Los docentes protagonizaron esta semana el primer paro del año por salarios que tuvo su epicentro en la Provincia y que resintió el normal inicio de clases en las escuelas bonaerenses. La medida de fuerza enfrentó una vez más a los gremios y al gobierno de María Eugenia Vidal. Se cruzaron por las cifras de adhesión, los salarios y el debate sobre el derecho a huelga. El Frente de Unidad exigió una urgente convocatoria a paritarias, que aún no tiene fecha y que será clave para saber cómo sigue el conflicto.

La huelga, que concluyó el viernes en coincidencia con el 8M, registró un nivel de adhesión de hasta 90% durante las tres jornadas, según el relevamiento de Suteba, FEB, Sadop, Amet y Udocba. Para la Dirección General de Cultura y Educación, el acatamiento no superó el 38 por ciento. 

Pese al paro, Vidal dio por iniciado el ciclo lectivo en una escuela de Tres de Febrero, en tren de bajarle el tono al paro, mientras que legisladores, concejales y funcionarios de Cambiemos, se mostraron en las escuelas y se fotografiaron junto a alumnos con el mismo objetivo. Desde Nación, en tanto, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, echó más leña al fuego al hablar de la necesidad de reglamentar el derecho a huelga en Educación para evitar los paros.

«El paro demostró que los docentes se mantienen en pie para seguir dando la pelea a pesar de todas las acciones que realizó el gobierno para desactivar y deslegitimar la medida», señaló la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini a Tiempo. Y agregó: «Hubo toda una batería de medidas para intentar que los docentes no adhirieran: sumarios, amenaza de pérdida de cargos, hostigamiento, firma de actas».

En este sentido, la dirigente reclamó al gobierno bonaerense que «enfoque toda esa energía y esos recursos en convocarnos de manera urgente para resolver este conflicto que nosotros no generamos».

El paro fue convocado tras la última reunión paritaria, realizada el 27 de febrero, en la que el gobierno reiteró la propuesta de pagar un aumento equivalente a lo que marque la inflación en 2019 y agregó un 5% a liquidar en diciembre –y cobrar en enero de 2020– como compensación por lo perdido en 2018. La propuesta incluyó también la posibilidad de compensar a aquellos docentes que se encuentren con ingresos familiares por debajo de la línea de pobreza, fijada hoy en 26 mil pesos. Un docente que recién se inicia en la actividad cobra hoy 16.500 pesos.

Los sindicatos rechazaron la propuesta porque está lejos de los 15,6% puntos perdidos el año pasado por la diferencia entre el 32% de aumento otorgado por Vidal y la inflación oficial que cerró en 47,6 por ciento. Pero también por considerar que el aumento propuesto achataba la pirámide salarial.

«Pretendemos que se reconozca la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. Estamos reclamando al gobierno una convocatoria. Desde el año pasado que venimos manteniendo un conflicto, no se puede vivir en conflicto. Y más teniendo en cuenta la situación económica. No se llega a fin de mes», sostuvo Roberto Baradel, secretario general del Suteba.

En la misma línea, el secretario adjunto de Udocba, Alejandro Salcedo, sostuvo que «los docentes volvieron a enviarle un mensaje a Vidal y es que hay un absoluto malestar con las políticas educativas de su gobierno». Y consideró que «la única solución que encuentra Cambiemos es meterse con los derechos de los trabajadores. Nosotros reivindicamos el paro como herramienta para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores».

El viernes, en la última jornada del paro, los gremios exigieron ser convocados a paritarias nuevamente y advirtieron que habrá plenarios y asambleas en cada escuela en los próximos días, ya sea para analizar una nueva oferta o para definir cómo sigue el plan de lucha. Además de reclamar una recomposición salarial, también piden una solución a los problemas de infraestructura que continúan, pese a la trágica explosión ocurrida en la escuela 49 de Moreno que terminó con la vida de Sandra Calamante y Rubén Rodríguez, más cupos para comedores escolares y políticas que «garanticen el derecho a una educación pública de calidad». Desde el Ejecutivo apuntaron que esperarían el fin de paro para realizar un nuevo llamado sin dar más precisiones.  «