Unos 70.000 manifestantes recorrieron la capital de Bélgica y de la Unión Europea, Bruselas, en reclamo de «jubilaciones dignas», convocados por las tres centrales obreras -la izquierdista FGTB, la cristiana CSC y la liberal CGSLB- y el sindicato del transporte, UBT. Entre los reclamos figura volver a la edad de retiro a los 65 años y no los 67 proyectados para el 2030, llegar al 75% de ingreso medio como base en lugar del 60% actual, y una pensión garantida de 1500 euros, «que es el mínimo necesario para vivir» en esa nación. Actualmente el promedio es de 883 euros para las mujeres y 1181 los hombres, recuerdan los gremios, para una línea de pobreza que estiman en 1157 euros al mes.

Portando carteles que exigían pensiones justas, dice la crónica de RTL, un canal belga de capitales alemanes, los manifestantes emprendieron su caminata desde el Boulevard Albert II para culminar en la Gare du Midi, la estación central ferroviaria de Bruselas.

«El gobierno se acostumbró a atacar a los más débiles, los desempleados, los enfermos y los jubilados y debe abandonar esta reforma hasta que hayamos discutido el sistema a fondo», declaró a RTL Robert Vertenueil, titular de la Federación General de Trabajadores de Bélgica (FGTB).

«Queremos un sistema de pensiones que sea digno y suficiente para vivir», agregó a su turno Marie-Helene Ska, secretaria general de la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC). «Tenemos la impresión de que el gobierno quiere hacer un sistema más barato, sin financiación alternativa, y así las personas que sigan trabajando tendrán una pensión más baja», remató Olivier Valentin, de la Central General de Sindicatos Liberales de Bélgica CVGSLB).

La Unión Europea viene planteando reformas en el sistema de jubilación de todos sus países miembro en forma insistente desde hace años y específicamente el primer plan fue establecido en 2011. En algunos casos, como en Portugal, España y Grecia en su momento, a raíz de la crisis del 2008, de un modo prácticamente compulsivo. En otros mediante mecanismos más políticos, pero siempre direccionados a la baja de beneficios y al aumento de la edad de aportes o de retiro. Así fueron entrando en ese régimen Francia, Italia y Gran Bretaña, ahora con un pie afuera de la UE.

Del mismo modo, los sindicatos belgas se vienen movilizando para frenar esta embestida demoledora contra los derechos de los trabajadores en actividad y letal contra los pasivos. El 19 de diciembre pasado habían movilizado a unas 30 000 personas y desde hace un mes venían organizando esta marcha de hoy.

El hecho relevante de la reforma jubilatoria que impulsa la UE pasa por el llamado Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, aprobados en 2013 y que deben entrar en vigencia a partir de enero de 2019.

Estos artificios determinan un ajuste en las jubilaciones de acuerdo «a la evolución de la esperanza de vida». Esto es, si se estima que un nuevo jubilado va a vivir más años, es claro que por lo tanto va a cobrar su ingreso por más tiempo. El concepto de «justicia» que manejan los que idearon este modelo es que el monto a percibir debe bajar para que la prestación global pueda repartirse entre todos los que contribuyeron a lo largo de más tiempo.

«La aplicación del factor de sostenibilidad en 2019, que vincula la pensión a la esperanza de vida, es una herramienta adecuada para conjugar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento de la población», afirma el documento que cuestionan sindicatos de todo el continente y que este miércoles expresaron los belgas en las calles de Bruselas, como lo habían hecho hace algunas semanas los españoles y los franceses.

Gradualmente ese Factor se modificará, con revisiones cada cinco años, y regirá para cada nuevo jubilado al momento del retiro. El primer índice, según algunos analistas -ya que oficialmente aún no se dijo nada- debería ser del orden del 0,57%. Esto implica que una jubilación que debería ser de 1.000 euros pasará a ser de 994,3 euros .

Precisamente el gobierno de Mariano Rajoy, que viene soportando palos por su política de ajustes en general y por los escándalos de corrupción que estallan cada rato en su partido, el conservador PP, recibió a fines de abril un tirón de orejas desde Bruselas -claro que de parte de la UE- por no haber hecho los recortes que se le exigen en el sistema previsional.

Rajoy había aceptado un aumento en las jubilaciones de 0,25 % en marzo, lo que despertó la ira de los españoles, que salieron como hace años no lo hacían a protestar en la naciente primavera madrileña. La UE reconoce que «la mejor situación de los jubilados en España se debe al hecho de que las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. durante la crisis». Pero exige»medidas para garantizar un aumento adicional de ingresos y medidas para garantizar que el gasto en pensiones sea eficaz y efectivo».

O sea, que apliquen la tijera sin más demora, que enero del 19 está a la vuelta de la esquina.