Apenas el Ejecutivo anunció la vuelta al Fondo, el senador José Mayans reclamó para el Congreso el rol de contralor y pidió que el posible acuerdo tuviera el aval del Poder Legislativo. El macrismo le respondió con el faltazo colectivo a la comisión bicameral de seguimiento de la deuda, que él preside. “No venimos a obstruir la acción del gobierno, al contrario, queremos saber qué quieren hacer, estamos pasando 30 mil millones de deuda, no es poco” dijo después del plantón en diálogo con Tiempo.
“Hay que cumplir con la ley de cómo tiene que trabajar la comisión-, reclamó, – “tenemos la misión de emitir un despacho e informar al cuerpo”.

El gobierno, y algunos legisladores opositores, argumentan que el Congreso no tiene injerencia en el pedido de rescate porque Argentina forma parte del FMI, según exige la ley de administración financiera. Pero más allá de los tecnicismos, la oposición reclama participación política en la decisión.

Mayans advierte que la importancia del Congreso en la toma de deuda también se expresa en la ley de presupuesto, que para su versión de 2017 no contempló ningún acuerdo con el FMI, pero que en septiembre ya se abre el debate sobre el próximo año.

“Teníamos 100 dólares de endeudamiento en 2015, al año siguiente se subió a 600 mil millones. También tenemos que saber cuánto afectará al presupuesto, que traerá problemas de déficit financiero”, sostuvo.

También puso en duda de que el gobierno pueda seguir recortando obra pública, y pidió saber “en qué condiciones en materia laboral o previsional se va a hacer el acuerdo”. “Tiene que pasar por acá tarde o temprano”, especuló. “Una vez que llega el acuerdo tiene que venir al Congreso la discusión por el presupuesto. Y si la mayoría lo rechaza ¿qué pasa?”, cuestionó.