Una nueva causa penal amanece en el horizonte del gobierno, nuevamente por una medida tomada desde lo más alto de la pirámide de la administración para el presunto favorecimiento de la famila del presidente, Mauricio Macri, y de él mismo.
El fiscal federal Jorge Di Lello dio curso a la denuncia de los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade sobre una maniobra para perjudicar a Aerolíneas Argentinas y beneficiar, con una competencia que se insinúa desleal y direccionada, a compañía de «bajo costo» que le compitan en rutas de cabotaje.
No se entiende por qué una línea de bandera que remontó una crisis terminal en 2000 y 2001 y ahora está posicionada como una de las mejores del mundo debe obligarse a sí misma a competir con otras, extranjeras, que no tienen como objetivo el «servicio» sino «el negocio».
La única explicación posible, y así lo denunciaron los diputados y lo entendió el fiscal Di Lello, es que esa medida favorezca a intereses particulares en desmedro de los colectivos. A un empresario (o un grupo empresario) en detrimento de un país.
Di Lello, el mismo fiscal que consintió que Macri fuera sobreseído en la causa por las escuchas ilegales al inicio de su gobierno, impulsó una investigación penal contra el presidente y otros funcionarios de su gobierno, entre ellos el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, por la concesión de rutas aéreas a la empresa Avianca.
Los Macri tenían una empresa de aviación civil, que fue vendida el año pasado a Avianca. Luego de ello, la aerolínea de origen colombiana pidió acceso a rutas que opera Aerolíneas Argentinas, y las obtuvo en un ciento por ciento. Competirá en condiciones ventajosas, de la misma manera que la apertura de las importaciones favorece el ingreso de artículos más baratos y perjudica a la producción nacional.
La medida del gobierno parece apuntar a que Aerolíneas Argentinas tenga menos pasajeros (y menores ingresos) y las «low cost» mejoren su posición en el mercado. A largo plazo, es una espada pendiente sobre el cuello de la aerolínea de bandera.
Los diputados del FPV lo advirtieron y Di Lello recogió el guante: en su dictamen, publicado en www.fiscales.gov.ar, menciona los posibles delitos de «asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias». Hay una decena de imputados, entre funcionarios públicos y empresarios privados, entre ellos -indirectamente- Franco Macri, el padre del presidente. La política se insinúa ruinosa para Aerolíneas.
Por ello, el fiscal pidió que declare como testigo de la ex titlar de Aerolíneas Argentinas Isella Constantini, quien renunció en diciembre del año pasado en medio de fuertes versiones sobre su discrepancia sobre el ingreso de compañias de bajo costo al país.
Pese a provenir de un esquema ideológico afín al PRO, Constantini realizó una gestión en defensa de la Aerolínea de bandera que fue destacada, incluso, por su antecesor, Mariano Recalde, y por los gremios del sector. Acaso por eso hoy ya no está al frente de Aerolíneas. Di Lello le pidió al juez federal Sergio Torres que avance en la investigación.
La denuncia advertía que «Comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios.
