Decenas de familiares de víctimas fatales de la violencia de género decidieron darle la espalda al Instituto Nacional de la Mujer (INAM). A seis meses de su creación, el organismo que remplazó al Consejo Nacional de la Mujer, no logró satisfacer ni contener las demandas de este nutrido grupo que terminó por conformar “Familiares Atravesados por el Femicidio”, para tender puentes y vínculos concretos con otras organizaciones civiles y organismos del Estado.

El núcleo duro de este nuevo grupo está integrado por 17 familiares directos de víctimas de todo el país. Detrás de ellos hay cientos de casos más. Todos se conocieron, paradójicamente, en el INAM, dirigido por la ex titular de la Casa del Encuentro, Fabiana Túñez, donde se reunían dos horas una vez al mes.

“Queríamos juntarnos cada 15 días, pero desde el INAM lo descartaron. Nos dimos cuenta de que teníamos criterios diferentes y que nosotros, los familiares, resolvíamos las cosas más rápido que el propio instituto. Muchas causas penales se cerraron de manera adversa para las víctimas porque no supieron siquiera asesorarnos”, indica Leónidas Matheu, cuya hija Mara fue violada y asesinada hace diez años en Santa Teresita. Por ese crimen, dos sospechosos fueron condenados a perpetua, pero durante el proceso hubo muchas irregularidades que Leónidas busca que jamás se repitan: “Uno de los imputados era conocido del ex ministro Ricardo Casal, quien si bien me aseguró que no se iba a meter en el caso, a los pocos días el estudio de Fernando Burlando asumió su defensa y misteriosamente desaparecieron las muestras de las uñas y pelos de mi hija de la Asesoría Pericial de La Plata”, recuerda.

María del Carmen Fernández, de 33 años, fue asesinada a puñaladas en septiembre de 2016 por su marido, chileno y padre de sus tres hijos. Su hermana Lorena viajó al país trasandino y tras varios meses de lucha judicial recuperó a sus sobrinos, que habían quedado bajo la tutela de la familia del femicida. “Desde el Instituto no sabían cómo manejar la situación. Tienen la estructura y son el Estado, deberían levantar un teléfono y gestionar. Ahora, Fernanda está sin trabajo y manteniendo a sus hijos y a los de su hermana como puede”, enumera Leónidas, entre otros casos similares. Respecto a la desidia de ciertos funcionarios del área, dice: «Ocupan esos escritorios gracias a nuestros muertos. No están a la altura».

“Decidimos avanzar como asociación aunque todavía estamos haciendo los trámites”, explica Karina Trangoni, una de las fundadoras de la nueva agrupación, y aclara que “la idea no es confrontar con ningún organismo público, sino colaborar desde lo que nos pasó a cada uno y exigirle medidas a un Estado ausente y a la Justicia, que está ciega y sorda”. Karina es la cuarta de ocho hermanas. Es la única integrante del grupo que dirige una fundación, que funciona en Resistencia, Chaco: se llama Elena Fouine, como su madre, quien hace 20 años fue asesinada a balazos por su padre, un ex policía que luego se suicidó. La Justicia abrió el expediente penal y automáticamente lo cerró. Las cuatro hijas, que entonces eran menores de edad, fueron criadas por el resto de sus hermanas sin ningún tipo de ayuda ni contención. “La clave de esta nueva agrupación está en acompañar y contener a los familiares de víctimas y a las propias víctimas sobrevivientes desde la asistencia legal y psicológica”, detalla la mujer, que se ilusiona con poder generar una red federal de contactos y especialistas en cada rincón del país.

Formalmente, el grupo tuvo su primer encuentro en el Anexo A de la Cámara de Diputados el pasado 9 de febrero, donde se reunieron a puertas cerradas con el diputado oficialista Daniel Lipovetzky, a quien le plantearon que intermediara para “generar políticas, impulsar acciones y mantener una estrecha relación con universidades, organizaciones civiles, organismos del Estado y sindicatos, a través de asesoramientos en jornadas, foros y talleres”. «