Las voces de la carpa indígena por la Ley de tierras

Representantes de comunidades aborígenes acampan desde el sábado. A pesar de la promesa oficial de votar la prórroga que frena los desalojos, no bajan la guardia y reciben a todos los que pasan a solidarizarse.
27 de Septiembre de 2017

Desde el sábado pasado, representantes de comunidades indígenas han instalado una carpa, mirando de frente al Congreso de la Nación, y se quedarán al menos hasta el miércoles, cuando al mediodía el Senado decida prorrogar (o no) la Ley 26.160 que frena los desalojos de sus tierras ancestrales.

Wichís, tonocotes, diaguitas, guaraníes, aymaras, mapuches, entre otros, sentados en ronda, se presentan a sí mismos y cuentan sobre sus comunidades. Algunos recién llegan, otros están desde el sábado. Muchos se ven por primera vez. Todos reclaman que se renueve la ley, que el gobierno nacional jugó hasta casi el final con no prorrogar. Las últimas noticias que dejó trascender el oficialismo es que votaría la renovación.

Una de las presente es Octorina Zamora, niyat (autoridad) wichí de Embarcación, en el portal del chaco salteño. Sentada frente a la carpa relata la historia de su pueblo y explica que pertenece a la parcialidad “chouejwos, que son los sobrevivientes del gran diluvio”. Sin embargo, su preocupación se centra en que la ley de territorios salga sin ninguna modificación, y en que “más bien el gobierno debe preocuparse porque tenga el presupuesto que tiene que tener para llevar adelante el trabajo interrumpido tras toda esta discusión descarnada a la que nos someten”.

En los últimos días, la presión de agrupaciones de pueblos originarios y organizaciones internacionales como Amnistía, sumada a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que dio gran visibilidad al problema de los territorios, pese al esfuerzo del gobierno por ocultarlo, hizo torcer el brazo oficial. Sin embargo, las comunidades no bajan la guardia y esperarán hasta el miércoles a que este primer paso –aún falta que pase en octubre por Diputados– se concrete.

“La persecución contra el pueblo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado –explica Octorina– pone el foco de la prensa y de todo el país en el sur, y eso distrae la mirada de lo que nos pasa en el norte, donde estamos sufriendo desalojos y expulsión de comunidades. Sobre todo en el Yuto, que es una finca donde había habitantes milenarios que vivían ahí, y se los fue desalojando pese a la ley, y hoy viven a la vera de la ruta 81.”

El Yuto SA, mencionado por Octorina, es un complejo agroindustrial de producción de soja en el departamento de Rivadavia, Salta, que fue adquirida en 1997 por Mauricio Macri, Nicolás Caputo, el diputado nacional Pablo Torello, y empresarios amigos del colegio Cardenal Newman. Un caso claro en que se compró tierra con gente dentro y luego se la desalojó, la sojización de la explotación agroindustrial expulsó sin consecuencias legales a los habitantes, esos que ahora viven “a la vera de la ruta 81”. En esa empresa están involucrados capitales israelíes y chinos, además de los socios de Socma. En la provincia gobernada por Urtubey, la situación es todo menos fácil para los pueblos originarios.

“A nosotros nos pasan de ley en ley mientras que a los empresarios argentinos o extranjeros se les dan todas las oportunidades. Ahora, en Salta, la Ley provincial 7658 (que impide el desalojo de campesinos que no pudieron regularizar sus tierras y que se prorrogó sólo hasta fin de año) indirectamente nos impone más límites. Nos afecta porque entre los campesinos también hay pueblos indígenas y mestizaje.”

“Salta es de los mayores terrófagos que tiene Argentina, este gobierno se alineó a Macri y se convirtió en un enemigo de los pueblos indígenas por su racismo y su voracidad.” ¿Terrófagos? “Sí, se comen toda la tierra –explica riéndose Octorina–. No tenemos nada que negociar, corresponde que nos devuelvan nuestros territorios. Todavía hay muchas comunidades que no son reconocidas. Es mínimo lo que estamos pidiendo.”

A un lado, Quilla Coque es una quechua aymara que vive en Buenos Aires: “Nos echan de nuestras tierras como si nosotros fuéramos los usurpadores. Muchos de los que vivimos en las ciudades fuimos corridos por la falta de tierras y oportunidades. A los que quedan allá les desvían los ríos, les contaminan la tierra, qué más esperan de nosotros. Esto muestra que la conquista no terminó.” Quilla reclama que la ley sea definitiva y se dé el título a sus territorios. “En nuestros pueblos queremos vivir bien y que el Estado se encargue de hacer respetar la Constitución.”

De las más de 1500 comunidades relevadas, y que aún pueden ser más, apenas 460 cuentan con el visto bueno del INAI. Por eso, Octorina Zamora también expresa su temor a que “el entreguismo del gobierno sea parte de un plan en el que el INAI le entregue los datos de las comunidades a Tierras Rurales para que se las entreguen a extranjeros”.

Razones para ese temor no le faltan, para muestra alcanza el decreto 820 del año 2016 que modificó la ley “de tierras rurales” (26.737) y eliminó restricciones para la venta de tierras a extranjeros. O la “pereza” en completar los registros catastrales, sin contar el abismo que hay entre el reconocimiento de la propiedad comunitaria y la nula entrega de títulos.

Gerónimo Campos es un camache (autoridad) quechua de Pozo Mozoj, llegó el lunes de su casa en Santiago del Estero, hace menos de un día empujaba su moto para llegar a la ruta y tomar el micro que lo trajo a la carpa, donde está rodeado de “hermanos” de otras comunidades.

Gerónimo contrasta su vivencia con las discusiones en el Congreso y se cuestiona: “No sé qué se les cruza por la cabeza para no aprobar. Si conocieran la realidad de las comunidades, esto no debería pasar. La realidad es difícil, en cambio, ellos allá (señala el Congreso)… Es medio duro de entender, porque la gente está muy preocupada. Acá sobre el asfalto todo es lindo, pero allá ni camino tenemos, llegar al asfalto no es fácil.”

Explica que toda su vida y cosmovisión se basa en el territorio. Y que si bien Santiago del Estero es una de las provincias en las que el relevamiento está más avanzado, es decir, tienen la carpeta técnica aprobada, pero sin el título, la relación con los gobiernos no es fácil: “Hasta el día de hoy la mentalidad de la conquista sigue. Y si el miércoles no sale la prórroga quedamos en la nada misma, porque allá sin la ley, sos boleta. Nos sacan así de rápido. Porque además la discriminación (una de las palabras que se repite) es muy fuerte, la frase más corriente es ‘ya no existen los indios’ o ‘mirá ese negrito con la vinchita’, pero atrás de la vincha están todas las familias, todos los chicos, todos los recursos de una comunidad. Y esa es la cultura de la gente.”

Mientras pasan las horas, más referentes siguen llegando, en la carpa ya están organizados. Amaru, un joven aymara que se encarga de atender a la prensa, insiste de buena manera en los puntos que reclaman las comunidades, además del cumplimiento de la Constitución y la prórroga de la ley, piden el cese de los procesamientos, las persecuciones y no se olvida de reclamar la aparición del “hermano solidario Santiago Maldonado”.

Que oficialismo y oposición hayan retrasado el acuerdo sólo trajo inquietud y ansiedad a miles de familias. Cada uno de ellos conoce los delitos y atropellos de los que son víctimas, directas o indirectas, aun con la ley vigente, y los conmueve pensar qué podría pasar sin su renovación.

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