Las imágenes de las protestas y la represión de la semana en México no hacen sino remitir al “Caracazo” de 1989. La chispa que provocó el incendio fue la misma: un aumento del valor del combustible (aunque en Venezuela también hubo otros ajustes brutales). La represión al “Gasolinazo” azteca provocó hasta el viernes tres muertos, dos de ellos por la represión policial, y más de 750 detenidos. Y que el gobierno haya descartado reconsiderar la medida, un pedido de la oposición, la Iglesia y los mismísimos empresarios.

Con poca originalidad, el presidente Enrique Peña Nieto acusó a su antecesor, el conservador Felipe Calderón, de ser el responsable de los incrementos de hasta del 20,1% a la nafta y del 16,15% al diésel, por haber aplicado subsidios manteniendo los valores «arficialmente bajos» durante su mandato (2006-2012). Cabe recordar que el petróleo es uno de los recursos económicos más importantes de México, país que en 2015 tenía más de 12.350 millones de barriles de reservas probadas, lo que lo convierte en uno de los de mayor cantidad de crudo en el mundo. En 1938 Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera con el fin de nacionalizarla y ese mismo año se creó Pemex. Hoy en día México tiene un exceso de oferta de producto, lo que hace poco entendible el ajuste.

Los bloqueos a rutas y peajes continuaban el viernes, así como a las distribuidoras de combustibles, y se anunciaban nuevas protestas para el fin de semana.

Legisladores de la oposición, gobernadores, alcaldes y la propia Iglesia llamaron al gobierno a reconsiderar los aumentos o tomar medidas para amortiguar el golpe generado al poder adquisitivo de la población. La izquierda se pronunció por anular los aumentos, en tanto la derecha sugirió reducir los impuestos a los carburantes, el gasto público y la deuda.

La Conferencia del Episcopado Mexicano señaló, por su parte, que «no es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente». Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Meada, tildó a la medida de «responsable, difícil, que nos hubiera gustado no tener que tomar», pero descartó cualquier marcha atrás o modificación.

El presidente Peña Nieto, por su parte, acusó sorpresivamente al expresidente Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, de haber derrochado unos 50 mil millones de dólares al tipo de cambio actual para «subsidiar el consumo de gasolina». Y además culpó, como es habitual, a lo que sucede en los mercados energéticos internacionales.

En tanto, la represión policial en Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, causó dos muertos y otro en Veracruz, según lo confirmó el diario La Jornada. El gremio de los transportistas de carga bloqueó rutas en más de la mitad del país y advirtió que suspenderá su servicio si no se le otorgan subsidios, mientras el gobierno amenazó con quitarles la concesión a los participantes en las protestas.

La convocatoria a una gran protesta ayer tuvo dos consignas muy claras: frenar el incremento en los precios de gasolina y exigir la renuncia del presidente Peña Nieto que, ante el enojo general, se ha dedicado a defender el ajuste. «¡¡Exijamos la renuncia de Peña por cínico y mentiroso y la de su gavilla de ladrones!!», dice la convocatoria.

La indignación es mayor entre la población porque una de las promesas de Peña Nieto fue que la reforma, aprobada en diciembre de 2013, bajaría los precios de los combustibles.
La reforma fue una de las banderas enarboladas por Peña Nieto para abrir los mercados de hidrocarburos y electricidad a la inversión privada tras casi ocho décadas de nacionalización petrolera, y acabó con el monopolio de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que ahora puede suscribir contratos con particulares.

El “Caracazo” hirió de muerte al gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien cuatro años después tuvo que abandonar el gobierno por corrupto. «