Un numeroso grupo de empresarios se entrevistó con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y le pidió medidas para afrontar la realidad laboral que dejará la pandemia, fundamentalmente a partir de la modernización de los procesos.

En un Zoom organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el funcionario habló de las implicancias del Covid-19 en el mundo laboral y sobre lo que se proyecta a futuro.

Moroni defendió las políticas de asistencia para trabajadores y empresas como factores que “minimizaron” la crisis y destacó los espacios de diálogo social además de la necesidad de “habilitar mecanismos de formación para que jóvenes puedan insertarse en trabajos que requiere el modelo de desarrollo que pretendemos”.

En representación de los 143 asistentes habló el titular del Cicyp, Daniel Funes de Rioja. El empresario destacó el rol de Moroni en la transición política que se combinó con la pandemia pero remarcó que que la cuestión laboral será “una de las grandes preocupaciones del sector empresario” en la pospandemia.

El referente insistió con el pedido de reformas capaces de alentar la creación de empleo en las compañías: “Los creadores de empresas y empleo son plenamente consientes de que se requieren determinadas adecuaciones y adaptaciones por imperio de la propia realidad, los cambios tecnológicos, las nuevas definiciones en materia de habilidades para trabajar en un contexto de digitalización, innovación, inteligencia artificial y robotización que constituyen el desafío en materia de competitividad y productividad mirando al futuro. Pero este futuro empezó y, en gran medida, la crisis de la pandemia también nos acerca a esa ‘nueva realidad’”.

Además de capitanear el Cicyp, Funes de Rioja es el dirigente más reconocido de la industria alimenticia con la que el gobierno nacional tiene una relación de idas y vueltas permanentemente influenciada por la suba de los precios de los productos de consumo masivo.

En los últimos días las alimenticias lograron que la administración nacional acepte levantar el programa de Precios Máximos pero esta semana la noticia fue la reglamentación de la Ley de Góndolas que es una de las normas más resistidas por el tándem industria comercio privados.

Pero Moroni recibió pedidos de otros sectores también. El titular de la Asociación de Bancos (Adeba), Javier Bolzico, planteó que el esquema de contratación de nuevos trabajos “es muy caro para las pymes, por los costos, impuestos y cargas laborales, sin mencionar la conflictividad”. Moroni aseguró que el gobierno está trabajando en un nuevo modelo de disminución de las contribuciones en función de las nuevas contrataciones.

Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aconsejó bajar contribuciones para facilitar el ingreso de personas con discapacidades. “Si se diesen posibilidades más interesantes por medio de una convención colectiva se podrían contratar personas que hoy están por fuera del mercado laboral”, señaló.

Miguel Marcone, de la Cámara de la Construcción (Camarco), alertó que “se produjeron” 500 mil nuevos  desocupados en el sector por la pandemia. El empresario recordó el informe que el sector presentó al gobierno en conjunto con la Uocra que plantea que con un aporte estatal de $6 mil millones se podría incentivar la contratación de unos 100 mil empleados con importante impacto fiscal y le sugirió lanzar iniciativas similares en el resto de la economía. Moroni puso en duda la aplicabilidad del proyecto en otros sectores y dijo que en la propuesta para la construcción “está en análisis”.

Mario Grinman, de la Cámara de Comercio (CAC), apuntó que por cada salario el empleador paga entre un 40 y un 60% de cargas según el lugar del país y lamentó “un marco legal vetusto que dificulta la creación de empleo”. El titular de la cartera laboral respondió que “es muy difícil realizar modificaciones importantes muy fuertes en el corto plazo” pero agregó que “estamos pensando incentivar determinadas cosas, regiones, actividades para favorecer la inserción cuidando el equilibrio fiscal. No está en carpeta establecer modificaciones más allá de lo puntual en las contribuciones y aportes personales”.  

Miguel Acevedo, de la UIA, pidió información respecto a la imposibilidad de despedir personal. El funcionario reiteró que las medidas son “extraordinarias para situaciones extraordinarias por lo que en la medida en que la situación mejore vamos a ir volviendo a las protecciones normales del derecho al trabajo argentino”.