Seis horas después de aterrizar en Nueva York y luego de asistir a la ceremonia de homenaje por los cinco rosarinos muertos en el atentado de la semana pasada, Mauricio Macri se dio un fuerte apretón de manos con Andrew Liveris, australiano, 63 años, director ejecutivo de DowDuPont y CEO de Dow Chemical, una de las megacorporaciones que manejan la industria agroquímica global.

No es la primera vez. Ya se habían visto en Davos, en enero del año pasado, cuando hablaron sobre el acuerdo que firmó Dow con YPF para la producción de shale gas en Vaca Muerta, apenas cinco días después de la asunción de Macri, y de la intención de la compañía de invertir en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. En septiembre, Liveris fue el invitado de honor del Foro de Inversión y Negocios, el “Davosito” del CCK, donde habló inmediatamente después del discurso inaugural del presidente.

Ese día, el CEO de Dow se ganó al público cuando dijo que “este ha sido un país de red tape –‘cinta roja’, una metáfora sobre las trabas burocráticas– por tanto tiempo que parecía inimaginable que se convirtiese en uno de red carpet”. Es decir, un país que le extiende una alfombra roja al empresariado trasnacional.

En esa línea, el mes pasado la empresa anunció su plan de inversiones bahiense, por un total de 210 millones de dólares a desembolsar en dos años, que generarían mil puestos de trabajo. Lo hizo su CEO local, Gastón Remy, quien presidió el último Coloquio de Idea, aplaudido por el propio Macri, que asistió al acto junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Con presencia en 180 países, Dow está desde 1957 en la Argentina y constituye el grupo de empresas químicas, petroquímicas y de agronegocios más grande del país, lo que explica el raudo besamanos de Macri ante Liveris no bien llegar a la Gran Manzana. Además de sus inversiones en petroquímica, las soluciones para protección de cultivos que brinda la división de agronegocios del conglomerado, Dow AgroSciencies, es una de las que más ingresos genera a la multinacional, que en la Argentina ofrece una enorme variedad de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Es esa sensible área productiva la que más polémica genera por estos días en EE UU.

Es un hecho que Dow Chemical viene presionando a la administración de Donald Trump para que rechace las evidencias científicas a las que llegaron investigadores de agencias federales que señalan la peligrosidad que ciertos pesticidas suponen para unas 1800 especies amenazadas. En abril se conocieron las misivas que abogados de Dow enviaron a los responsables de tres agencias del gobierno, entre ellas la poderosa la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés), pidiéndoles dejar de lado los resultados de esos informes que, según Dow y otras dos fabricantes de estas sustancias conocidas como órganofosforados, tienen fallas.

Dow es una de las compañías con gran presencia en el gobierno de Trump. De movida, donó un millón de dólares para la ceremonia de su investidura como presidente. Más había gastado en lobby durante 2016: 13,6 millones. Ahora, su director general, Andrew Liveris, el hombre de negocios australiano que lleva más de 12 años al frente de Dow y con quien hoy se entrevistó Macri, fue nombrado al frente del Consejo Manufacturero, el principal comité de asesores del sector privado para el diseño de la política comercial estadounidense.

El documento oficial que alerta sobre los riesgos que implican tres pesticidas –clorpirifós, diazinón y malatión– fue elaborado durante los últimos cuatro años por las agencias que deben controlar la aplicación en EE UU de la Ley de Especies en Peligro, y podría redundar en importantes restricciones para la fumigación de campos de cultivo con estos agroquímicos de gran toxicidad. En rigor, el gobierno de Barack Obama ya había impulsado el veto al empleo del clorpirifós en cultivos para consumo humano, tras conocerse un informe médico que asegura que una exposición mínima a ese pesticida podría causar déficit de desarrollo cerebral en niños. Dow vende sólo en EE UU 2200 toneladas de clorpirifós al año.

En marzo, sin embargo, el nuevo titular de la EPA, Scott Pruitt, anunció que esa medida sería revocada. Ex secretario de Justicia del estado de Oklahoma, en la zona núcleo del agronegocio estadounidense, Pruitt ha defendido a las corporaciones del agro en diversas disputas legales, que en retribución apoyaron su campaña.

Ante las evidencias en contrario, Dow hizo lo que muchas trasnacionales agroquímicas: contrató a sus propios científicos que desde luego refutaron una por una las conclusiones del informe oficial. Y agregó en un comunicado: «Dow AgroSciences está comprometida con la producción y comercialización de productos que ayudarán a los agricultores estadounidenses a alimentar al mundo, y lo hará con pleno respeto por la salud humana y el medio ambiente, incluidas las especies amenazadas o en peligro».

La postura de Trump, que desde el primer día avanzó en desmantelar la tibia política ambiental de Obama, es clara: avanzar hacia la desregulación de este tipo de controles. En febrero firmó un decreto para crear equipos de trabajo en agencias federales para retirar regulaciones del gobierno. Cuando lo hizo, Andrew Liveris estaba parado a su lado en el Salón Oval, y a manera de souvenir, Trump le obsequió su pluma. Difícil saber si el CEO de Dow la lleva hoy en el bolsillo de su saco, y si la usará para suscribir algún nuevo acuerdo con Macri.