Los U$S 27 mil millones que separan al gobierno de los bonistas

Es la diferencia entre el flujo de fondos que generarían los títulos de deuda que ofrece Economía y los que piden los acreedores. Podrían seguir negociando después del viernes, con el default consumado.

(Foto: Presidencia)
19 de mayo de 2020

Las contrapropuestas de los bonistas para renegociar la deuda pública bajo ley extranjera implican una diferencia de hasta U$S 27 mil millones con relación a lo que había ofrecido abonar el gobierno argentino. Esa es la diferencia que está en discusión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los tres grupos mayoritarios de acreedores.

El monto surge de comparar la secuencia de pagos a lo largo del tiempo contemplada en la oferta presentada por el Palacio de Hacienda ante la SEC (Comisión de Valores estadounidense), que tuvo una adhesión minoritaria, y lo que piden los consorcios en que se nuclearon los fondos de inversión que poseen la mayor parte de los títulos a canjear. Sus integrantes se fueron asociando de acuerdo a las características de los bonos que poseen.

A grandes rasgos, los puntos bajo discusión son tres: si habrá o no quita de capital, la fecha a partir de la cual se devengarán intereses y la tasa a aplicar. La propuesta oficial incluía un haircut de 5%, un período de gracia hasta 2023 y un rendimiento promedio de 2,33%. En líneas generales, los bonistas piden mantener el monto nominal de la deuda, sólo aceptan un año sin generación de intereses y quieren un cupón promedio de entre 4,5% y 5%. Además, en algunos casos se pide un pago inmediato a cuenta y en otros adelantar los vencimientos de capital, que el gobierno pautó recién a partir de 2026.

La consultora PxQ realizó un ejercicio comparativo sobre el debt relief o alivio efectivo de la deuda que se debería pagar bajo las actuales condiciones. La propuesta del Ad Hoc Bondholder Group, compuesto entre otros fondos por Ashmore, Fidelity, BlackRock y Western, significaría una disminución global de U$S 18.300 millones, según el informe. La del BG, que incluye a Fintech y Gramercy, implica un alivio de U$S 18 mil millones. Pero si además se le incluye un bono extra atado a la evolución del PBI, como sugiere el Exchange Bondholder Group (detrás del cual están Monarch, Cyrus y otros fondos que incluyen títulos remanentes de los canjes de 2005 y 2010), la reducción en el flujo de fondos sería de sólo U$S 14 mil millones.

Esta cifra es apenas un tercio de los U$S 41 mil millones de reducción contemplados en la posición inicial del gobierno. Como referencia, el Fondo Monetario Internacional había sugerido una disminución de al menos U$S 55 mil millones para que la deuda argentina vuelva a ser sostenible.

Otra manera de medir

A pesar de que esas cifras son una muestra clara de lo que está en juego para la economía argentina, los inversionistas tienen otra manera de medir sus carteras. Para ellos, el foco está puesto en el valor presente neto (VPN), una técnica que cotiza a valores actuales los montos que se van a recibir en los próximos períodos, a través de una tasa de descuento. De esa manera, los acreedores opinan que los futuros pagos prometidos en el menú de pagos que ofrece el gobierno (y que llegan hasta 2047) equivalen, a dinero de hoy, a menos del 40% del monto nominal de los títulos ofrecidos, mientras estiman que su propuesta llevaría el VPN a un rango de entre 57% y 67%. Claro que la tasa a la que descuentan esos pagos futuros es bastante subjetiva y se emparenta más con el rendimiento deseado que con la realidad que ofrece hoy un mercado saturado de liquidez.

A todas esas cuestiones financieras se agrega el componente político. Tras la evidente falta de acompañamiento al canje en los términos propuestos por Economía (que jamás informó oficialmente el grado de adhesión alcanzado), los bonistas entienden que están más cerca de imponer condiciones ante un gobierno que de una vez por todas necesita despejar la incertidumbre para proyectar su propio futuro. Después de semanas de pirotecnia verbal, el acercamiento entre las partes es palpable. A tal punto que en el Palacio de Hacienda confían en que después del viernes, cuando expire el plazo legal para pagar U$S 503 millones en intereses atrasados, los acreedores desechen recurrir a la Justicia y mantengan la negociación abierta. Sería un curioso caso en el que el tan temido, anunciado y fantasmal default no produciría ninguna consecuencia práctica.

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