La tensión en Venezuela escaló en los últimos días con sendas marchas opositoras y oficialistas y hechos violentos que culminaron con al menos 20 muertos en las últimas tres semanas, como resultado de confusos episodios durante las manifestaciones, y hechos de saqueos y agresiones a inmuebles, entre ellos a un hospital infantil, en el marco de las convocatorias de la oposición.

El desgaste al que sectores antichavistas buscan someter al gobierno de Nicolás Maduro tuvo esta semana una pequeña ayuda de los principales actores internacionales que operan en esa sintonía, cuando desde gobiernos latinoamericanos de signos opuestos, la OEA y Estados Unidos, entre otros, reclamaron la convocatoria a elecciones, que significarían el final anticipado del ciclo Maduro, cuyo mandato vence en 2018.

Más prudente fue el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió activar el calendario electoral, cuyo próximo paso es la elección de gobernadores y alcaldes prevista para este año. Maduro trata de mostrarse sólido y acaba de anunciar que convocará al Comando Central Bolivariano de la Revolución para presentar «la propuesta estratégica, constitucional, que creo pertinente para abrir las compuertas a una etapa de 20 años de triunfo revolucionario», dijo.

La salida del mandato trunco es la que hoy agita la oposición, que desoye el llamado oficial al diálogo, patrocinado por la Unasur, el Vaticano y expresidentes de seis países. Según explican fuentes gubernamentales, la propia Mesa Democrática de Unidad (MUD) se muestra dividida frente a la convocatoria, y varía su discurso si es público o privado. El jueves, día de una de las manifestaciones, el presidente volvió a convocar a opositores para «decirnos las verdades y a buscar caminos de encuentro por la paz». En un acto público, insistió en el llamado a la paz y a que se abandonen los caminos «del golpismo y del intervencionismo», los escenarios que más preocupan al bolivariano estos días.

Alguno de los carteles que se vieron ayer no parecían responder positivamente a esa invitación: «Maduro, si quieres diálogo resucita a los caídos», decía una pancarta sostenida en una de las columnas de la «marcha del silencio» por los fallecidos, que no fue interrumpida por la policía. Durante las convocatorias de esta semana se produjeron al menos once muertes (12 según algunos medios locales), lo que motivó a la convocatoria por «los caídos». Lo contradictorio es que, tal como confirmó el Ministerio Público (fiscalía), que investiga los hechos, los muertos no fueron producto del accionar policial, que sí se aplicó contra el avance de manifestantes sobre edificios públicos con gases y balas de goma, sino resultado de violentos saqueos y ataques a inmuebles. Ocurrió cuando un grupo de personas ingresaron a una panadería para saquearla en el barrio El Valle, de Caracas, y murieron electrocutados con lo que aparentemente fue el desprendimiento de un cable de alta tensión. Pero también se registraron víctimas fatales por armas de fuego. Uno de ellos era el propietario del local, baleado por uno de los saqueadores. A la vez hubo ataques a otros edificios públicos, como el perpetrado por bandas armadas con gases lacrimógenos contra el hospital materno-infantil del mismo barrio, que provocó la intoxicación de 52 pacientes, madres y niños, 18 de ellos trasladados a otros centros asistenciales. El gobierno asegura que la oposición envía mercenarios a generar un clima de caos y anarquía, conceptos que ya utilizan los medios del establishment para describir la crisis en Venezuela. «Hay detenidos que manifestaron que les pagan 300 mil bolívares (80 dólares) por cada destrucción», afirma a Tiempo una fuente del gobierno que pide reserva porque la causa está bajo secreto de sumario. Maduro mismo señaló que hubo una inversión extranjera de «100 mil dólares» para las últimas manifestaciones.

Por su parte, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió a los gobiernos de la región condenar la violencia de esos grupos radicales, con la misma vehemencia que piden diálogo y elecciones. «Los gobiernos de la región se hacen los ciegos con la violencia opositora porque siguen un guión imperial. ¿Por qué no condenan las acciones violentas de la oposición? Las pruebas están ahí», cuestionó Rodríguez. Lo hizo durante el acto de entrega de la presidencia pro témpore de Unasur a Argentina, donde no ahorró críticas al presidente Mauricio Macri, a cuyo gobierno llamó «franquicia» que representa «intereses personales e imperiales».

Los gobiernos de Argentina y Brasil coincidieron en sus declaraciones oficiales sobre «elecciones libres», aunque el brasileño Michel Temer fue más allá: dijo que si Maduro no las convoca, Venezuela perderá «las condiciones de convivencia» en el Mercosur (ver aparte). En la sintonía habitual, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió «elecciones generales lo antes posible. Ese es el camino para un gobierno legítimo en Venezuela, ese es el camino para la salida institucional de Venezuela y esa es la forma en la que se resuelven las situaciones de crisis».

En cambio, diversas organizaciones sociales de varios países y hasta mandatarios como Evo Morales, continúan apoyando el proceso chavista. «El plan del imperio es derrocar al presidente constitucional Maduro como un escarmiento a gobiernos antiimperialistas», señaló el boliviano. «Cualquier conspiración interna o intervención externa es para apoderarse del petróleo», agregó.

En tanto, el gobierno acaba de desmantelar un pequeño germen de golpe. Se trata de unos cinco tenientes del ejército que dijeron «desconocer» la autoridad de Maduro. Afirman que dos son «retirados» y que los otros fueron pasados a disponibilidad y detenidos. «

Presionar al socio molesto

En su gira por Europa, la canciller argentina Susana Malcorra anunció avances en el acuerdo de comercio entre el Mercosur y la UE. Días más tarde, un comunicado oficial de Cancillería mencionaba un encuentro de más de 30 países para avanzar en el Diálogo Mercosur-Alianza del Pacífico, otro pacto de libre comercio, el que gobiernos regionales anteriores, de signos opuestos a los actuales, rechazaban. Estas políticas terminan por confirmar la sospecha de Caracas, de que la verdadera intención de desplazar a Venezuela del Mercosur respondía a sacar del medio al único escollo para concretar este tipo de convenios que podrían lesionar los mercados internos.

En diciembre pasado, los cancilleres del bloque suspendieron a Venezuela en sus funciones como miembro pleno, atribuyéndole faltas administrativas. La suspensión rige hoy y es posible que empeore, utilizando como pretexto la crisis social y política que se vive en el país bolivariano. El presidente de Brasil, Michel Temer, aventuró que si Venezuela no promueve «elecciones libres» perderá «las condiciones de convivencia» en el Mercosur. Indicó que Mauricio Macri coincide con él y que espera una próxima reunión del Mercosur «para decidir» qué hacer con Venezuela.