Lograron que uno de los suyos llegue a la presidencia

(Foto: AFP)
Por Martín Canevaro - Activista de 100% Diversidad y Derechos
6 de Enero de 2019

Quitar a la población LGBTI+ de los grupos protegidos del Ministerio de Derechos Humanos en Brasil es una medida reaccionaria para quitar derechos y protecciones básicas. La decisión está acompañada de un discurso de intolerancia y en un país con elevados índices de crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, funcionará como una legitimación oficial de la violencia institucional y social contra nuestra comunidad.

El conservadurismo religioso que pretende implantar el régimen de Bolsonaro chocará con más de dos décadas de desarrollo de políticas públicas y con un potente movimiento de lucha LGBTI+. Además, el Tribunal Constitucional brasileño reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a conformar familias y normas legales establecen que el "nombre social" de las personas trans debe ser reconocido. De hecho, Brasil se destacó por impulsar la no discriminación a la población LGBTI+ en distintos foros internacionales

Si, como las declaraciones y las primeras medidas de Bolsonaro sugieren, se confirma una política de hostigamiento y persecución estatal al movimiento LGBTI+, será imposible mantener una política de diálogo. La Fe y las creencias producen diferencias y suponen libertades, pero mientras nosotrxs buscamos equidad y libertad para todas las personas, el oficialismo conservador y religioso de Brasil promueve la imposición y prejuicios que generan exclusión, violencia y muerte.

Los conservadurismos religiosos, tanto católicos como evangélicos, han diluido sus diferencias para frenar al movimiento feminista y LGBTI+, y en Brasil, luego de encarcelar y proscribir a Lula –que sí apoyó políticas LGBTI–, lograron que uno de los suyos llegue a la presidencia. Para eso apelaron a imaginarios que establecen la superioridad de ciertas culturas y religiones sobre otras, reproduciendo el discurso racista que identifica al otro como peligroso, justificando un Estado de excepción no solo para negar derechos sino también –en la medida de lo posible– eliminar al otro.

Se trata de un fenómeno global que viene logrando limitar el avance de los derechos de las mujeres y la diversidad en los organismos internacionales. Se expresa de diferentes maneras pero con la misma esencia. La Federación Rusa impulsa la defensa de los “valores tradicionales”; otros países apelan a la idea de una nación confesional, ya sea musulmana o católica, y denuncian supuestas imposiciones imperialistas al servicio de un proceso de colonización cultural para negar los derechos humanos de las mujeres y la diversidad.

No se trata de un asunto exclusivamente moral. La política sexual del conservadurismo religioso es, en primer término, un asunto de poder, de defensa de un orden político desigual, patriarcal y racista donde lo que está en juego es el control político de los cuerpos. Por eso intentan mantener su moral religiosa en el ordenamiento normativo de nuestros países.

En la Argentina, estos sectores se articulan en la campaña “con mi hijos no te metas” y la denuncia de una supuesta “ideología de género”. En política, si bien por el momento aparecen como una expresión marginal, tienen fuerza y capacidad de bloqueo, y espacio en los medios hegemónicos de comunicación que contribuyen a legitimar sus ideas racistas como una alternativa válida.

Ante este panorama, además de la confrontación con las iglesias, habrá que buscar otras estrategias, alternativas que minen su base de sustentación, porque el odio no puede ser el motor de ninguna fe ni proyecto de país. Otra respuesta deberá ser el necesario fortalecimiento de la solidaridad y la articulación de nuestros movimientos sociales, y su capacidad de aportar a la gestación de un nuevo ciclo político que frene la restauración conservadora en nuestros países. En ese sentido está orientado nuestro compromiso. «

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