Lenin Boltaire (sic) Moreno Garcés tuvo que apartar de su cargo a la vicepresidenta que él mismo había designado hace once meses, luego de sacarse de encima al que por fórmula presidencial había sido elegido en las urnas. En abril de 2017, Jorge Glas Espinel integró el dúo que Rafael Correa había armado para ser la continuidad de la Revolución Ciudadana que había comenzado con su llegada al Palacio Carondelet, en 2007, tiempos dorados de gobiernos progresistas latinoamericanos.

Pocos meses más tarde Glas fue involucrado en las investigaciones por coimas de la constructora brasileña Odebrecht y a casi cuatro meses de reasumir el cargo -había sido el último vice de Correa- Moreno lo exoneró del puesto. En su lugar fue designada, a «dedo legislativo», a María Alejandra Vicuña, una de sus aliadas extrapartidarias. Este miércoles, la mujer terminó renunciando luego de verse implicada en un escándalo por cobros indebidos de dinero.

Si el objetivo de Moreno al ungirse como presidente era desprestigiar la política, lo suyo no deja de ser un rotundo éxito: se puso de enemigo a quien lo nombró sucesor, Correa, que perseguido por un caso típico de lawfare y por ahora exiliado voluntario en Bélgica, la nación de origen de su esposa, se enfrentó con gran mayoría del partido que integraba; volvió a políticas neoliberales y acuerdos con los medios de comunicación oligárquicos; se puso en la vereda de enfrente del gobierno bolivariano de Venezuela; negocia autorizar una nueva base militar de Estados Unidos y además, está tratando de dejar al refugiado político Julian Assange a la buena de Dios. Lo que en el caso del hacker australiano implicaría que termine juzgado por violar una ley anti espionaje norteamericana de 1917 y, quién sabe, condenado a pena de muerte, por publicar documentos secretos en Wikileaks.

A poco de comenzar su mandato, en su momento considerado con una perspectiva favorable por el progresismo porque era el hombre de Correa, pronto se vio que el proyecto de Moreno estaba en las antípodas del hombre al que había acompañado como vicepresidente por cinco años.

De allí que ni bien la prensa hegemónica -ahora afines al oficialismo ya que Moreno reformó la ley de Medios de Correa- batieron el parche con la presunta injerencia de Glas en un hecho de corrupción con Odebrecht, Moreno lo echó, poniéndose el sayo de que no toleraría actos de corrupción en su gestión, a pesar de que el acusaado no había sido ni siquiera llamado a declarar.

El caso fue visto como una maniobra de quienes detrás del presidente en realidad esperan agazapados para tirarlo en la banquina. Esta sospecha de incrementó luego de la renuncia de Vicuña, a quien primero había suspendido en su cargo para «enfrentar las acusaciones». Si Moreno no satisface a los poderes que ahora lo sustentan podría él también terminar acusado, dejando el mandato en alguien que no fue elegido para el cargo por la ciudadanía. El puesto de Vicuña será para un personaje elegido dentro de una terna que Moreno enviará al Congreso. Por ahora sus funciones fueron tomadas por José Augusto Briones, secretario de Planificación y Desarrollo.

Vicuña fue denunciada por un antiguo colaborador suyo de cuando fue legisladora. El denunciante dice que ella la obligó a depositar en una cuenta bancaria una suma de dinero proporcional a lo que él cobraba. La primera reacción de la mujer fue pedir la suspensión del cargo hasta el 31 de diciembre para poder presentarse a declarar en la fiscalía que investiga el caso. Un día después- como el escándalo no amainaba- presentó directamente al renuncia para «dejarle las manos libres al presidente».

Correa, desde su residencia de Bruselas, argumentó que el caso Vicuña es para tapar una denuncia contra el propio Moreno, acusado de haber recibido el amoblamiento completo de la vivienda que ocupó en Ginebra entre 2013 y 2017, cuando volvió para ser candidato a la presidencia, de parte de la empresa Sinohydro, constructora de la represa Coca Codo Sinclair. «Pueblo ecuatoriano: alguien que traiciona, miente y reparte la Patria como lo ha hecho Moreno, necesariamente es un corrupto… Todo era cuestión de tiempo», dice Correa.

El exvicepresidente Glas, en tanto, fue detenido en octubre del año pasado pero como todavía está sin condena -él dice que no hay pruebas en su contra y que tiene cómo demostrar su inocencia- inició una huelga de hambre el 21 de octubre pasado. El Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel envió el lunes una carta el primer mandatario ecuatoriano en la que manifiesta su preocupación por la salud y la vida de Glas, «quien fuera trasladado desde el Centro de rehabilitación Social de Quito al de Cotopaxi (…) donde no contaría con las condiciones adecuadas para los tratamientos se salud y seguridad que requiere».

Por estos días también corre riesgo la salud de Julian Assange. El experto informático, creador del sitio Wikileaks y asilado en al embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, se convirtió en un personaje incómodo para Moreno tras la voltereta que dio el ecuatoriano desde su presidencia.

El lunes el diario New York Times publicó una novedad que ya circulaba en sitios habitualmente bien informados sobre negociaciones de Paul Manafort con el gobierno de Moreno desde que Trump ganó las elecciones en EEUU. El consultor había sido jefe de campaña del republicano por cuatro meses hasta que sus negocios con Rusia lo pusieron en la mira de los medios afines al partido demócrata, por lo que tuvo que irse para no complicar las cosas.

Eso no impidió que siguiera haciendo negocios, ahora como «contacto» con Trump. Con ese perfil llegó a Quito en junio de 2017 y se presentó ante Moreno, ofreciendo inversiones de una empresa china. Según los trascendidos, el novel mandatario le dijo que quería arreglar con EEUU y que estaba dispuesto a poner en la mesa de negociaciones a Assange, a esta altura acusado de haber sido el que filtró los mails de Hillary Clinton que le habrían acercado espías rusos y que circularon en medio de la campaña electoral limando bastante la imagen de la candidata republicana. Una maraña en la que el mismo Trump aparece como implicado.

El caso es que en diciembre pasado, Ecuador le dio la ciudadanía a Assange que, de acuerdo a planes de los que no se sabe si él mismo estaba al tanto, sería enviado a Rusia como representante del gobierno de Quito. Pero los británicos bloquearon esa posibilidad. Y además Manafort terminó juzgado por fraude y lavado de dinero -básicamente por sus negocios con los rusos -y en agosto encontrado culpable. Un mes más tarde aceptó declarar como arrepentido ante el fiscal que investiga el Rusiagate para reducir su sentencia. 

Lo increíble es cómo ese caso golpea incluso en las puertas del Palacio de Carondelet, la sede del gobierno ecuatoriano.