Representantes de asociaciones de consumidores, que mantuvieron un encuentro con funcionarios nacionales para tratar la nueva propuesta del gobierno (la cuarta) en relación al tarifazo del gas, bajaron el nivel de las críticas que mantenían hasta ahora, mostraron diferencias a la hora de valorar el plan y se manifestaron confiados en que la administración de Mauricio Macri escuchará sus planteos.
Según señalaron a la salida de la reunión, los representantes de las 32 asociaciones de consumidores plantearon varios temas a los funcionarios, de los que destacaron un puñado: que el Ministerio de Energía tome en cuenta lo que se diga en la audiencia pública a la hora de decidir el cuadro tarifario definitivo del gas; que se amplíe la tarifa social; y que el gobierno explique cómo elaboró las cuentas para arribar al precio del gas en boca de pozo.
Respecto del primer tema, Sandra González, presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), afirmó que (el ministro de Energía, Juan José) Aranguren dijo que van a tener en consideración lo que se diga en las audiencias públicas.
La audiencia pública que se realizará el próximo viernes 16 en la Usina del Arte no tiene carácter vinculante, es decir, el Poder Ejecutivo no tiene la obligación de tomar en cuenta lo que allí se diga. De hecho, la presentación de la nueva propuesta para las tarifas del gas, que se encuentra en la página web del Enargas, ya está cerrada y según afirmaron ayer fuentes oficiales, será la que se aplicará sin cambios.
La propuesta oficial contempla una suba inmediata promedio del 230% para los hogares en comparación con la tarifa actualmente vigente, no mucho menor al incremento en torno al 300% que había dispuesto a partir del 1 de abril.
Las entidades de defensa de los consumidores mostraron sus diferencias sobre esta propuesta. Por caso, mientras que Héctor Polino, de Consumidores Libres, dijo ayer tras la reunión que la suba «genera dificultades en los usuarios de la clase media y clase media baja, que no están comprendidos en la tarifa social», Pedro Bussetti, de Deuco, señaló que «cuanto menos se pague es mejor», pero «si empezamos en el 1000 por ciento (de aumento) y hoy estamos en el 200, uno puede decir que sí, que es razonable, pero hay que ver cómo impacta en el consumo de la gente».
Respecto de la tarifa social, Polino señaló que el ministro Aranguren enfatizó ese aspecto en su presentación y que las asociaciones de consumidores recalcaron la necesidad de modificar la actual reglamentación para ampliar el abanico de usuarios con posibilidad de acceder a ese beneficio. «Hemos hablado mucho sobre la tarifa social y nos parece que hay que modificar la actual reglamentación, que establece algunas exclusiones que son injustas», señaló Polino. A modo de ejemplo, cuestionó que «un usuario con un auto de menos de 15 años de antigüedad no pueda ser beneficiado, o por tener una baulera también quede excluido».
Isabel Novosad, titular de Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor (Padec), agregó que Aranguren expuso «una serie de detalles sobre los esquemas de reducción de subsidios para los próximos tres años en general, que para zonas de mayor afectación climática se hará en forma escalonada hasta el año 2021». En tanto, Bussetti expresó que «ahondamos en el tema de la tarifa social y la reunión nos sirvió para tener un panorama mucho más claro».
Respecto del precio del gas mayorista o en boca de pozo Susana Andrada, presidenta del Centro Educación al Consumidor, expresó que aún quedan «dudas» sobre cómo el gobierno llegó al valor del precio de gas en boca de pozo, aunque estimó que eso será respondido en la audiencia. Polino dijo que el gobierno confirmó que en esa audiencia se va a discutir también el precio del gas en boca de pozo (el cual no está considerado como un servicio público) por orden de la Corte Suprema en su fallo del 18 de agosto. «Me parece que los valores que se lanzaron» en la reunión «están por encima de la media mundial». Polino se abstuvo de informar esos valores a la prensa. «Eso va a ser motivo de discusión en la audiencia pública con las empresas petroleras», agregó.
De la reunión participaron por el gobierno, además de Aranguren, uno de los coordinadores del Gabinete Económico, Gustavo Lopetegui, y el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos.
