Milani fue sobreseído en una causa por espionaje ilegal a opositores

Fue denunciado a partir de dichos públicos de Gerardo Morales. Tras 6 años de investigación, el juez la había archivado la por falta de pruebas pero el ex jefe del Ejército reclamó además ser sobreseído. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi accedió al pedido.

(Foto: Telam)
26 de octubre de 2020

El ex jefe del Ejército César Milani fue sobreseído en una causa en la que había sido denunciado por presunto espionaje ilegal a opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desde 2009 en adelante mediante la utilización de fondos reservados. La denuncia había sido formulada por el director del sitio de internet “El informador público”, Carlos Alfredo Tórtora. El juez Claudio Bonadio había archivado dos veces la denuncia, la última poco antes de morir. Pero Milani no se conformó con el archivo y pidió que se decretara su sobreseimiento.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi accedió al pedido.  “Al no advertirse que haya quedado pendiente la producción de pruebas que puedan hacer variar la situación de la presente pesquisa, corresponde desvincular a Milani de forma definitiva de este proceso, haciendo expresa mención de que la formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor de que el nombrado pudiere gozar”.

La denuncia indicaba que “a partir del año 2009 se habrían producido de manera ilegal, en el seno del Ejército Argentino, actividades de inteligencia interna sobre partidos opositores y sus líderes para lo cual se habría empleado una red de inteligencia paralela y con el presunto objeto de complementar la información e inteligencia que la Secretaría de Inteligencia le provee a aquella Fuerza Armada”.

“Para cumplir tal cometido –añadía-, la ministra Nilda Garré le habría otorgado al General Milani el manejo de los fondos reservados de gran volumen, los que provendrían de partidas secretas correspondientes a la Armada y a la Fuerza Aérea destinadas a la realización de actividades de inteligencia y adquisición de material de carácter secreto, que a partir de 2008 habrían sido entregadas al Ejército”.

Según esa versión, ahora descartada, Milani “dispondría de una caja de fondos reservados que manejaría discrecionalmente y ascendería a una suma mayor a 15 millones de pesos, respecto de cuya ejecución no se guardarían comprobantes de gastos”.

Tras seis años de investigación, nada corroboró la denuncia. El denunciante Tórtora se negó a revelar los nombres de las personas que le habrían proporcionado la información sobre la que basó su presentación judicial e, incluso, reconoció que había obtenido datos de publicaciones periodísticas. Entre los elementos de prueba evaluados por el juez Martínez de Giorgi figuran una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, declaraciones y constancias aportadas por el hoy gobernador de Jujuy Gerardo Morales; tres declaraciones testimoniales del periodista Daniel Santoro, una declaración del exespía Antonio Horacio Stiuso y un informe aportado por la firma “Artear SA”, operadora del Canal 13 y perteneciente al Grupo Clarín.

El 3 de junio de 2016, Bonadio dispuso el archivo de la causa (sin sobreseer a Milani) argumentando que “no había sido posible corroborar la hipótesis denunciada y que no restaban medidas por cumplimentar”. La Cámara Federal revocó la decisión y ordenó seguir investigando. Pero el propio Bonadio, casi tres años más tarde, el 30 de diciembre de 2019, volvió a archivar el expediente.

El archivo significa que, ante la aparición de nuevos elementos de prueba, la causa se puede reabrir. Bajo ese pretexto, un imputado puede permanecer durante años sin tener certezas sobre su inocencia. Hacia allí apuntó Milani, mediante un escrito firmado por una de sus abogadas, Mariana Barbitta.

El juez Martínez de Giorgi determinó que no queda nada por investigar, que el delito denunciado no existió. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho “de todo imputado de obtener una decisión judicial en un tiempo razonable, que ponga fin a la incertidumbre respecto de su situación procesal frente a la sociedad”.

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