El bloqueo que el sindicato de Camioneros realizó sobre las distintas plantas de distribución de la empresa MercadoLibre en el AMBA fue presentado en varios medios como un «enfrentamiento entre gremios» por el encuadramiento y, claro, la disputa por la caja que se deriva en un sector que, se descuenta, irá en franco ascenso.

Sin embargo, detrás de este conflicto puntual, y más allá de las aspiraciones concretas que se pusieron de manifiesto de uno y otro lado, lo cierto es que lo que está en desarrollo es el debate acerca del rol que los convenios colectivos existentes tendrán en la mentada «nueva normalidad» que se prepara una vez concluida la cuarentena.

También opera el papel que ocuparán las distintas fracciones del arco sindical con relación al régimen político oficialista que atraviesa un cimbronazo dentro de sus filas.

Es que el desembarco del sindicato de Carga y Descarga liderado por Daniel Vila resultó ser el mecanismo mediante el cual la patronal de MercadoLibre consiguió un convenio colectivo a la medida de la reforma laboral que quedó trunca luego de las protestas de diciembre de 2017.

En diciembre de 2018 se firmó un convenio que rige únicamente para los trabajadores de almacenamiento y distribución del Mercado Central. Se trata de un convenio por empresa y, como tal, da cuenta de una de las aspiraciones patronales por excelencia ya que resulta funcional a la atomización de los trabajadores debilitando su capacidad de resistencia.

Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, señaló a Tiempo que «lo que está en discusión es la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores en un sector muy dinámico y estratégico para la economía: la logística vinculada al auge del comercio electrónico».

De hecho, el CEO de MercadoLibre, Juan Martín de la Serna, reconoció que el problema es que «Camioneros quiere un convenio de 1989».

Campos explicó que «el convenio firmado a fines de 2018 dice mucho del tipo de relaciones laborales que impulsan algunos de los representantes más mediáticos de los empleadores, que implica una profundización de la flexibilización laboral».

La letra del convenio, de hecho, concede varios de los puntos que figuraban en el proyecto de reforma laboral.

En primer lugar, la eliminación del concepto de jornada laboral a través de la creación de lo que aquel proyecto denominaba «banco de horas». Al establecer una jornada mensual de 196 horas, no sólo se barre con la jornada de ocho horas y el pago de las horas extra; también se flexibilizan las vacaciones y los francos que se adaptan a las necesidades operativas de la empresa que sólo tiene la obligación de notificar sus tareas al trabajador con 48 horas de antelación en función de la eliminación de los tiempos muertos.

Lo mismo ocurre con relación a un aspecto fundamental de todo convenio que es la carrera y las categorías que desaparecen dando lugar a la polifuncionalidad. Se trata de otra aspiración presente en el proyecto, al igual que el derecho de las patronales de suspender a los trabajadores con un 50% del haber en virtud, de nuevo, de las necesidades operativas de la empresa.

El convenio también avanza en los derechos sindicales de los trabajadores toda vez que condiciona el derecho a huelga a través de su regulación mediante mecanismos administrativos y establece la condición de guardias mínimas. Además, elimina los delegados por turno en violación a lo que establece la Ley de Asociaciones Sindicales.

El viernes, el Ministerio de Trabajo fue el escenario en el que Camioneros selló un acuerdo de paz social con la empresa que, según fuentes de la cartera, incluyó la conformación de «una mesa de diálogo» que tendrá como propósito alcanzar «acuerdos hacia adelante» basados en que «la empresa tiene un plan de expansión en el interior».

Así las cosas, las condiciones de los trabajadores podrían depender del reparto más o menos arbitrario que se realice entre gremios en esa mesa de trabajo.

Con La Bancaria, también

La disputa de la empresa liderada por Marcos Galperin no se limita al sindicato de Camioneros dirigido por Pablo Moyano.

Los antencedentes ya dan cuenta de un enfrentamiento con el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien también cuestionó su modelo de negocios en el sector Fintech.

Según el líder bancario, la compañía, mediante la evasión de los convenios vigentes en la actividad financiera, viene ejerciendo una «competencia desleal» con relación a los bancos tradicionales.

Curiosamente, en ese punto, las cámaras bancarias coincidieron con el dirigente gremial en su reclamo al BCRA en favor de su regulación.