“Moroni dijo que los despidos son nulos: le pedimos que obligue a Publiexpress que reincorpore a todos”

Son trabajadores y representantes gremiales de la empresa que edita Revista Pronto, la más vendida del país. Mariano Caruso integra la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa de Buenos Aires mientras que Matías Ayrala es delegado de la empresa.
29 de abril de 2020
Un día antes del decreto 329/20 que prohíbe los despidos, la patronal encabezada por Eduardo Lerner y Abel Nahon anunció, de palabra, su intención de cerrar el medio y dejar en la calle a un centenar de trabajadores de prensa y gráficos del taller IPESA que integra el Grupo.
Al día siguiente, el ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por la amenaza de despidos cuando todavía los empleados no habían recibido la notificación que la empresa se niega a acatar. Al mismo tiempo que no deposita indemnizaciones, dio de baja a los trabajadores en la AFIP privándolos de Obra Social.
Los delegados insisten que se trata de una extorsión para imponer indemnizaciones a la baja a la vez que denuncian el cierre fraudulento de una empresa que ganó licitaciones millonarias para reabrir con trabajadores fuera de convenio. Exigen volver a trabajar y amenazan con acciones penales contra los empresarios.

 -Uno de los apoderados del Grupo Lerner, Abel Nahon, declaró a este medio que el DNU 329/20 de prohibición de despidos no abarca el cierre de la Revista Pronto porque habría sido anunciada un día antes… ¿Es así?

Matías Ayrala: -Se sabe que uno está despedido cuando el telegrama lo tiene en la mano. Su teoría es nula y los despidos son nulos. La empresa, Nahon y Lerner, están fuera de la ley en todo. Primero no acatan un DNU presidencial, segundo, si despiden a la gente deben depositar la indemnización a los cuatro días y no lo hicieron. Los problemas económicos que ellos alegan para el cierre son falsos. No tienen ningún problema, se va a ver en el futuro. La Revista Pronto es la más vendida del país. Cuando lleguemos a la justicia lo que digan ahora no tienen ninguna importancia.

Mariano Caruso: -Los despidos son “recepticios”. Surten efecto desde el momento en que el trabajador es notificado. No importa cuando hayan mandado los telegramas sino cuando el trabajador los recibe. Hay un fallo reciente de una jueza que ordenó la reincorporación de una trabajadora de una agencia de viajes porque su telegrama se mandó el día 27 de marzo pero llegó una semana después. Ya hay jurisprudencia en favor nuestro. Por si fuera poco está la conciliación obligatoria. Están al margen de la ley para pagar, como pretenden, el 50% de la indemnización alegando fuerza mayor. Para eso tenés que haber sido "diligente", haber hecho las cosas en tiempo y forma. Haber depositado y demostrado que la empresa está en crisis habiendo presentado un preventivo de crisis. No hicieron nada de eso. Quieren vender espejitos de colores para ellos mismos porque no se lo va a creer ningún juez laboralista. Seguiremos planteando la reincorporación de todos los trabajadores como piden los compañeros gráficos de IPESA.

-¿Piden la continuidad laboral o la doble indemnización? Son dos estrategias legales distintas…

MC: -Queremos volver a trabajar y volver a hacer la revista que se puede hacer a pesar de la pandemia. Siendo un gremio exceptuado la podemos hacer con home office. Los gráficos pidieron volver con las condiciones de higiene necesarias y sacar la revista. No pedimos indemnización, queremos trabajar.

-Nahon dijo que puede no acatar la conciliación, que lo multen y que eso los afectaría a ustedes porque habría menos plata para las indemnizaciones…

MA: -Es el mismo Nahon que había echado a un compañero y que no le pagó ni el sueldo ni los viáticos que había trabajado con el propósito de que hiciera un arreglo a la baja. El mismo que me dijo que ellos extorsionaban a los trabajadores porque era lo único que les quedaba. Es otra extorsión de la empresa.

MC: -Además de la extorsión, esto se da en un contexto distinto a los otros despidos. Uno está impedido de salir a la casa. Nos deja en un abandono absoluto. Estamos evaluando hacer una denuncia penal por abandono de persona. Hay compañeros en riesgo, cardíacos, saliendo de licencias psiquiátricas. Compañeras embarazadas de cinco meses y otros con estudios oncológicos. Está poniendo en peligro la vida de los compañeros. Esto va a más a allá de la plata, van a tener que responder penalmente.

MA: -La falta de cobertura en salud no sólo afecta a los que están con una enfermedad previa sino a todos. Esta situación de encierro, que afecta psicológicamente a cualquier persona que no tiene ningún problema y está trabajando desde su casa, imagínate cómo impacta al que no sabe si va a cobrar o no. En algún momento esto lo va a tener que pagar. El juicio penal no va a ser solo por los que estaban enfermos sino por el daño psicológico a los demás. Ellos dicen que nos van a dar una plata pero no nos dieron nada más allá del sueldo trabajado. Somos rehenes de lo que quieren hacer. La empresa nos tiene en una situación de “ni ni”. Lo que corresponde es que paguen el sueldo porque hay una conciliación abierta.

-¿La estrategia de ustedes pasa por encuadrar el cierre en el DNU 329/20 o evalúan tomar medidas de algún tipo?

MC: -No podemos tomar medidas porque estamos en conciliación obligatoria y la acatamos. Estamos pidiendo que nos den trabajo. La empresa está violando la ley. No vamos a hacer protestas ni tomas, simplemente exigimos que acaten lo que dijo el ministerio de trabajo.
-La conciliación obligatoria no es un aval a la idea de que los despidos son anteriores al decreto?

MC: -Son prácticamente en el mismo momento. El 30 anuncian el cierre, al otro día vino el DNU y al día siguiente la conciliación. De hecho la conciliación obligatoria no habla de despidos sino de “amenaza de despidos y de cierre”. Es que todavía no había llegado nada, no íbamos a darnos por despedidos. El ministerio actuó ante las amenazas.

-¿Qué esperan del ministerio de Trabajo?

MC: -Que actúe. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, cuando se lo consultó en una audiencia en diputados respecto a los despidos durante la cuarentena, fue claro. Dijo que eran nulos porque ocurren dentro de los días cubiertos por el DNU. Moroni también dijo que deberíamos iniciar una causa en un juzgado laboral y los trabajadores seriamos reincorporados. Pretendemos que les ponga las multas y no solo eso. Entre las otras sanciones que pueden imponer a la empresa puede estar el impedimento de no licitar por un año. Más allá de los malabares que hacen con el directorio son el Grupo Lerner. La realidad es que IPESA es la controlante de Publiexpress y Lerner es el controlante de ambas, son lo mismo. A diez días de que ganara Alberto Fernández, obtuvieron una licitación para hacer los DNI digitales por $15 millones y USS 630 mil que equivalen al blue de hoy $76 millones. Luego ganaron otra licitación por $24 millones para hacer los cuadernillos educativos también del gobierno nacional. Estas empresas que ganaron licitaciones millonarias al mismo tiempo nos dejan en la calle. Es un disparate.

-¿Creen que el ministerio de trabajo o la justicia debiera exigir la apertura de los libros para justificar el cierre? Ustedes denuncian que es un cierre fraudulento…

MC: -Es necesaria una pericia contable. La empresa tiene que presentar un concurso preventivo. Pero el que presentó por IPESA el año pasado fue rechazado porque es mentira.

-¿Hubo vaciamiento empresario?

MC: -La empresa viene a presentar crisis pero ya despidió a la mitad del personal. En 2015 éramos 80 y ahora somos menos de 40 y siguió siendo la revista más vendida del país. Nunca esa plata se reinvirtió en la empresa. Se fue a la timba financiera o al dólar futuro. Hemos tenido inundaciones dentro de la redacción cada vez que llovía y nos teníamos que ir por temor a electrocución. Las paredes están descascaradas y, hace un tiempo, alguien metió una moneda en la máquina de café y salieron gusanos. Este estado de dejadez se dio en medio de licitaciones millonarias.
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