En su primera semana de gestión, el gobierno logró una victoria estratégica al colocar la reestructuración de la deuda pública en el centro de la escena. El Fondo Monetario Internacional, que hace algunas semanas había puesto condicionamientos al reinicio de las conversaciones entre las partes, aceptó el nuevo escenario que planteó el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Estamos dispuestos a conversar, comprender mejor sus planes y a ayudar en el caso que así lo desee la nueva administración”, dijo el vocero del FMI, Gerry Rice. El funcionario también señaló que “la decisión de la secuencia y la reestructuración de la deuda le corresponde al país”, aunque no quiso avalar una decisión en ese sentido: “Es importante que no nos adelantemos, ya que nos encontramos en una etapa muy incipiente; el nuevo gobierno acaba de asumir y lo importante es saber cuáles son las prioridades”, afirmó Rice.

La postura de la entidad es bastante más permeable que la expuesta hace escasos 20 días por su titular, Kristalina Georgieva. En aquella ocasión, la economista búlgara había exigido un plan económico integral, que mantuviera el eje en la restricción fiscal y la baja del gasto público. Para aflojar su posición fue necesaria una reunión secreta con Guzmán. En el mano a mano (que recién trascendió esta semana) quedó en claro que las dos partes enterraron el acuerdo stand by pergeñado en las épocas de Mauricio Macri y Christine Lagarde. El Fondo lo hizo porque cree que el país faltó a sus promesas; y el gobierno, porque no acepta continuar el ajuste requerido para recibir los U$S 12 mil millones que le restaba cobrar. Lo que vendrá en la relación será otra cosa.

Nuevos protagonistas

Mientras el FMI ingresa en esta etapa con una posición expectante de wait and see (esperar y ver qué pasa), los grandes fondos de inversión se aprestan a ingresar en la escena. Su interés se entiende porque son los que concentran gran parte de los bonos emitidos por el país en los últimos tiempos.

Algunos de ellos, como Templeton y Black Rock, se dejaron convencer a mediados del año pasado por el entonces secretario de Finanzas, Luis Caputo, y compraron títulos que perdieron gran parte de su valor tras las devaluaciones y el riesgo de default. Aun así, los volúmenes en juego los convierten en interlocutores casi forzados si el gobierno, como se especula, quiere patear los vencimientos de los próximos dos años.

Las posiciones en este grupo no son unánimes. Un informe de la agencia Reuters identificó al menos tres bloques diferentes de fondos de inversión que elaboran propuestas para la renegociación de los bonos argentinos. La mayoría de ellos está de acuerdo con la salida a la uruguaya, como había postulado Fernández en su momento: prolongar un par de años los pagos de capital, abonando mientras tanto los intereses. Esto sería negocio para los inversores que en los últimos meses compraron títulos al 40% de su valor nominal y que, aún con cierta demora, podrían cobrar el 100%.

Pero hace rato que el gobierno dejó de hablar de los beneficios de la receta uruguaya. Además, Guzmán decidió invitar a exfuncionarios con experiencia en la renegociación de deuda soberana para formar un consejo asesor del tema. Uno de ellos es Daniel Marx, quien desempeñó esa tarea entre 1987 y 1993. Hace algunas semanas, Marx había elevado a Fernández un documento proponiendo una quita de capital del orden de 20 por ciento.

La discusión promete ser rápida porque las fechas de pago prometidas están a la vuelta de la esquina: entre enero y mayo vencen casi U$S 18 mil millones.  «