Los precios de las computadoras bajaron un 35% menos de lo que prometió el gobierno

La apertura a las importaciones no cumplió la promesa oficial. Para recuperar terreno, las fábricas nacionales quieren aumentar su participación en las compras del Estado.
20 de Junio de 2017

Con la apertura a las importaciones de computadoras los precios bajaron un 35% menos de lo que preveía el gobierno nacional. Mientras tanto, en el ámbito local se acumularon 11.400 despidos y 8 mil suspensiones, indicó un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav) sobre la situación de los rubros electrónica y electrodomésticos.

A la par, el ingreso de productos terminados subió entre enero y mayo de este año respecto del mismo tramo de 2016: un 269% en licuadora, un 185% en batidoras y un 73% en lavarropas, precisó el informe.

Cuando el año pasado anunció que las trabas para el ingreso de computadoras extranjeras quedarían sin efecto en marzo de este año, el gobierno se defendió con el argumento de que los precios bajarían un 50%, pero los datos concretos dicen que apenas disminuyeron un 14,28%.

Como contracara, el costo que tuvo esa medida en términos laborales fue devastador. El informe de la Undav sobre datos del Ministerio de Trabajo consignó que “los sectores relacionados a la fabricación de computadoras y artículos de radio y televisión perdieron más de 2.000 empleos entre el tercer trimestre de 2015 y mismo periodo 2016”.

A pesar de estos resultados, Balcarce 50 impulsa un proyecto de ley de compras públicas que pronuncia el malestar de varias asociaciones pymes, que aseguran que el proyecto oficial restringe el acceso de sus socias. Para contrarrestar ese proyecto, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Lumínicas (Cadieel) presentó un proyecto alternativo ante las comisiones de Obras Públicas e Industria de la Cámara de Diputados.

Pero Cadieel no es la única interesada. Las metalúrgicas Adimra, Camima y otras entidades representativas del mundo pyme también tienen interés en discutir el proyecto oficial. El Estado gasta un 13% del PBI en esas compras y son varias las que quieren aprovechar la posibilidad de ampliar su acceso a la torta. Otros sectores con interés son el textil y el calzado, aunque en proporciones menores que los primeros.

“Uno de los problemas que tiene el proyecto de ley oficial es que marca un límite, un piso a partir del cual aplicaría la nueva ley y nosotros, por ejemplo, queremos que el fabricante argentino de biromes también pueda competir con la producción extranjera”, señaló un empresario del sector electrónico.

Según la fuente, el proyecto oficial instruye que el gobierno puede elegir qué empresa aplica o no aplica al régimen “cuando la aplicación debería ser per se”, agregó a las objeciones.

En las cámaras de pequeñas y medianas empresas no son pocos los que creen que detrás del proyecto oficial está el lobby de las grandes empresas con las que el gobierno nacional estableció un vínculo directo. Las pymes advierten que las grandes jugadoras de la industria con representación en AEA presionaron con fuerza para consolidar la letra chica del proyecto de los diputados de Cambiemos.

En Cadieel le bajaron el tono a esa versión. El vocero consultado dijo que “ciertamente un proyecto de compras públicas como este molesta porque le quita discrecionalidad al Estado pero en la práctica no debería haber problemas”.

Oficialmente, esa entidad promociona su proyecto de ley detallando que busca establecer un estímulo al desarrollo de productores locales y un porcentaje creciente de compras locales “no solo compras de la administración nacional, sino aquellas que se hacen con fondos públicos a través de empresas y sociedades del Estado, entidades públicas provinciales y municipales, empresas privadas con participación estatal, empresas privadas constructoras, concesionarias o licenciatarias de servicios públicos entre otros”.

Como devolución, la cámara asegura que el estado “recuperará el 38% en impuestos en ingresos brutos, aportes y contribuciones, ganancias, impuesto al cheque, tasas municipales e IVA.

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