Macri y Vidal aceleran una agenda de reformas clave para el día después de las elecciones

El presidente y la gobernadora ya diseñaron un temario legislativo post electoral.

Confiado en superar los porcentajes acumulados en las PASO, el gobierno avanza en el diseño de un paquete legislativo que planea poner en la agenda del Congreso después de las elecciones de medio término del domingo próximo. El temario ya forma parte, además, de la agenda de diálogo y negociación de la Casa Rosada con los gobernadores. En paralelo, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal,  también comenzó a puntear su listado de prioridades legislativas con el recorte del gasto político al tope. Con la nueva composición de la Legislatura, la mandataria planea acelerar tres proyectos: la división de  La Matanza y la reforma de los Estatutos Docente y de la Policía.  

Claves en Nación

La nómina de normas que el macrismo considera clave para la próxima etapa incluye los proyectos de Responsabilidad Fiscal, de Reforma Tributaria, la prórroga del Impuesto al Cheque, la modificación del Impuesto a las Ganancias para las empresas, la modificación de la Ley de Semillas (Ley Monsanto), la reforma electoral, la Ley de Ética Pública de organismos de control y Poder Judicial, la reforma previsional, el blanqueo laboral y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Médica. Esto, claro está,  más allá del Presupuesto 2018 que está en tratamiento y la prórroga de la Ley de Tierras Indígenas cuyo tratamiento fue forzado por la oposición. 

Si bien hoy no forma parte de la agenda de discusión política en los medios, una de las prioridades que tendrá el nuevo Congreso será la reforma electoral. Si bien es cierto que el macrismo no tendrá los números para aprobarla en soledad, también lo es que se verá fortalecido en ambas Cámaras luego del recambio que se producirá el 10 de diciembre.

La discusión se volverá a dar sobre la modalidad de las elecciones y, en este caso, se incorporarán las modificaciones del financiamiento de la campaña electoral. Desde el oficialismo aseguran que se trata de una "cuenta pendiente" y que avanzarán en base al escándalo que rodeó el recuento provisorio en las PASO.  Aún es una incógnita si el debate incluirá la modificación del cupo femenino para elevarlo al 50% dentro de las listas. 

Con el tratamiento del Presupuesto 2018 el oficialismo también llevará al recinto la Ley de Responsabilidad Fiscal –ya acordada con la casi totalidad de las provincias– y la prórroga del Impuesto al Cheque.

Que el oficialismo quiera tratar estas dos iniciativas al mismo tiempo no es casualidad.  Los gobernadores necesitan la continuidad del Impuesto al Cheque ya que se trata de un tributo coparticipable. A cambio de garantizar una nueva prórroga, el gobierno pide la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que limita la autonomía de las provincias para aumentar el gasto corriente.

La buena relación entre el gobierno y la CGT tendrá su correlato parlamentario. El blanqueo laboral y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Médica llegarán al recinto ya consensuadas. La implementación de la Agencia que oficiará de órgano para evaluar cuáles son los tratamientos médicos de alta complejidad que deberán pagar las obras sociales depende en buena parte del avance de la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y del visto bueno de la central obrera para que se utilicen sus fondos para ejecutar ese programa.

Por otra parte, desde el oficialismo advierten que las Reformas Tributaria y Previsional serán cuestiones complejas. Luego de las elecciones legislativas el oficialismo también le dará vía libre a la modificación de la Ley de Semillas, denominada por los pequeños productores Ley Monsanto.  El proyecto enviado por el Ejecutivo ya está en la Cámara de Diputados y el último jueves fue el tema central de la reunión de asesores de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. 

El ambicioso paquete en el que trabaja el oficialismo se completará con cambios en la Ley de Ética Pública, en los organismos de control y en el Poder Judicial. 

 El tejido de alianzas para avanzar con el paquete legislativo está a cargo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Se trata de un trabajo de negociación articulado, ya que el quórum propio continuará lejos de ser una realidad para Cambiemos. Ambos apuestan al puente ya tendido con los mandatarios provinciales como una llave en el Senado. En Diputados, el Ejecutivo apuesta al debilitamiento del espacio que lidera Sergio Massa.

El plan bonaerense

Vidal también ya tiene definidas las medidas que encarará después de las elecciones y cómo usará el nuevo poder que Cambiemos tendrá en la Legislatura bonaerense. Además de enviar el Presupuesto provincial y la Ley Fiscal de inmediato, la mandataria impulsará una serie de medidas para recortar el gasto político. Ya después de diciembre comenzará a trabajar en reformas clave: la división de La Matanza, una reforma del Estatuto Docente y otra de la Policía.

Desde el Ejecutivo ya anunciaron que la ley de leyes llegará a la Legislatura un día después de los comicios. La intención del oficialismo es tratar el proyecto en noviembre con la actual conformación de la Cámara para evitar que un nuevo bloque peronista –si es que todos se alinean detrás de Unidad Ciudadana, hoy están divididos en tres bancadas– bloquee el pedido de endeudamiento de Vidal que incluirá el Presupuesto. Además, por ahora se mantiene el acuerdo legislativo con el espacio de Massa que, después del recambio, verá reducidos sus bloques y su poder.

Si se repiten los números de las PASO, Vidal engrosará los bloques de ambas Cámaras: en el Senado tendrá quórum propio con un bloque al menos de 24 legisladores sobre 46 –en los mejores pronósticos podría sumar hasta 4 bancas más- y en Diputados tendrá una bancada de 44 sobre 92 -podría sumar hasta 46- a unas manos de la mayoría propia, pero aún así necesitará negociar para llegar a la mayoría especial que requiere, por ejemplo, el endeudamiento.

Vidal ya ordenó que el achique político arranque por la Legislatura y quiere bajar el gasto de ambas Cámaras que este año fue de 6400 millones y representa hoy el 1,5% del Presupuesto provincial. El vicegobernador Daniel Salvador y el titular de Diputados, Manuel Mosca, negocian hoy de cuánto será el tijeretazo y cómo reducir el costo político que puede tener.

A este recorte se le sumará la quita de la doble firma en Diputados, que hace que hoy todos los gastos deban ser autorizados tanto por el presidente como por el vice, por lo general un opositor. Según el PRO, esto "eleva el costo de los acuerdos" para aprobar leyes y por eso quiere cambiar el reglamento interno, algo que negociará en paralelo al Presupuesto. El oficialismo afirma contar con el aval de dos bloques peronistas y el massismo. 

Vidal tiene varios proyectos que buscará tratar a partir de diciembre, tras el recambio legislativo. Insistirá con la división de La Matanza con un proyecto nuevo; buscará destrabar la adhesión a la nueva ley de ART (un pedido especial de Mauricio Macri que por ahora naufragó); y también buscará encarar una reforma policial y reformar el Estatuto Docente. «

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