Los define la historia; por Gustavo Cirelli

Columna de opinión.

Mientras el gobierno se fuerza por encastrar las piezas de ese monstruo social pergeñado en el laboratorio del Doctor Frankenstein, siguiendo las instrucciones del Manual del Perfecto Neoliberal Insensible, el pueblo (palabra que habría caído en desuso en estos tiempos) trata de encontrarle la vuelta al asunto. A la casta gobernante ya no le resulta tan sencillo derribar derechos, al menos sin costos. Claro está que lo seguirá intentando. De hecho, nadie podrá decir después de octubre que el ajuste que sacudirá al conjunto de la sociedad, y repercutirá sobre todo en los sectores más vulnerables, no fue lo suficientemente anunciado.

El macrismo chocó contra otro límite. No es el primero. Pero la miserabilidad expuesta en los últimos días rompió los moldes existentes desde 1983. Fueron por las pensiones para personas con discapacidad como si se tratase de un frío arqueo contable. Que hayan tenido que retroceder, en principio, es una victoria de la reacción popular que no la dejó pasar alegremente. Lo que no podrán borrar jamás son las palabras de ese funcionario que afirmó que "una persona con Síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo". Se llama Guillermo Badino y es el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Hasta el cierre de este artículo no había renunciado.

Todo acto de gobierno, obviamente, es político. A quiénes se beneficia. A quiénes se afecta. La insensibilidad manifiesta es una acción política constitutiva. Define. No es lo mismo todo.

La consideración por el otro, la sensibilidad, es un sentimiento que no puede injertarse en el alma de nadie, pero estos elementales funcionarios deberían enfrentarse, al menos una vez, a la tramitación de un certificado de discapacidad. Ir una mañana al viejo edificio de la calle Ramsay, en Núñez, para acompañar a una madre o un padre que lleva a su hijo a sortear la gélida burocracia de demostrar ante algún especialista qué grado de discapacidad tiene. Que tenga que mirar a los ojos de esa mamá a cuya hija le habían quitado la pensión porque "tiene el amparo de sus padres". Ahora, tras el anuncio forzado de la ministra Carolina Stanley de dar marcha atrás con la medida, una solución oficial que se presenta es que las personas con discapacidad se comuniquen (si lo logran) con un 0800 para volver a acreditar su problema.

Casualmente, días antes del intento macrista de recortar las pensiones por invalidez, ATE Capital presentó su área de discapacidad. Es un gremio que viene realizando dos experiencias admirables con respecto a la inclusión de personas con discapacidad. Una es en el Congreso Nacional. La otra, en la Cancillería. Mientras los ceocrátras los quieren barrer como sujetos de derecho, los trabajadores buscan facilitar su acceso al mundo laboral. Pero no todos pueden trabajar. Es ahí cuando el Estado debe asumir su rol. Sencillo: donde hay una necesidad, hay un derecho.

En el acto en la sede de ATE Capital, del que participaron, entre otros, su secretario general Daniel "Tano" Catalano y el diputado nacional Jorge Rivas, se señaló que en 2008, la Argentina ratificó, mediante la Ley 26.378, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU. También se repasó la historia del Frente de Lisiados Peronistas, creado por José Poblete. Por estas horas circuló, además, un texto que recordó su lucha, en el que se destaca que "a través de la 'Unión Nacional Socio Económica del Lisiado' lograron la promulgación de la primera ley (20.923) de cupo laboral para personas con discapacidad de América Latina. La ley establecía que las personas con discapacidad debían ser concebidas como trabajadores y que todas las empresas (mixtas, estatales o privadas) debían tener en su planta el 4% de mano de obra de personas con discapacidad. Fue derogada en 1980 por la última dictadura cívico-militar. Poblete y otros militantes del FLP fueron secuestrados y llevados a El Olimpo. Él y su esposa, embarazada, fueron torturados, asesinados y permanecen desaparecidos. Su hija Claudia recuperó la identidad en los años del kirchnerismo. Alguna vez la prensa internacional le preguntó a Videla por el secuestro de una chica ciega y respondió: que tenga una discapacidad no significa que no pueda ser una terrorista".

El terrorismo de Estado desapareció a personas con discapacidad. Barrió sus derechos. A los dueños del poder no les caía en gracia la Ley 20.923 –propuesta por el diputado peronista OraldoBritos–, que les imponía el cupo laboral del 4 por ciento. Clarísimo.

Aquel histórico frente ("Los rengos de Perón", como se los llamó entre la militancia) levantó una consigna imborrable: "No exigimos limosna, solamente queremos nuestros derechos". De eso se trata. «

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