No había pasado una semana aún de la sesión en la que los 38 senadores «percha» rechazaron el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) autorizó a un laboratorio nacional a producir misoprostol con fines gineco-obstétricos. Tres meses después, el pequeño gran avance es que se habilita la venta de la droga en farmacias.
Hasta ahora el misoprostol sólo se distribuía en hospitales en presentaciones de 20, 48 y 100 comprimidos vaginales, pero tras la autorización de la Anmat los ginecólogos podrán recetarlo a sus pacientes en presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos vaginales en el consultorio, según la resolución del organismo. Actualmente, en farmacias sólo está disponible como un subcomponente del Oxaprost, nombre comercial que contiene dos principios activos, diclofenac y misoprostol, y que se vende en comprimidos para ser administrados por vía oral para afecciones gástricas con un valor de unos 4500 pesos.
«La decisión es un gran paso. Es un medicamento que va a mejorar la calidad de las interrupciones legales del embarazo, porque trae sólo misoprostol, no como el Oxaprost que se combinaba con diclofenac. Es importante en términos de las garantías que debe dar el Estado para la interrupción voluntaria del embarazo», expresa Ruth Zurbriggen, integrante de las Socorristas en Red.
Coincide Estefanía Cioffi, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir: «Esta nueva formulación disminuye las contraindicaciones al no tener diclofenac, teniendo en cuenta que la dosis es más específica. Así veremos mejores resultados y con menos efectos adversos».
Por otra parte, esta autorización, según las profesionales, mejora la calidad de trabajo de quienes hoy garantizan las interrupciones legales del embarazo. «Esos profesionales se encuentran con la dificultad de que muchas veces todo depende de la disponibilidad de la medicación en el sistema de salud, algo que suele evidenciar las desigualdades en el acceso que hay en las diferentes provincias», agrega Zurbriggen.
Implementación
Los médicos podrán recetar el Misop 200 cuando consideren que la mujer está bajo alguna de las circunstancias que prevé la ILE. «Estaremos atentas a que las dosis que se compren ahora sean las que se necesitan en todo el país y que la provisión sea sistemática y se sostenga en el tiempo. Me parece importante que se quite el monopolio a los laboratorios Beta, que en todos estos años se manejó de manera inescrupulosa por el costo de la medicación», afirma Zurbriggen, y señala la inquietud que atañe al ámbito privado: «Se habla sólo del sistema público, pero es necesario que se habilite también en el privado, en farmacias para comprar a través de las obras sociales. De ese modo, se desestigmatiza la práctica. No podemos empujar a quienes nunca circulan por el sistema público a que lo hagan en forma obligatoria. Además, también hay que terminar con el estigma de que sólo las mujeres pobres abortan».
Santa Fe fue la precursora en aprobar la producción de misoprostrol para fines ginecológicos en marzo de este año. El Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) lo distribuirá de forma gratuita en hospitales y centros de salud. Se espera que el primer lote esté listo para diciembre en formato oral, sublingual y vaginal. «
En Cuyo, prohibido
A pesar de la autorización de la ANMAT, las farmacias de las provincias de San Juan y Mendoza no podrán vender misoprostol dado que hay leyes provinciales que prohíben su comercialización. En el caso de San Juan, desde 2009 existe la Ley 1133Q, que prohíbe el expendio y la administración de cualquier medicamento que contenga misoprostol. Por otra parte, en Mendoza está vigente la Ley 8116, que limita exclusivamente al ámbito institucional sanitario el expendio, suministro y fraccionamiento de medicamentos que contengan misoprostol solo o asociado a otros principios activos. La diputada provincial Ana María Andía, del radicalismo, presentó un proyecto para derogar esa ley, pero no se logró su tratamiento.
Opinión:Un insumo clave para ampliar derechos
Hasta ahora, el misoprostol estaba aprobado por ANMAT para el tratamiento de la artritis reumatoidea combinado con diclofenac, producido por un solo laboratorio (Beta), y desde 2010, para uso obstétrico/ginecológico para inducción del parto en bajas dosis, sólo en el ámbito institucional y hospitalario. Está demostrado que aumentando la disponibilidad del fármaco y la información sobre su uso en consejerías dentro y fuera del sistema de salud, podría reducir la mortalidad materna y las complicaciones por abortos inseguros de las personas gestantes.
Queda pendiente que se apruebe el uso y producción de la mifepristona, un medicamento recomendado para realizar las interrupciones de embarazo.
Es un avance mejorar la disponibilidad y accesibilidad a los medicamentos abortivos para garantizar el derecho a decidir de las personas y, sobre todo, el derecho a la salud.
Actualmente, el costo del misoprostol es muy elevado y en muchos lugares las farmacias no lo comercializan. Junto con la mifepristona fueron declarados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como medicación esencial. Esto implica el involucramiento del Estado para garantizar su acceso. Las personas cotidianamente se encuentran con múltiples barreras para garantizar su derecho a la salud, y mucho más para poder interrumpir un embarazo: conseguir turnos, encontrar profesionales que acompañen las decisiones, conseguir el recurso económico para acceder a la medicación. Poder facilitar el acceso a esta medicación es dar legitimidad a una práctica que es legal en el país desde 1922. Es ampliar derechos.
Gisela Stablun, médica feminista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
