que tuvieran "crédito en trámite sin ejecución" o con "solicitud de crédito". Semejante cóctel de medidas movilizó y por estos días sigue movilizando a los profesionales del cine ante un peligro evidente: el cine argentino padece un ajuste profundo. Al mismo tiempo, representa la punta de un iceberg que hiere cada vez más y con fuerza a la industria vernácula, a sus participantes y al acervo cultural local.

"Desde las primeras medidas en el cambio de gestión de las autoridades del Incaa,  nosotros presentamos un escrito al instituto porque era obvio que no sólo íbamos a tener problemas para producir en este contexto sino para distribuir y comercializar nuestros contenidos en la totalidad de las pantallas argentinas. La realidad es que no hubo cambios al respecto, la cantidad de películas nacionales que llegan a las salas es muy menor a las que se deberían porque hay poca voluntad de hacer cumplir la Ley de Cine, que es la que exige una cuota de pantalla en los cines nacionales para nuestras películas. Un 20% de la oferta tiene que ser películas argentinas, pero no es así en la mayoría de los casos. Tampoco se cumple el artículo 67 de la Ley de Medios que obliga a los canales de televisión a comprar los derechos de emisión de películas argentinas y a emitirlas en horario prime time. Todo eso no viene siendo cumplido por los canales de televisión abierta", afirma Guillermo Tello, presidente de Directores de Obras Audiovisuales para Televisión (DOAT).

En cuanto a las posibilidades de exhibición y permanencia de un film nacional se vuelve evidente la necesidad de poder contar con la instancia de llegar con la misma cantidad –o al menos a una cifra similar– de pantallas que ostenta un estreno de Hollywood, hecho que en rigor de verdad casi nunca sucede en Argentina. En ese terreno, la intermediación de las distribuidoras se vuelve un imperativo para que una película sea vista y de esa manera logre prolongar su permanencia en las carteleras. "La distribución de cine nacional en manos de majors explotó cuando en 2011 el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno obligó a estas empresas a estrenar cine argentino. A partir de ese momento las compañías americanas (entre ellas especialmente Buena Vista, dependiente de Disney) descubrieron que el cine argentino, o más bien una pequeña parte de él, podía ser también un buen negocio, y al mismo tiempo una forma de aprovechar la capacidad ociosa de sus estructuras entre los estrenos de sus productos globales. El poder de fuego de las majors, para ofrecer adelantos a los productores o para negociar condiciones con las salas hizo el resto, sobre todo para que hoy en día no haya casi películas argentinas muy comerciales distribuidas por empresas independientes. Un ejemplo: Distribution Company, histórica distribuidora independiente y una de las más afectadas por esta política, estrena en 2009 El Secreto de sus Ojos y vende 2.400.000 entradas, estableciendo un record para el cine nacional. Hace apenas unas semanas, y después de 20 años de funcionamiento, Distribution Company cerró sus puertas. Hoy las majors estrenan unas 15 películas argentinas por año (un poco menos del 10% del total), dedicándose casi con exclusividad a las de mayor potencial comercial como las  películas de Darín, Francella, Suar y no muchas más", explica Manuel García, distribuidor responsable de Cinetren.

Quien mucho sabe de la injerencia de la distribución es la directora Anahí Berneri, reciente ganadora de la Concha de Plata en la última edición del Festival de San Sebastián por su película Alanis. “Hay muchas trabas para hacer cine en la Argentina y la distribución de las películas es un gran problema. Con el estreno de mi película tuvimos sólo 17 copias en todo el país y sólo dos de ellas en capital, mientras que el tanque de Hollywood con el que competíamos en ese momento tenía 400 esparcidas por todo nuestro país. Si bien agotamos entradas y quedó gente afuera, la competencia es más que desigual. Sin una legislación que proteja los lanzamientos nacionales que sume pautas claras de exhibición para todos, ya sea producciones nacionales como internacionales, el cine nacional en nuestro país jamás van a funcionar”, subraya la realizadora.

Fernando Krichmar es cineasta y documentalista integrante de la Asociación de Documentalistas Argentinos (DOCA). Para él como para muchos, la única solución es obligar a las multisalas a cumplir con la cuota de pantallas y garantizar que pasen cine nacional bajo amenaza de aplicación de multas. “No se ha logrado nunca y mucho menos sucederá en esta administración, sabiendo que en un alto porcentaje de las salas están en manos de las majors y las distribuidoras internacionales. Un buen ejemplo es la película Yo, Sandro, estrenada a comienzos de este mes. Al director le prometieron 20 salas y finalmente le dieron sólo una. La película es bárbara y engancha hasta a los que no les gusta Sandro. Lo que pasó es que no la vieron más de 2000 personas. Así es imposible", concluye Krichmar.  «  

Denuncias de corrupción en el instituto 

La actual situación del Incaa tiene en pie de alerta a toda la comunidad del cine nacional a raíz de las continuas novedades que dan cuenta de falencias, errores y desprolijidades en el manejo de la entidad.  La semana pasada se conoció una denuncia anónima que daba cuenta que desde enero a abril del corriente año la entidad gastó más de 6 millones de pesos destinados a paliar gastos de librería e imprenta y que las compras se realizaban de manera separada para sortear una licitación. Según la resolución del Incaa 1264/16, las compras no superiores a los 500 mil pesos pueden realizarse de manera directa pero en este caso fueron divididas para evitar el control de las autoridades. El presidente del Incaa Ralph Haiek, ordenó el martes pasado la suspensión de los pagos pendientes y sumarios para Bernardo Bergeret (gerente de relaciones internacionales) y otros implicados, mientras que la única despedida fue la empleada Sandra Menichelli. Días más tarde renunciaría a su cargo Nicolás Yocca (quien había autorizado todos los pagos) que había sido designado en agosto pasado por Haiek para limpiar los supuestos focos de corrupción que la entidad conservaba por su anterior administración.

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