A las seis de la tarde llegaron los seis. Descendieron de un auto y una moto y sin importar los testigos arremetieron contra la puerta de la casa ubicada a unas diez cuadras de la plaza principal de la capital tucumana. No era una vivienda cualquiera, allí vive Laura Figueroa, la abogada que desde los años de la dictadura cívico militar denunció y continúa haciéndolo a los genocidas locales.
En ese momento no había nadie en la casa que revolvieron sin llevarse nada. Es un mensaje mafioso en estos tiempos donde el gobierno nacional pone en duda el genocidio y los jueces otorgan beneficios a los militares responsables, aseguró a Tiempo Laura Figueroa.
El atentado ocurrió este sábado 13 de agosto cuando Laura comenzaba a regresar de la localidad catamarqueña de Belén. Hasta allí había viajado en su auto para participar del acto que organizaron el pueblo, la intendencia y los familiares de Juan Carreras, cuyos restos fueron identificados hace poco en la fosa común tucumana de Pozo de Vargas. Laura llevó el caso de Carreras, como cientos de otros más, y como tal la familia quiso que estuviese presente en el regreso de Juan a su tierra natal.
Durante el acto, realizado en la plaza principal de Belén, Figueroa dijo ante los presentes que honrar a Juan Carreras es homenajear a todos los estudiantes, a los delegados de base de la Facultad de Bioquímica y Farmacia (de Tucumán), a los compañeros que fueron secuestrados en la imprenta de Don Bosco. Compañeros y amigos de Juan, que fueron secuestrados por su militancia, por su compromiso revolucionario, socialista, y que como Juan no eran idealistas, eran revolucionarios.
Poco después, Laura emprendió su regreso a Tucumán por un complicado camino de montaña. A poco de andar, relató a Tiempo, vio que una camioneta de Gendarmería la seguía a una distancia prudencial.
Yo sabía que me seguían porque nunca se acercaron hasta que de repente en una curva no la vi más. Pero allí apareció una camioneta negra 4×4 que a pesar su potencia nunca hizo por rebasarme, relató.
La abogada redujo la velocidad obligando a que la camioneta por fin la pasara para luego desaparecer y ya en territorio tucumano su auto sufrió un desperfecto mecánico. Allí quedó hasta que logró que la ayudaran y remolcaran su auto sin saber lo que a esa hora estaba ocurriendo en su domicilio particular. Esa demora y como no respondía a los llamados a su celular, la familia de la abogada se preocupó.
No es la primera vez que Laura sufre un atentado y los genocidas y sus secuaces siempre la tuvieron entre ojos porque más del 70 por ciento de las demandas por delitos de lesa humanidad que hay en Tucumán llevan su firma.
Lo que son las coincidencias, a las seis de la tarde del 16 de septiembre de 1976 cuando Juan Carreras, militante de una organización de superficie del PRT-ERP, rendía Fisiología en la Universidad de Tucumán. Allí se presentó una patota que luego de terminar el examen lo secuestró a pesar de los gritos de auxilio de Carreras. A Juan lo vieron en el Arsenal Miguel de Azcuénaga que funcionó como un centro clandestino y este año su cuerpo fue recuperado por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Casi 40 años más tarde y a la misma hora del secuestro de Carreras, seis hombres descendieron de un Peugeot 307 y una moto. Bien vestidos y sin proteger su identidad forzaron la puerta de la casa de Figueroa. Primero recorrieron la vivienda para luego comenzar a revolver todo lo que estaba a su paso. Se concentraron en el ambiente que funge de estudio de la abogada y tras revisar algunas cajas se retiraron sin llevarse absolutamente nada. Los vecinos fueron testigos y rápidamente avisaron a los familiares de Figueroa que todavía estaba en la ruta de montaña por lo que hubo preocupación por su vida.
Cuando Laura llegó hizo la denuncia, reparó como pudo la puerta y todavía espera que las autoridades locales le asignen la custodia policial que exigió.
Nada es casualidad. El gobierno nacional envió un mensaje claro sobre cuál es su postura ante el genocidio. Esto se ve reflejado en las actitudes de los jueces que le otorgan beneficios a los militares asesinos y ahora comienzan los actos de amedrentamiento como el que sufrí, indicó Figueroa.
