Más de 30 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, el gobierno ensayó un viraje en su posición. La decisión tuvo múltiples lecturas: las novedades en la investigación, el alto conocimiento que el caso alcanzó en todos los estratos sociales y los potenciales riesgos electorales. La masiva marcha a Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida del joven -incluido el operativo represivo de detenciones- y el velo descorrido sobre el rol de la Gendarmería terminaron de configurar un nuevo escenario.

La percepción ciudadana sobre el rol y responsabilidad del gobierno también sufrió esos vaivenes. Una encuesta de la consultora Dicen exclusiva para Tiempo confirma el cambio de opinión en la provincia de Buenos Aires, el territorio clave de las próximas elecciones legislativas de octubre.

La investigación se realizó en dos etapas: el 1 y 2 de septiembre, la primera; y una semana después, el 7 y 8, la segunda. Se concretaron 1250 entrevistas telefónicas recolectadas a través de IVR (sistema automatizado) en todo el distrito provincial.

Antes de la marcha a Plaza de Mayo, los bonaerenses quedaron divididos en partes iguales al ser consultados sobre qué le paso a Maldonado. El 32,8% responsabilizó a la Gendarmería, mientras que el 31,6 apuntó a la comunidad mapuche. Además, un 6,3% señaló que el joven está extraviado, el 9,4 dijo que no había escuchado hablar del caso, y un 19,4 contestó que no sabía qué le pudo haber pasado.

El estudio reveló que, entre quienes apuntaron a Gendarmería, la imagen negativa del presidente sumaba el 72,3 por ciento. Asimismo, el 51,2 de quienes apuntaron a los mapuches tenían una percepción positiva del mandatario.

Una semana después, las respuestas vuelven la mirada sobre la fuerza que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se empeña en defender. El 36,3% culpó a la Gendarmería y un 27, 2 (casi cinco puntos menos que en la primera medición) volvió a señalar a los mapuches. En la misma secuencia, el 7% dijo que Maldonado se perdió, el 7,9 afirmó que no estaba informado, y el 20,8 persistió en el «no sabe».

«En la percepción social el tema arrancó como ‘caído en la grieta’, con porcentajes muy parejos que reflejaban el apoyo o no al gobierno de Mauricio Macri. Algo de esa situación empezó a modificarse y comienza a predominar la hipótesis que apunta a Gendarmería como principal responsable de la desaparición», explicó Hilario Moreno, director de Dicen.

El relevamiento también mostró un «corrimiento» en el acuerdo con el gobierno y la aprobación de su actuación frente a la denuncia de desaparición forzada. En la primera etapa de consulta, el 24,7 aseguró estar «muy de acuerdo» con el rol del Ejecutivo frente al caso, mientras que un 25,5 se pronunció «muy en desacuerdo». En una franja intermedia, el 16,8 y el 16,9 se expresó «algo de acuerdo» y «algo en desacuerdo», respectivamente.

Tras la marcha y los giros en la investigación -especialmente la declaración del joven mapuche testigo directo de la actuación de Gendarmería- el apoyo absoluto al Gobierno cayó en más de 5 puntos: el 19, 5 dijo estar «muy de acuerdo» con la postura de la gestión nacional, y, por el contrario, el 27,7 se expresó «muy en desacuerdo». Los matices «algo de acuerdo» y «algo en desacuerdo» sumaron esta vez el 20,7 y 16,8%, respectivamente.

«El cambio es más leve en cuanto a la actuación del gobierno, pero las cifras muestran que empeoró el acuerdo», completó Moreno.

La opinión sobre el rol de los medios en la cobertura del caso también marcó una clara divisoria: el 20,8 de los consultados desaprobó totalmente la tarea de la prensa, mientras que el acuerdo o aprobación absoluta se limitó al 16,6 por ciento. «