El represor Antonio Musa Azar, que cumple cuatro penas a prisión perpetua, tres de ellas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, recibió este viernes el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, que le dictó la última condena a fines de diciembre último. Por su parte, el juez en feria Fermín Ceroleni dispuso la prisión domiciliaria para el ex militar Rafael Barrerio, condenado a prisión perpetua en 2008 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes

La resolución en favor de Musa Azar fue repudiada en duros términos por la Asociación por la Memoria , la Verdad y la Justicia, querellante en la causa.

La excarcelación solicitada por el hijo del represor, el abogado defensor Moisés Azar, argumentó la edad (tiene 81 años) y su estado de salud.

El pedido fue aceptado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y Carlos Lascano, integrantes del Tribunal que a fines de 2017 lo condenó a 22 años de cárcel por la denominada «Megacausa 3» por delitos de lesa humanidad, junto a otros 11 imputados.

Según la defensa, Antonio Musa Azar, considerado el jefe de la denominada «Gestapo santiagueña» que operó durante la dictadura, padece problemas de salud derivados de su diabetes y afecciones cardíacas.

El ex jefe de Inteligencia de la Policía santiagueña permaneció los últimos meses internado en el Hospital Neumonológico provincial y, previamente, cumplía condena en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto, al que había sido trasladado desde el Hospital Penitenciario Central I del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Los organismos de derechos humanos locales rechazaron lo dispuesto por el mismo Tribunal, que el 11 de noviembre pasado le había concedido la prisión domiciliaria pero que, a las 24 horas, la anuló por el reclamo de las querellas.

«En una clara maniobra de otorgarle este privilegio al genocida y haciendo caso omiso a nuestras presentaciones y a los plazos pautados el tribunal oral federal integrado por (los jueces) Domingo Batule, Carlos Lascano y Abel Fleming, son los responsables de que el genocida más grande de Santiago del Estero esté suelto», expresó hoy una declaración de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El abogado Pedro Orieta, de esa querella, dijo que Batule emitió el 3 de enero la resolución favorable a Asar, «adelantándose a los fundamentos de la sentencia, porque nosotros hemos conocido el veredicto el 29 de diciembre y han quedado los fundamentos para el 26 de marzo próximo».

«Batule incurrió en esta canallada judicial desde Salta», agregó. «Es una resolución arbitraria, antojadiza, en la que se autoadjudica la jurisdicción de los otros tribunales, porque Musa Azar tiene tres condenas a perpetua (en causas federales) y otra perpetua en tribunales de provincia», apuntó.

«Nosotros hemos presentado un recurso contra esa resolución del 3 de enero y hoy, sin tener en cuenta nuestra presentación, el Tribunal ha terminado ejecutando la domiciliaria, cuando ni siquiera la sentencia está completa», deploró Orieta.

Las querellas de los organismos de derechos humanos se oponen a la prisión domiciliaria por entender que la salud del represor puede ser atendida en el Hospital de Ezeiza, donde existe una unidad de alta complejidad y en la que permaneció varios meses internado.

Actualmente, Azar cumple cuatro condenas a prisión perpetua, tres de ellas por crímenes de lesa humanidad bajo su condición de jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero, cargo que ocupó antes, durante y después de la última dictadura.

La cuarta condena fue en 2008 en la causa conocida como «Doble crimen de la Dársena», los asesinatos en Santiago del Estero en 2003 de las jóvenes Patricia Villalba y Leyla Nazar.

En ese tiempo, Azar era secretario de Seguridad de la gestión de la ex gobernadora Mercedes Marina «Nina» Aragonés de Juárez.

En 2008, fue juzgado y absuelto en primera instancia por el robo seguido de muerte del ganadero santiagueño Oscar Seggiaro, pero la Cámara del Crimen de la Tercera Nominación lo condenó a cinco años de prisión por utilizar personal policial para tareas domésticas.

El beneficio de la prisión domiciliaria había sido solicitado por la defensa del represor en varias oportunidades durante los procesos orales que afrontó, pero siempre, hasta la Megacausa 3, le había sido denegado.

Fuentes judiciales indicaron que Musa Azar cumplirá prisión domiciliaria en su casa céntrica de avenida Moreno, entre Andes y Rivadavia, la misma en la que funciona el estudio jurídico de su hijo Moisés y en la que el represor contaba con una apreciable cantidad de pájaros y aves en cautiverio en jaulas de metal.

El caso Barreiro

El juez en feria Fermín Ceroleni dispuso la prisión domiciliaria para el ex militar Rafael Barrerio, condenado a prisión perpetua en 2008 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, durante la última dictadura.

La resolución del magistrado, con fecha de ayer y publicada en el Centro de Información Judicial, determina que Barreiro deberá cumplir la pena en su domicilio de la calle Cuba, en el barrio de Belgrano, de la Ciudad de Buenos Aires.

El magistrado fundamenta la medida en el estado de salud del ex militar, que, según se desprende de la conclusión médico legal, padece cáncer de próstata, problemas pulmonares y deterioro neurocognitivo severo, entre otras patologías, y que requiere tratamiento oncológico.

El escrito menciona fallos anteriores por situaciones similares y acude al artículo 10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660, “optando por la prisión domiciliaria para aquellos casos de internos enfermos cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no corresponde alojamiento en un establecimiento hospitalario”.

La resolución de Ceroleni dispone que “el interno Rafael Julio Manuel Barreiro continúe el cumplimento de la condena en prisión domiciliaria, la que se hará efectiva en la vivienda de la calle Cuba 2768, timbre D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” , y que sólo podrá salir con autorización del juez de Ejecución por cuestiones de salud.

Barreiro, ex oficial de inteligencia del Ejército, fue condenado en 2008 a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad en la causa por los crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería No.9, con asiento en la ciudad de Corrientes.

En ese mismo juicio también se condenó a los ex militares Juan Carlos De Marchi y Horacio Losito a la pena de 25 años, y al ex gendarme Raúl Reynoso a 18 años de prisión.