El prófugo Mariano Martínez Rojas no regresará voluntariamente al país. Ya acumula tres órdenes de captura, una prisión preventiva confirmada, un cuarto pedido de arresto y otro más de indagatoria. Si pisa la Argentina quedará preso y no será por poco tiempo. Entonces no volverá: planea permanecer «varios años» en el exterior y para ello busca con quién negociar en Estados Unidos para obtener algún grado de inmunidad que le permita seguir allí.
Jueces y fiscales reaccionaron en sus causas contra el empresario que pretende convertirse en una suerte de «arrepentido estrella» a la medida de las necesidades de defenestrar aun más al anterior gobierno. Uno de esos obstáculos para una eventual entrega negociada ante la Justicia argentina es la causa por la que fue procesado por el juez Ángel Gabriel Nardiello el 11 de julio pasado, por la utilización de una firma falsa de un contador para un trámite impositivo de una ignota empresa. Según las consultoras de riesgo crediticio, Ichi SRL es una firma que tiene por objetivos la «venta al por mayor de artículos de mercería (puntillas, galones, hombreras, agujas y botones)». Pero también incurre en otros rubros como «venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal, y reparación de vehículos automotores y motocicletas».
El fiscal Ariel Yapur tiene el camino despejado para investigar la supuesta existencia de otras falsedades. Nardiello ordenó la captura porque toda persona con un proceso penal debe estar «sometida a la jurisdicción», (a tiro del juzgado que lo investiga) y debe pedir autorización para alejarse de ella, aun cuando no le hubiera sido dictada la prohibición de salid del país. Martínez Rojas se fue sin avisar. Hay motivos más que suficientes para que quede detenido hasta el momento del juicio oral.
La amplitud comercial de Ichi SRL está en sintonía con la investigación del juez en lo penal económico Gustavo Meirovich en la causa en la que ordenó la detención nacional e internacional de Martínez Rojas. Las empresas investigadas como parte de las operaciones fraguadas de comercio internacional son un polirrubro muy abarcativo, laxitud que favorece la simulación.
Además, el tribunal oral número 22 dispuso también la captura en una causa en la que Martínez Rojas había sido beneficiado con una probation que no terminó de cumplir. El empresario aduce que le habían pagado una deuda con un cuadro, pero esa situación fue desconocida por el presunto deudor. El incumplimiento por parte de Martínez Rojas del acuerdo para evitar el juicio reanudó la causa penal y como no está «sometido a jurisdicción», el tribunal ordenó detenerlo.
La fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales le pidió al juez Marcelo Aguinsky que lo cite a indagatoria por 20 hechos de contrabando agravado, y su colega Cristina Caamaño pidió la elevación a juicio y la detención por la compra de dos relojes Rolex por 22 mil dólares que fueron pagados con cheques sin fondos. Cuando el vendedor de los relojes hizo el reclamo, Martínez Rojas, según la acusación, respondió: «Te limpio en 48 horas». Otro tribunal oral, en lo penal económico, también quiere tener a Martínez Rojas bajo su control.
La Cámara del Crimen de Corrientes le confirmó el procesamiento en una causa por una estafa en la compra de un auto de alta gama y el libramiento de cheques sin fondos. Allí tenía dictada la prisión preventiva, que el tribunal de primera instancia dispuso no efectivizar hasta tanto el fallo fuera confirmado, lo que acaba de ocurrir.
Con media docena de causas que se precipitan sobre su cabeza (y todavía no han avanzado las del copamiento de la planta transmisora de Radio América y la violenta invasión de la redacción de Tiempo Argentino), Martínez Rojas decidió huir hacia adelante. Gana tiempo y busca posicionarse como un hombre «dispuesto a hablar», mientras sus operadores ofrecen sus declaraciones a periodistas y programas con vocación de obviar las singulares cataduras del personaje.
Martínez Rojas recibió, no obstante, una buena noticia en las últimas horas: el juez Meirovich aceptó la exención de prisión de su padre, Juan Carlos Martínez, en la misma causa por la denominada «mafia de los contenedores».
Para su defensor, Alejandro Sánchez Kalbermatten, el repentino despertar de todos los expedientes dormidos contra su cliente «demuestran que hay una persecución política, mediática y judicial». «
