Le quitan $ 1500 millones al saneamiento del Riachuelo

El presupuesto 2018 reduce sustancialmente los fondos asignados para cumplir la sentencia de la Corte.
22 de Octubre de 2017

A pesar del fallo firme de la Corte Suprema que exige el saneamiento del Riachuelo, el gobierno nacional decidió recortarle más de 1500 millones de pesos en el Presupuesto 2018. En diciembre pasado, el máximo tribunal había ordenado a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) que intensificara el cumplimiento de la sentencia, pero con los fondos asignados para el año que viene, limpiar la mayor deuda socioambiental del país parece un horizonte cada vez más lejano. 

El ministerio que maneja el mayor presupuesto para el saneamiento es el de Ambiente, que conduce el rabino Sergio Bergman. Sus obligaciones van desde obras de infraestructura hasta planes sanitarios. En 2017 destinó al Riachuelo tres programas, que sumaron $ 2.590.409.250. En cambio, para el ejercicio 2018 le quitaron dos programas. Apenas figura "Desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza–Riachuelo", que contará con 1.918.896.295 pesos: $ 671 millones menos para el Riachuelo. 

Con esos fondos, Ambiente debe llevar a cabo “obras de infraestructura, minimización de las descargas industriales, la prevención de los daños con suficiente y razonable grado de predicción, saneamiento de basurales, plan sanitario de emergencia", entre otros objetivos.

Una necesidad soslayada es el mejoramiento de los desagües cloacales. La propia cartera afirmó que "hay aproximadamente 2.500.000 de habitantes sin servicio de cloacas, que descargan en tanques sépticos o en letrinas con pozos negros". Aunque el principal conflicto yace en "la considerable" cantidad de industrias que descargan sus efluentes en el Riachuelo, con una "notoria falta de cumplimiento de la legislación normativa existente", según admitían el año pasado. Esa conclusión ya no figura en el texto para 2018. 

Acumar viene de lanzar una medida que va en contra del mejoramiento de los desechos industriales. Durante sus cuatro meses de gestión al frente de Acumar, la hoy candidata a senadora Gladys González aprobó la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos de las empresas, y permitió nueve contaminantes que estaban prohibidos hace años, especialmente agrotóxicos. Figuran sustancias como DDT, Endosulfán y Heptacloro. Lo justificó en que pueden ser diluidas con agua. "Pero eso no es compatible con la realidad del Riachuelo, que es prácticamente un estanque; por más que diluyas en agua va a generar impacto. A pesar de la exigencia de la Corte, en lugar de mejorar, la normativa empeoró. No visualizamos una voluntad de control de industrias", expresa Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). "En términos de gestión, ha sido otro año de retroceso", agrega. 

En julio se cumplieron nueve años del fallo "Beatriz Mendoza" de la Corte Suprema, una habitante de Villa Inflamable, en Dock Sud, cuya salud estaba en peligro si continuaba el río en las mismas condiciones de contaminación. Pasó el tiempo y sigue igual. En el marco del 9º aniversario, se publicó un informe crítico a cargo de las organizaciones especializadas que integran el Cuerpo Colegiado, como FARN, CELS, Greenpeace y la Asociación Vecinos La Boca (AVLB), cuyo presidente, Alfredo Alberti, remarca: "Estamos muy disconformes. El control a las industrias es cada vez más laxo. De 1500 que contaminan, 500 dicen que se reconvirtieron. Y es mentira. Dan resultados positivos porque los parámetros son muy permisivos". Y denuncia la “ocupación ilegal del espacio público por parte de empresas, como Silos Areneros en la avenida Pedro de Mendoza, con la complacencia de las autoridades”.

Recuerda que uno de los principales factores que motivó la sentencia de la Corte fue el tema de salud de quienes viven alrededor del Riachuelo, aún desoído. Si bien diferentes estudios comprobaron la presencia de plomo en sangre en poblaciones cercanas al Riachuelo, se desconoce cuál es la población de riesgo. La Acumar nunca elaboró “un diagnóstico de base para todas las enfermedades que permita discriminar patologías producidas por la contaminación del aire, suelo y agua, de otras patologías no dependientes de aquellos factores y un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de tales patologías”, tal como lo dispuso la Corte en 2008.

“No se trata únicamente de limpiar el agua del cauce. La Cuenca requiere un plan de desarrollo integral con perspectiva de derechos humanos que tome en cuenta los diferentes procesos socio-territoriales (ecológicos, económicos, políticos, urbanísticos, sociales) que lo definen”, agrega en el informe Eduardo Reese, del CELS.

Provincia es clave. Allí está radicado el 70% de las industrias que contaminan y el 90% de los 390 basurales irregulares que, según datos oficiales, acumulan 1,8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos. Acumar planificó remover 267 de ellos. Sin embargo, "los informes de la Auditoría Interna mencionan que el 57% de los lugares intervenidos fueron reinsertos como basurales". 

En este contexto, el Ministerio del Interior y Vivienda, que dirige Rogelio Frigerio, también recortará su aporte a la causa del Riachuelo. En 2017, el programa "Hábitat Nación" destinó $ 305,6 millones para "acciones para el desarrollo habitacional y de infraestructura en la Cuenca", y en otro programa, "Acciones para el Desarrollo Habitacional y de Infraestructura en la Cuenca Matanza-Riachuelo", utiliza $ 1321,3 millones. La cartera invierte este año en el Riachuelo un total de $ 1.734.200.000. En el presupuesto 2018, esa cifra baja a 888,5 millones. 

A pesar de los incumplimientos judiciales, desde 2010 no hay sanciones. "Hace algún tiempo que la Justicia decidió hacer una suerte de vigilancia pasiva. La Corte mira más de lejos últimamente. Y la intensidad de la gestión es inversamente proporcional a la intervención de la Corte", dice Nápoli. Y completa: "Lo más urgente es establecer un verdadero plan de saneamiento, con intervención de las jurisdicciones, porque ni los municipios ni la Provincia están integrados en Acumar. Hoy es un proceso como de arena entre los dedos. No se sabe hacia dónde va". «


Relocalización paralizada

El Cuerpo Colegiado de las organizaciones ambientales destaca que "en materia de hábitat para los sectores vulnerados, la situación es altamente problemática". En 2010 se elaboró el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca, que previó 17.771 soluciones habitacionales. Sin embargo, sólo el 35% de los hogares fue realojado, en su mayoría antes de diciembre de 2015. En 2016 las obras se paralizaron, y recién se activaron en el segundo cuatrimestre de este año, según admitió el propio gobierno. Acumar está compuesta por Nación, Provincia y Ciudad. 

Durante el kirchnerismo, el gobierno porteño aducía que los retrasos se debían a que no le habilitaban terrenos. Pero en estos dos años de gestión PRO en los tres distritos, la situación no progresa. En la Villa 21-24 –que posee la mayor cantidad de familias afectadas– sólo el 12% fue relocalizado, la mayoría en zonas alejadas, sin todos los servicios. Y aun en terrenos contaminados, como el de las calles Cruz y Luna.

¿Vuelven a la carga por la incineración?

Un rumor corre fuerte entre las entidades ambientalistas: la Ciudad piensa lanzar un programa de incineración de residuos, algo que la ley de Basura Cero prohíbe (en un artículo que el PRO ya había intentado remover) y que va a contramano de las actuales políticas ambientales a nivel global. "Sería el fracaso total de la política de gestión de residuos, que debería consistir en una minimización de ellos, con separación en origen, reciclado y concientización en la población", enfatiza Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y acota: "Esa incineración está prohibida porque genera impactos a través de la liberación de contaminantes cancerígenos que provienen de la mezcla de la incineración, como dioxinas y furanos". Cada planta cuesta unos 500 millones de dólares.


Sergio Bergman

El del Riachuelo no es el único recorte que sufrió el Ministerio de Ambiente. También le quitaron el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que para 2017 tenía presupuestados $ 238 millones. Ahora el gobierno se lo traspasó al Ministerio de Seguridad.

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