"Lucha contra las mafias": ¿Cruzada o farsa?

Columna de opinión de Adrián Murano.
27 de Septiembre de 2017

Hay mafias y mafias. Unas cumplen con el estereotipo gangsteril: obtienen ganancias con aprietes y violencia.

Según las denuncias que pesan en su contra, el Pata Medina encaja con ese perfil. Al jefe de la Uocra-La Plata se lo acusa, entre otras cosas, de presionar a las constructoras para que paguen montos extras fuera del convenio. Se sospecha que esa recaudación no se destinaría, por cierto, a favorecer a los afiliados, sino a abultar la fortuna personal y familiar de Medina.

La corrupción sindical es una patología que trasciende a la Argentina -abundan ejemplos en el mundo-, pero que sea un mal de muchos no sirve como consuelo: va siendo hora de que los trabajadores argentinos, sin distinción de simpatías partidarias, le pongan fin a la corrupción sindical. Y no sólo por una cuestión moral: los sindicalistas corruptos son los mejores aliados de la precarización, la demonización de la organización sindical y la demolición de los derechos laborales.

Gobiernos y empresarios prefieren dirigentes sindicales corruptos porque los saben más vulnerables y, por lo tanto, más dóciles. Hay excepciones, como Medina, cuya voracidad se transformó en un problema incluso para sus benefactores. Pero por regla general, los dueños del poder y del dinero prefieren negociar con sindicalistas corruptos, a quienes consideran más permeables y pragmáticos, que con dirigentes honestos, a quienes creen más radicales e insensatos. Es un estigma que, por prejuicios propios y ajenos, el sindicalismo progresista -clasista o peronista- aún no termina de superar.

Sindicalistas, policías, tranzas, punteros y otros rufianes integran mafias “pata sucias”. Pero hay otras, más sofisticadas y refinadas, que operan al amparo del poder estatal. Son los cárteles que obtienen ganancias extraordinarias fijando precios abusivos de insumos y servicios elementales -alimentos, energía, obra pública, servicios financieros-, bendecidos por un Estado que casi no controla -y menos condena- las posiciones oligopólicas. Tiene lógica: la mayoría de los funcionarios del Gobierno provienen de empresas que alimentaron sus fortunas así.

Esas mafias aprietan igual o más que los Pata Medina, pero con otros métodos: amenazan con despidos masivos, provocan corridas financieras y cambiarias, compran favores políticos y judiciales, y moldean la opinión pública en beneficio propio a través de los medios de comunicación.

La concentración es la condición previa del cártel. Cuando un negocio está en pocas manos, es sencillo que quienes fijan precio se pongan de acuerdo entre sí. Mal que les pese a los economistas ortodoxos, en países con mercados modestos -como la Argentina- los oligopolios son inmunes al libre comercio. Es más, en determinados rubros, como el comercio minorista, suele funcionar al revés: sin controles a la vista, las grandes cadenas de supermercados aprovechan la eliminación para extender sus dominios.

El Estado suele ser rehén o cómplice de esas prácticas. El caso de La Anónima sirve para detectar el rol que eligió jugar el Gobierno del PRO. Propiedad centenaria de la familia que integran el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Secretario de Comercio, Miguel Braun, la firma controla buena parte del comercio minorista en el sur del país. El martes 26, mientras la tele se entretenía con las bravuconadas del Pata Medina, se supo que La Anónima se quedó con la mayor parte de la Cuota Hilton, el cupo que habilita la exportación de carne premium a la Unión Europea. La firma obtuvo 2313,73 toneladas, unas 113 toneladas más de cupo que 2016. Favorecido por el gobierno, La Anónima vienen gozando de un crecimiento progresivo: en los últimos tres años pasó de cerca de 1800 toneladas adjudicadas a las actuales 2300 toneladas, lo que le permitió escalar al segundo lugar en el listado de exportadores.

Datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación indican que apenas cinco grupos empresarios concentran el 55% de las exportaciones argentinas de cortes frescos bovinos. Se trata de las familias locales Riusech, Borrell y Braun (La Anónima), junto con la brasileña JBS y la china Compañía Central Pampeana. La concentración, y más cuando es alentada desde el Estado, propicia los abusos. Los vecinos de Chubut pueden dar fe: en abril pasado, durante el temporal que se abatió sobre la provincia, el gobernador Mario Das Neves acusó a la compañía de “remarcar precios en medio de la tragedia”. Total normalidad.

"No hay lugar para comportamientos mafiosos" dijo hoy el presidente Mauricio Macri, en obvia referencia a la detención de Medina. ¿La advertencia involucra a las mafias de cuello blanco que operan desde hace décadas en la más absoluta impunidad? Por lo que se vio en la primera mitad del mandato PRO, no tienen por qué preocuparse.

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— Tiempo Argentino (@tiempoarg) 27 de septiembre de 2017
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