A fines de abril de 2007, Nicolas Sarkozy se postulaba a la presidencia prometiendo sacar a Francia del estancamiento y la degradación moral en que el país, dijo, se había sumergido por la herencia del Mayo del 68. Hace unos días Sarkozy enfrentó a un tribunal y puede terminar con una severa condena por la financiación de su campaña con dinero del asesinado líder libio Muammar Khadafi. Ahora, el actual presidente, Emmanuel Macron enfrenta una huelga con los sindicatos ferroviarios en la que se juega a ponerle fin al simbolismo de aquel acontecimiento que unió a trabajadores y estudiantes en monumentales protestas callejeras y que fue crecendo desde una protesta del 22 de abril de 1968 en Nanterre y creció hasta niveles insospechados durante mayo y junio de hace 50 años.

El desafío de Macron, que se alzó con la presidencia en forma sorpresiva el año pasado y pretendellevar adelante un plan de reformas neoliberal, es similar al que Margaret Thatcher y Ronald Reagan tuvieron en los 80 con los sindicatos mineros y los controladores de vuelo respectivamente.

La derrota de los trabajadores derivó en la aplicación cruda y sin piedad del modelo de la Escuela de Chicago en ambos países sin resistencias sociales de envergadura desde entonces.

Ahora Macron está en una situación de la misma naturaleza. Dispuesto a aplicar una reforma laboral fuertemente resistida por los gremios, viene afrontando la oposición de distintos sindicatos ante la mera amenaza a alguna de las conquistas de años de lucha.

El anuncio del presidente de que tenía en carpeta una reforma del sistema ferroviario puso en alerta a los dirigentes de la CGT, donde se agrupan la mayoría de los trabajadores del sector. El principal temor era al principio que se privatice a la compañía estatal SCNF. Pero luego el gobierno avanzó en más detalles de su propuesta.

Así se fueron enterando que se piensa incrementar la edad jubilatoria, que actualmente es de 55 años y otros beneficios por el estilo. El primer ministro, Edouard Philippe, aseguró que estas reformas no serán para quienes ya trabajan en SCNF sino para los nuevos contratos. Pero eso no tranquiliza a la dirigencia gremial, que debe luchar por los trabajadores actuales y no puede permitirse dejar desprotegidos a los futuros.

“Queremos una reforma profunda porque la situación actual es insostenible”; dijo Philippe en una comparencia ante el Parlamento. Y añadió como justificación que la deuda ferroviaria asciende a 47 mil millones de euros al año por un déficit de unos 3000 millones anuales.

El plan del gobierno fue elaborado por Jean-Cyril Spinetta, ex director de Air France, que convocado por Philippe presentó un informe titulado El futuro del transporte ferroviario.

Allí destila loas a las ventajas de la apertura a la competencia y promete “mejorar la calidad de los servicios y una reducción en los costos para los usuarios y las finanzas públicas”.

Los detalles del Plan Spinetta suenan a música conocida por los oídos argentinos y parecen una copia del plan menemista de los 90: “cierres de ramales (hasta un tercio de los 30,000 kilómetros de la red); aumentos en los precios de los boletos y las tarifas de flete; apertura de la red SNCF a operadores privados; computar los subsidios de línea regionales a los gobiernos regionales; abrir servicios a la competencia; transferencias obligatorias de personal a operadores privados y la extinción progresiva del convenio colectivo a través disminuir los beneficios para el nuevo personal contratado”, puntualiza Dick Nichols en un artículo publicado por Global Research.

“Por puro dogmatismo ideológico quieren destruir el servicio público ferroviario pero de ese modo no se arreglará la deuda y los inconvenientes que se registran en los servicios”, responden desde los sindicatos, que defienden a ultranza un estatuto que tiene un siglo de vigencia.

Los trabajadores lograron sumar a su protesta a un grupo de sindicatos que también temen por su futuro en el marco de la profundización del modelo neoliberal. Air France ya mostró su adhesión con movilizaciones y paros en los próximos días. También hay medidas de fuerza de recolectores de basura, que exigen formar un servicio público nacional, un estatuto único y la reducción de la jornada laboral. Los sindicatos de la EDF, la compañía de electricidad gala, tienen sus propios reclamos en relación con la posible privatización, y que adosan a estas jornadas, al igual que organizaciones estudiantiles, que rechazan la reforma del acceso a la universidad.

El plan de lucha de los ferroviarios es de largo aliento y mucha incidencia puntual, como se vio en la primera jornada, cuando las grandes ciudades y en especial Paris, colapsaron porque ante el temor a no poder viajar muchos sacaron sus coches para ir a trabajar. Los informes aseguraron que hubo unos 400 kilómetros de embotellamientos en los alrededores de la capital francesa.

El servicio ferroviario es utilizado por casi cinco millones de personas diariamente pero además hay millares que se desplazan en los trenes de larga distancia y que hacen conexiones con otros países europeos.

La medida de fuerza implica 36 días de paro intermitente. Esto es, hay dos días de huelga cada cinco, con lo que se extenderá hasta junio. La adhesión en estas primeras jornadas, según la propia compañía, fue de más del 60%.

¿Será el comienzo de otro Mayo Francés, con medio siglo de retardo, o el último clavo en su ataúd mediante el martillo de Macron?